¿Recuerda un capítulo de la séptima temporada de la serie “Orange Is The New Black" donde Maritza (Diane Guerrero), una de las jóvenes presas latinas, tiene que presentarse ante inmigración? Entonces otra presa le explica que la organización Freedom for Inmigrants ofrece una línea de teléfono directa para los detenidos que necesitan un abogado gratuito. Y añade: “Pero ten cuidado, si descubren que estás usando la línea, el ‘Gran Hermano’ la cierra”.

Tras la emisión del episodio, el gobierno estadounidense suspendió en agosto este servicio telefónico que recibía entre 600 y 14.500 llamadas diarias de migrantes que reportaban las condiciones de su detención. Y esta advertencia ficticia pasó a ser una profecía autocumplida. O, como asegura Freedom for Immigrants, una represalia por sus 15 minutos de fama televisiva. 

Así figura en la demanda presentada el pasado martes por los abogados de la ONG ante un tribunal federal de Los Angeles, donde se acusa a la Administración Trump de pretender silenciarlos a ellos e invisibilizar la situación de los detenidos, y negarles un servicio que llevan proporcionando desde 2013, después de que el ICE le cediera la línea a un grupo de voluntarios en Florida que la solicitaron. 

"No pueden cerrar esta línea directa en represalia por el hecho de que no les gusta lo que Freedom for Immigrants está diciendo", declaró Moez Kaba, socio de la firma Hueston Hennigan, que representa al grupo. "Y no pueden cerrar la línea directa porque quieren impedir que Freedom for Immigrants lo diga".

Esta suspensión coincide en el tiempo con el recrudecimiento de las leyes migratorias del Gobierno, que comenzó a multar a los indocumentados que habían ignorado sus órdenes de deportación. 

Si bien el Servicio de Inmigración se negó a hacer declaraciones sobre la demanda, insisten en que el número telefónico de ayuda gratuita al migrante de Freedom for Immigrants fue eliminado el pasado año de una lista de proveedores de servicio legales y que en ese momento la agencia notificó al grupo que estaban haciendo un mal uso de la línea, explicó Bryan Cox, portavoz del ICE.

Sin forma alguna de monitorear las llamadas o grabarlas, los detenidos no utilizaban esta línea únicamente para hablar con sus abogados, sino que la organización la empleaba para conectarlos con sus familiares, añadió. 

No obstante, los demandantes aclaran que estas llamadas gratuitas desde los centros de detención les permitían conocer las condiciones de custodia, cosa que ahora no es posible, y que tenían su derecho de ayudarles a reconectar con sus seres queridos al otro lado de la frontera.

Justo también el martes, el Southern Poverty Law Center (SPLC) divulgó una investigación realizada junto a Americans for Immigrant Justice sobre los centros de detención en Florida, que ponía de relevancia la falta de atención médica y el confinamiento y aislamiento de los indocumentados en estas prisiones.

A partir de entrevistas con los detenidos, el informe da cuenta de casos escalofriantes, como el de una persona migrante con VIH que no había sido visitada por ningún médico tras meses de encierro y contrajo hepatitis A tras haber comido los alimentos que les sirven en las instalaciones:  "Solo estoy tratando de mantenerme vivo", dijo.

También en un centro de Glades, una detenida fue diagnosticada de cáncer de útero, pero el ICE pasó un mes sin programar una cita de seguimiento médico: "Probablemente seré deportada antes de recibir cualquier tipo de tratamiento (contra el cáncer)", afirmó. Y en Monroe, otro immigrante declaró que había encontrado muerto en su celda a un amigo en silla de ruedas y con antecedentes de problemas cerebrovasculares. 

"Estados Unidos tiene el sistema de encarcelamiento de inmigración más grande del mundo", apunta la ONG.

Y la investigación aún va más lejos. 

Asegura que "las cárceles de inmigración son la nueva fuente de ingresos para la industria del encarcelamiento", detallando que los contratos con el ICE para retener a los indocumentados alcanzan “una tasa diaria promedio de 280 dólares por día por persona".

"Estados Unidos tiene el sistema de encarcelamiento de inmigración más grande del mundo", apunta la ONG, que añade que Florida es el sexto estado con mayor número de personas retenidas y se detienen a más de 2.000 immigrantes diarios.