Honduras es el nuevo miembro del acuerdo de tercer país seguro propuesto por EE.UU. El documento fue firmado oficialmente el 25 de septiembre en la convención de la ONU.

Según dijo Susan Fratzke del Instituto de Políticas de Migración a Forbes, es un acuerdo hecho entre países o una región en particular para exigir a los solicitantes de asilo que presenten su solicitud en el primer país participante al que ingresan.

Esto significaría que los solicitantes de asilo que pasan por El Salvador antes de llegar a los Estados Unidos tienen que solicitar asilo allí. Si no lo hacen, su solicitud puede ser rechazada y pueden ser enviados de regreso a su país de origen.

Digamos que la gente de Nicaragua está tratando de llegar a los Estados Unidos para solicitar asilo. Según el trayecto, deberían llegar primero a Honduras. Si continúan hacia los Estados Unidos y llegan a la frontera, su solicitud de asilo no será procesada. Las personas serían enviadas de regreso a Honduras, el primer miembro seguro de un tercer país que alcanzan, para procesar sus casos.

Hasta 2019, Canadá era el único otro miembro del acuerdo junto con los EE.UU. Ahora, Honduras y El Salvador se han unido oficialmente a la lista.

En su acuerdo de ocho páginas, Canadá y EE.UU. le llaman un "plan de acción fronterizo inteligente que les permitirá a ellos [...] gestionar de manera más eficaz el flujo de solicitantes de refugio".

A principios de este año, la administración Trump buscaba convertir a México y Guatemala en terceros países seguros.

En un punto de inflexión, México rechazó el acuerdo. Según EFE, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, calificó el acuerdo como una "limitación al derecho de asilo".

México afirmó estar en un lugar totalmente diferente cuando se trata de su política de asilo. "Es muy poco probable que México niegue el asilo a una persona que lo solicita para persecución política", dijo Ebrard.

Menos de un mes después, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, también rechazó la oferta. Sin embargo, la administración Trump amenazó al país con sanciones si no aceptaba el acuerdo.

"Haremos aranceles o haremos algo. Estamos viendo algo muy severo con respecto a Guatemala ", dijo Trump.

Guatemala firmó el acuerdo el 26 de julio. Pero el próximo presidente Alejandro Giammattei dijo que el condado centroamericano no se ajustaba a la definición de tercer país seguro y no cumple con las disposiciones de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.

 Poco después, El Salvador firmó el acuerdo.

Uno de los miembros más nuevos del acuerdo ha visto a sus propios ciudadanos huir de su país de origen para buscar asilo en los Estados Unidos. Pero ahora, se convertirá en un país seguro para que otros inmigrantes lleguen y soliciten asilo en los Estados Unidos, sin pisar la frontera estadounidense.

En agosto de 2019, El Salvador anunció públicamente que no sería un tercer país seguro, pero todo cambió durante el mes de septiembre.

Mientras tanto, el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, elogió el avance. La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco aseguró que Estados Unidos ayudará a El Salvador a “convertirse en un país más seguro y terminar con la violencia de las pandillas.”

“Estas personas [pandillas] amenazan a las personas, matan a las personas. Exigen que la población más pobre y vulnerable pague solo para cruzar la calle", dijo Hill Tinoco.

Todos los ciudadanos hondureños y salvadoreños que lleguen a los Estados Unidos y soliciten asilo no serán devueltos a sus países de origen, sino que podrán ser enviados a otra nación calificada como un "tercer país seguro".

Amnistía Internacional condenó a la administración Trump por "destripar el derecho a buscar seguridad en países donde no estarán seguros".

"No es seguro para sus propios ciudadanos, y mucho menos para los solicitantes de asilo", dice la respuesta.

Charanya Krishnaswami, directora de defensa para las Américas de Amnistía Internacional en EE.UU., dijo que el acuerdo es "una burla del derecho de asilo". En el documento, Amnistía Internacional muestra preocupación por las tasas de violencia de El Salvador, calificándolas de "las más altas del mundo".