Cuando la hermana Mary Kennedy, una representante legal, debidamente autorizada, para los inmigrantes en el Aquinas Center en South Philadelphia, visitó la fronter en abril de 2018, la única palabra que usó para describir lo que vió y escuchó fue “irreal”. 

Conoció a una mujer inmigrante a quien le dijeron: “Eres una traidora de tu país. No deberías estar acá”. 

La mujer llegó a la frontera corriendo por salvar su vida y la de su hijo de 10 años de edad, a quien llevó con ella en el viaje de 2,500 millas desde Centro América. En su país natal, su esposo fue asesinado el mismo día en que su hija fue violada. 

“Ella sabía quién lo había hecho. Intentó presentar una queja. La amenazaron y ella tuvo que salir huyendo”, dijo Kennedy. 

Cuando llegaron a la frontera entre los EE.UU. y México, la mujer y su hijo fueron detenidos por uno de muchos grupos de vigilantes que actúan sin autoridad legal alguna en la frontera. 

En respuesta a las acusaciones de ser traidora, la mujer dijo: “Bueno, déjenme regresar”, palabras ante las cuales un miembro del grupo de vigilantes la amenazó con la muerte de su hijo como castigo por intentar emigrar a los EE. UU. 

“¿Pueden imaginar esto? Para una mujer cuyo corazón ya estaba roto?”, preguntó Kennedy. 

Las historias de su visita corta a El Paso son solo algunas de las miles que proceden de la frontera desde que Donald Trump fue electo en 2016. El de “tolerancia cero” de su gobierno hacia la inmigración parece haber quebrantado el sistema. 

En respuesta, actualmente existe una población de inmigrantes temerosa que busca la  ayuda de los abogados de inmigración que están abrumados y con una gran falta de recursos. 

El presidente Trump, sin embargo, no creó este problema. Sus políticas han puesto al descubierto un sistema con grietas que se remontan a varias décadas, y que ha creado una base inestable sobre un largo historial de políticas reaccionarias y desacato oportuno para los inmigrantes. 

Y todo empezó en 1961. 

En ese año, un hombre llamado Clarence Earl Gideon fue arrestado y acusado de un robo que ocurrió en un salón de billar en Panama City, Florida. Gideon no podía pagar por un abogado y conforme a la ley de Florida, el estado no le asignó un abogado.

Gideon tuvo que defenderse a sí mismo en el tribunal y perdió, pero presentó una apelación al Tribunal Supremo de los EE.UU. desde su celda en la cárcel. Dos años después, Gideon ganó el caso consecuente y se creó el sistema de defensores públicos de los Estados Unidos. 

Pese a lo maravilloso que esto fue para Gideon y otras personas que no podían pagar por un abogado para defenderlos de sus acusaciones penales, a quienes están sujetos a procesos civiles --los casos de inmigración incluidos --no se les otorgó el mismo acceso. 

“Si uno es pobre y que afronta la deportación, podría enfrentar ese proceso solo”, dijo Jonah Eaton, abogado de inmigración en el Nationalities Service Center en Filadelfia.

Lo que sucedió después, en 1965, fue la creación de  la Ley Hart-Cellar, que abrió el sistema de inmigración de los EE. UU. para que más inmigrantes ingresaran al país. 

No obstante, a pesar de lo que fue un momento poco común de éxito para la inmigración contemporánea, las acciones de los EE. UU. como parte de la Guerra fría crearían muchos más problemas para el sistema, a futuro. 

En los años de 1980, décadas antes de que ella hiciera su viaje crucial a la frontera entre los EE.UU. y México, la hermana Mary Kennedy viajó a Guatemala. Estuvo allí en una misión para la iglesia y se encontró, como admite, que al principio estuvo fuera de su elemento. 

“El primer día que aterrice allí pensaba: “¿Qué hago aquí? No hablo el idioma. No sé a dónde voy”, dijo. 

Pese a sus dudas iniciales, Kennedy aprendió español y se enamoró de la gente del país, aún mientras era testiga del sufrimiento provocado por el genocidio ejercido por el gobierno de derecha contra las comunidades indígenas del área rural del país. 

Cuando Kennedy llegó a realizar su visita, la Guerra civil guatemalteca llevaba casi 30 años de haberse establecido. El conflicto empezó en 1960, cuando un grupo de guerrilleros izquierdistas intentó derrocar al gobierno del entonces presidente Ydigoras Fuentes. 

