Cuando se empieza a entrever en qué consistiría una reforma migratoria integral, mis dientes rechinan de frustración por el grupo que quiere todo o nada.

Se trata de la gente y de las organizaciones que examinan diferentes situaciones y presentan una serie de exigencias, o una serie de motivos por los que hasta las propuestas preliminares no son sostenibles.

Cuando los grupos de defensa de los inmigrantes envían impacientes e-mails, que declaran que lo que está en discusión no es suficiente, siempre me pregunto: "¿Por qué no pueden, aunque sea por un minuto, adoptar un espíritu de negociación, en lugar de hacer todo lo posible para torpedear un proceso ya de por sí, frágil?

Ahora, a medida que comienzan a emerger detalles de las propuestas, tanto de la Casa Blanca como de un grupo de senadores de ambos partidos, uno de los asuntos en consideración es cuántos inmigrantes ilegales podrían quedar afuera.

Según el análisis realizado por la revista Colorlines sobre propuestas debatidas con anterioridad, podrían excluirse de la ciudadanía entre 3,6 millones y casi 6 millones de inmigrantes por no poder cumplir con el requisito del idioma inglés, millones más por no poder cumplir con el requisito de la residencia o por barreras tales como antecedentes penales no-violentos. El mensaje general es: No debería haber ninguna barrera.

Hay otras objeciones. La semana pasada, hubo grupos que comenzaron a promover un informe de University of Southern California, que sugiere que las tarifas asociadas con el proceso de naturalización son demasiado altas. El mensaje es el siguiente: El proceso no sólo debería ser fácil sino también barato.

No veo cómo estas exigencias van a mantener a flote un proceso de negociación que, hasta hace poco, se ha visto frustrado por republicanos temerosos de alterar al ala nativista de su base conservadora.

Pero quizás necesitemos escuchar, al menos, a esos ruidosos defensores, ya que sus puntos de vista deben ser reconocidos por los legisladores que están en posición de realizar las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo.

Examinemos la posición de presente.org, una organización con sede en Berkeley, California, que describe su meta como la de "amplificar la voz política de las comunidades latinas". Dicha entidad ha organizado una campaña de incidencia titulada "Ciudadanía para los 11 millones, ni uno menos," que cambia totalmente la estrategia de aceptar posturas políticamente viables.

Haciéndose eco de la queja que oigo habitualmente de pequeñas organizaciones de base pro-inmigrantes, que dicen que sus opiniones se ignoran, Arturo Carmona, director ejecutivo de presente.org me dijo que la comunidad latina no debe inquietarse por no estar de acuerdo con lo que constituye un compromiso razonable sobre la reforma migratoria. Más preocupante para él es el hecho de que la mayoría de la gente que sufrirá el impacto tiene poca voz en el debate.

"Es un momento político importante, pero también es muy importante que encontremos un camino razonable, conveniente a la ciudadanía para los 11 millones -pensamos que es un enfoque moderado," expresó.

Para Carmona, alcanzar una "solución real" no significa encarar sólo la situación de los inmigrantes ilegales ejemplares, sino de toda la población, con todas sus imperfecciones. Es una población, dice, que ha tenido poca oportunidad de ayudar a crear un compromiso viable.

"Nuestro papel es elevar la voz del grupo que no tiene voz," dijo. "Sin duda hemos visto algo de progreso en lograr que indocumentados reales desempeñen un papel en las discusiones -hemos visto a los DREAMers que están mejor representados- pero la vasta mayoría de la población indocumentada son operarios de lavado de coches, empleadas domésticas, jornaleros. Y sus voces no están adecuadamente representadas en el debate en este momento."

Carmona tiene razón. Todos los políticos que apoyan la reforma siempre salen con un futuro ciudadano modelo, mientras los opositores citarán como sus ejemplos inmigrantes que son delincuentes empedernidos.

Son los que están en el medio -los que quizás no tengan dinero para pagar multas, tiempo para tomar clases de inglés, o prontuarios impecables porque viven en situación precaria, en trabajos para los que sus empleadores los contrataron a pesar de su categoría legal- los que se debe tener en cuenta.

Una estrategia de todo o nada no funcionará para todos. Pero si ignoramos completamente a los que sin duda quedarán postergados en la oportunidad de legalización, estaremos debatiendo qué hacer con ellos en años futuros.

La dirección electrónica de Esther Cepeda es estherjcepeda@washpost.com.