Marco Rubio está por todos lados. Con un par de excepciones, es difícil pensar en un funcionario electo, hoy en día, del que se hable más, que genere más titulares o que capte más la imaginación. 

Ayuda el hecho de que Rubio es interesante. Consideremos lo que escribió en su autobiografía, "An American Son" (Un hijo estadounidense), sobre cómo comprende a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos porque, si viviera en un país en que no pudiera alimentar a su familia, "no habría ley alguna, sin importar lo restrictiva que fuera, que me impidiera venir aquí". 

Después está la política vicepresidencial. Se habló mucho después de que ABC News, el Washington Post y el New York Times citaran fuentes anónimas dentro de la campaña de Romney, según las cuales Rubio no estaba siendo considerado seriamente como compañero de fórmula. El mismo Romney pronto desechó la noticia como "enteramente falsa" y afirmó que se estaba examinando a Rubio como parte del proceso de búsqueda. 

No hay duda de que Rubio sabe cómo generar noticias. Pero en este momento, al responder al anuncio del presidente Obama sobre la inmigración —y eso es todo lo que es, no es una orden ejecutiva como algunos han afirmado—está cometiendo un gran error. El senador de Florida necesita revertir ese curso y aprovechar la oportunidad que el presidente le ha proporcionado involuntariamente. 

Tras afirmar en una entrevista de la televisión en español en marzo de 2011, que el gobierno no estaba deportando a los jóvenes inmigrantes ilegales habilitados por la Ley DREAM —que no fue aprobada por el Congreso pero que les hubiera ofrecido categoría legal a cambio de asistir a la universidad o incorporarse a las fuerzas armadas— Obama recientemente declaró que dejaría de deportar a individuos, que no debería haber deportado en primer lugar. En lugar de eso, estos estudiantes obtendrán permisos de trabajo, pero no residencia legal ni ciudadanía estadounidense. 

Es esencialmente la misma idea de la que habló Rubio hace un par de meses, que retomaba una propuesta concebida por los senadores republicanos Kay Bailey Hutchinson, de Texas y Jon Kyl, de Arizona. Aún así, no se ha introducido ninguna propuesta de ley. 

Tras el anuncio de Obama, Rubio dijo que estaba archivando sus planes de proponer leyes —por el momento. Expresó al Wall Street Journal que "va a ser difícil contradecir" la idea de que, como resultado de lo que ha prometido Obama, no hay urgencia "para hacer nada sobre eso ahora. Ha sido encarado. Podemos esperar hasta después de la elección".  

No, no podemos. Primero, cuando se trata de la inmigración, las promesas de Obama no significan nada. Las rompe con facilidad. Obama prometió priorizar una reforma migratoria integral y en lugar de eso lo que priorizó fueron las deportaciones de todos los inmigrantes ilegales posibles —unos 400.000 por año, que, según me han informado funcionarios de inmigración, es la capacidad máxima anual del sistema. 

Segundo, incluso si Obama cumple esta vez y cientos de miles de jóvenes forman fila para obtener permisos de trabajo, la fila es larga. Los abogados de inmigración expresan que la emisión de los permisos podría llevar entre seis meses y un año. Muchas cosas podrían ocurrir en ese lapso complicando el panorama —como una elección presidencial. Tras permanecer callado varios días, Romney finalmente dijo que reemplazaría esa política. 

Y tercero, incluso si este cambio finalmente se produce, es un arreglo temporal, una Curita en una herida en la cabeza. Mientras nuestro país decide qué hacer con estos muchachos que son estadounidenses en todo excepto en su categoría legal, necesitamos un remedio permanente. Sólo el Congreso puede proporcionarlo y Rubio debe guiar el camino. Nadie más lo hará. Además, él "comprende" la cuestión. 

Tal como dijera Rubio a National Review, "Si uno tenía 4 años cuando los padres lo trajeron aquí ilegalmente, y uno se ha criado aquí toda la vida y ni siquiera habla español, y es el primero de la clase en la escuela secundaria, puede contribuir mucho a nuestro futuro. Se hace raro deportarlo." 

Es raro. Y mezquino. Y rencoroso. Y, en los más de 230 años en que esta nación de inmigrantes ha luchado con cómo tratar a los recién llegados —legales e ilegales— los estadounidenses han recorrido este camino más veces de las que les gusta admitirlo.