La guerrilla estaba indignada por la ayuda secreta de Fuentes a la CIA, que entrenó a sus fuerzas para la fracasada invasión de la Bahía de Cochinos en Guatemala. 

Los EE. UU. volverían al país más adelante en los años 60 para entrenar a las brutales fuerzas de contrainsurgencia que apoyaría a las dictaduras militares que cometían genocidio. 

Y esto no solo ocurrió en Guatemala.

Desde Chile hasta El Salvador, Nicaragua, Honduras y la República Dominicana, los EE. UU. estuvieron involucrados en dar apoyo a las dictaduras trajeron desestabilidad a la vida y estancamiento del crecimiento durante generaciones, en toda América Latina. 

Esta combinación es algo que muchos de estos países sienten aún hoy en día, en especial en Centro América, y uno de los motivos principales de la inmigración masiva al norte. 

“Parece que aquí no entendemos que los EE. UU. ocasionaron muchas de las condiciones en estos otros países”, dijo Kennedy. 

Los EE. UU. solo han empeorado la situación con la evolución de sus políticas de inmigración. 

En 1996, frente a la inmigración ilegal masiva del sur de la frontera, el Congreso y el Presidente de los EE. UU., Bill Clinton, buscaban una solución. Lo que crearon fue la Ley de la reforma de  inmigración ilegal y de responsabilidad de los inmigrantes (IIRIRA por su abreviación en inglés) o, en las palabras de Dara Lind de Vox: “el servicio de inmigración y control de aduanas que conocemos hoy día, en el que la deportación constituye una amenaza constante y factible para millones de inmigrantes”. 

La IIRIRA no sólo incrementó el número de crímenes que hacían que los inmigrantes fueran aptos para la deportación, sino que eludió muchos de los procesos legales para acelerar la deportación.

La ley de 1996 fue una reacción de aplicación de la ley frente al influjo masivo de inmigrantes. Lo que siguió a la IIRIRA fue una serie de política contra reaccionarias que creó más visas para los inmigrantes. 

Rona Gershon, un abogado de inmigración en HIAS Pennsylvania, dijo que mientras muchas de estas visas ayudaron a los inmigrantes, la implementación de las mismas ha dependido del momento en que han sido de beneficio para el gobierno. 

Gershon agregó que además de este enfoque “fragmentado” a  la reforma de la inmigración, el Congreso tampoco a creado suficiente financiamiento. 

La falta de dinero significa que hay menos abogados para realizar el trabajo a precios asequibles para los inmigrantes, en especial aquellos que se encuentran en los centros de detención y que no tienen una fuente de ingresos. 

Esto es lo que genera la realidad de los niños que tienen que representarse a sí mismos en los tribunales. 

Y en la falta de servicios se encuentra aún otra amenaza.

Para la cantidad de buenos abogados de inmigración que existe para ayudar a los inmigrantes a obtener la ciudadanía, existe más de unos cuantos males que harán que los deporten. 

Los notarios son individuos que se presentan ante los inmigrantes como abogados capaces, pero que no están calificados y que “en realidad no tienen idea de lo que hacen”, dijo David Bennion, un abogado de inmigración y fundador del Free Migration Project.

Y aún algunos abogados profesionales pueden dar asesoría igualmente inadecuada, según Bennion.

La única defensa contra cualquier tipo de fraude por parte de un notario o abogado en el área de Filadelfia es la organización Justice at Work. 

Evy Tolentino, una asistente legal en esa organización, dijo que el fraude de esta naturaleza es un “problema enorme”. Tanto así que Justice at Work no puede hacerse cargo de cada uno de los casos que les es presentado y se limita a los procesos de alto impacto --aquellos que involucran mucho dinero y grupos grandes de víctimas. 

También es difícil comprobar que un abogado mintió, dijo Tolentino, lo que hace que sea muy difícil obtener una sentencia favorable en un tribunal contra un notario o un mal abogado. 

Jaya Ramji-Nogales, profesora de derecho en la Temple University y ex miembro de la junta en la rama de Servicios legales de inmigración de Esperanza dice que el gobierno puede hacer más para eliminar el fraude. 

Su respuesta es un formulario G-28. El mismo se utiliza para anunciar la comparecencia de un abogado o representante acreditado en los tribunales de inmigración en nombre de un inmigrante. El formulario puede ser utilizado por el gobierno para regular a los abogados fraudulentos de la misma manera que lo hace el colegio de abogados. 

