Los partidos políticos no saben muchas cosas acerca de los latinos – excepto, quizás, cómo insultarlos. Y aunque pareciera ir en contra del sentido común, lo hacen frecuentemente durante los años de elecciones. 

Los republicanos tienen la esperanza de que desde ahora hasta noviembre, los electores latinos desarrollen una aguda amnesia y que un número respetable de ellos —por lo menos un 30 por ciento— vote a favor de Mitt Romney. 

Una reciente encuesta NBC News—Wall Street Journal-Telemundo halló que Romney cuenta con el apoyo del 26 por ciento de los electores latinos, comparado con un 66 por ciento a favor del presidente Obama. 

Para aumentar el apoyo a Romney, los republicanos están haciendo todo lo posible para recordar a electores latinos que Obama quebró su promesa de abordar una reforma migratoria integral. Por supuesto, también quieren que los latinos olviden que Romney se pasó la temporada de las primarias republicanas de 2012 —y, ahora que lo pienso, también las primarias de 2008— atacando a rivales de su propio partido, pintándolos como blandos en cuanto a la inmigración ilegal, por apoyar cualquier cosa que se pareciera a una reforma migratoria integral. 

Lo que muchos latinos encuentran particularmente de mal gusto es que Romney pintara también a los inmigrantes ilegales como aprovechados, gorrones y sacacuartos, que irían a cualquier lado para obtener cosas gratis. Romney debería saber que no es así. Sin duda, hay un coste por los que están en el país ilegalmente —para las escuelas, hospitales, cárceles y servicios sociales. Pero esta gente también contribuye —pagando impuestos, permitiendo que las empresas prosperen, estimulando la economía y realizando tareas que los estadounidenses no desean hacer. 

El senador Marco Rubio de Florida, un posible candidato vicepresidencial republicano, explicó ese punto durante su reciente discurso ante la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados. 

"Los hispanos son los que ven el impacto de la inmigración ilegal en forma cercana y personal", dijo Rubio, "tanto el elemento humano de ella como los costes y cargas que impone a nuestra sociedad en partes donde está descontrolada". 

Y el manejo torpe de la cuestión por parte de Romney es un motivo por el que a los latinos no les cae simpático  —a pesar del hecho de que su padre, George, nació en México.  

Mientras tanto, los demócratas también insultan a los electores latinos. El gobierno de Obama se destaca en eso. 

Primero, el presidente intenta engañar a los latinos para que le adjudiquen el mérito de detener la deportación de jóvenes inmigrantes ilegales, que persiguen una educación superior o el servicio militar —cuando, anteriormente, Obama había dicho que su gobierno no deportaba a miembros de ese grupo. 

Ahora, con el fin de capitalizar el fallo de la Corte Suprema que anula la mayor parte de la ley migratoria de Arizona, Obama intenta engañarlos otra vez. El Departamento de Seguridad del Territorio (DHS, siglas en inglés) está anunciando con bombos y platillos que está invalidando los llamados acuerdos 287 (g) con las agencias de seguridad en el estado del Gran Cañón. Según esos acuerdos, los departamentos del sheriff y de la policía voluntariamente se asociaban con el DHS para ayudar a imponer la ley migratoria. Según CNN, en una llamada de conferencia con reporteros después del fallo, un funcionario del gobierno declaró que la Casa Blanca "no permitirá que las prioridades migratorias de Arizona se conviertan en las prioridades del Departamento de Seguridad del Territorio". 

¿En serio? ¿Desde cuándo? Las prioridades de inmigración de Arizona y las prioridades del DHS han estado en sintonía durante los últimos tres años y medio. DHS intentó deportar tantos inmigrantes ilegales como fue posible, y acumuló un número récord de deportaciones —más de 1,2 millones desde que Obama asumió el poder. Logró esta hazaña con la ayuda de las fuerzas de seguridad. 

Tampoco fue sólo mediante 287 (g). De hecho, el DHS está retirando progresivamente ese programa para reemplazarlo con Secure Communities. Este programa requiere que la policía local entregue a las autoridades federales las huellas dactilares de cualquier persona que haya sido arrestada o detenida, para determinar si está en el país ilegalmente. Por ser obligatorio, es como el 287 (g) corregido y aumentado. 

Observen que el gobierno no eliminó Secure Communities. Eso hubiera sido lo correcto. Pero cuando se trata de política migratoria, este gobierno ha demostrado una y otra vez que no le importa hacer lo correcto.