“El Departamento de justicia podría regular e investigar y podría asegurarse que estas personas no estén siendo estafadas, pero no lo está haciendo”, dijo Ramji-Nogales. 

Sólo un caso promovido por Justice at Work ha resultado en acciones penales, y el abogado implicado no fue expulsado del colegio de abogados. 

A pesar del resultado decepcionante, fue una pequeña victoria. Y en el mar de disfuncionalidad que ha envuelto a la inmigración desde mucho más tiempo de Donald Trump, existen otras victorias pequeñas que celebrar.  

La subsanación de las deficiencias con la educación

En la Villanova University, que cuenta con más de 20 años de derecho de inmigración, la profesora Michele Pistone estaba harta.

“Estaba enojada y avergonzada de que nuestro sistema no valora la justicia o la verdad”, dijo. 

Al observar la falta de representación para los inmigrantes en los tribunales, Pistone creó una manera para diversificar las trayectorias profesionales en la industria del derecho para combatir la carencia. Su respuesta es el “representante acreditado”.

Los representantes acreditados se establecieron en virtud de la ley como capaces de cubrir alguna parte de o todo el trabajo realizado por los abogados de inmigración. Los representantes parcialmente acreditados pueden ofrecer asesoría legal mientras que los representantes acreditados también pueden litigar en un tribunal de inmigración.

 El nuevo programa piloto de Pistone, denominado Villanova Interdisciplinary Immigration Studies Training for Advocates (VIISTA), busca capacitar a los representantes parcial y plenamente acreditados para subsanar las deficiencias en los servicios jurídicos de inmigración. 

El programa piloto concluyó su primer semestre en la primavera de 2019 y tiene la mirada puesta en arrancar en el otoño de 2020.  

Pistone citó el estudio de la University of Pennsulvania de 2015, en el que se analizó el acceso a un asesor jurídico para los inmigrantes en todo el país entre el 2007 y 2012, como el impulso para empezar VIISTA. Este estudio descubrió que el 86% de los inmigrantes detenidos y el 63% de los no detenidos se presentaron en los tribunales de inmigración sin representación jurídica. 

Entre los que no fueron representados, sólo el 2% de los detenidos obtuvieron resultados exitosos en sus casos y 17% de quienes no se encontraban detenidos ganó su caso.  

“Contar con un defensor es crítico para salvar a las familias” dijo Pistone. 

El mismo estudio fue utilizado por una coalición de organizaciones en toda Filadelfia para abogar por que la ciudad dedicara fondos públicos para la representación de la inmigración. 

La primera ciudad en los EE. UU. en asignar fondos públicos a los abogados de inmigración fue la ciudad de Nueva York, gracias al juez robert Katzmann, en 2014. 

Desde entonces, el sistema de representación de la inmigración de Nueva York se ha convertido en un modelo que ha servido de inspiración para un movimiento en todo el país. 

“Se denomina civil-Gideon,” dijo Jonah Eaton del Nationalities Services Center, refiriéndose al caso de Gideon v. Wainwright.

El 16 de julio, Filadelfia se unió al movimiento al asociarse con el Vera Institute, una organización de la justicia con sede en Nueva York, para convertirse en parte de la red SAFE y ofrecer financiamiento público para la representación jurídica de la inmigración. 

“Está en línea con la filosofía del gobierno respecto a la igualdad y el debido proceso, y los valores sobre los que se fundaron este país y esta ciudad”, dijo Miriam Enriquez, directora ejecutiva de la Oficina de asuntos de los inmigrantes de Filadelfia.

La red SAFE está conformada por varias ciudades y condados en todo el país que han dedicados fondos públicos a la representación jurídica de la inmigración. Las posibles ciudades deben presentar su solicitud y son seleccionadas para recibir un subsidio. 

Shayna Kessler, asociada principal del programa en Vera, dice que la red recibe muchas solicitudes de ciudades y condados en todos los EE. UU. que son tanto geográficamente como políticamente diversas.

“Es un marcador muy fuerte respecto a cuánto apoyo existe en todo el país para este asunto”, dijo.

Filadelfia igualó el subsidio de US$100,000 otorgado por Vera para obtener un total de US$200,000 en financiamiento para un programa piloto. La cantidad es pequeña, pero es un inicio en Pensilvania. 

“Tenemos la esperanza que otras jurisdicciones en el estado seguirán los pasos de Filadelfia”, dijo Enriquez