Sosteniendo firmemente en una mano el memorando que John Morton, director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) firmó en junio del año pasado, con las guías de discreción judicial para establecer prioridades respecto a la deportación de indocumentados, el congresista Luis Gutiérrez se paró en los terrenos exteriores de la Corte de Inmigración de Charlotte, Carolina del Norte, con el propósito de abogar para que se pare la expulsión del país de un padre de familia mexicano.

Lucido como nunca, Gutiérrez espetó que Gabino Sánchez encarna las injusticias de este sistema roto de inmigración que convierte en víctimas a los trabajadores honestos. Sánchez, quien llegó a Estados Unidos siendo menor de edad, tiene una esposa indocumentada y dos hijos nacidos aquí en territorio estadounidense.

Como en el caso del protagonista de la película "Una vida mejor", que interpretó el actor Demian Bichir, Gabino terminó en proceso de deportación por no poseer licencia de conducir.

Lo único es que la policía de la localidad de Ridgeland, en Carolina del Sur, se ensañó con el mexicano, al que paró en seis ocasiones y la última a la entrada del complejo de casas móviles que habita.

Gabino pagó cumplidamente más de 3 mil dólares en multas y gastos de corte, lo cual hizo que Gutiérrez enfatizara que se trató claramente de un caso de perfil racial. "Lo que sucede es que los policías, ya conocían a Gabino", apuntó.

El abogado del mexicano, Marty Rosenbluth explicó que si se hubieran seguido las indicaciones del memorando de Morton, Gabino no estaría ad portas de una deportación.

El problema es que los oficiales de ICE consuetudinariamente se hacen de la vista gorda en relación a las órdenes de su jefe.

El memorando de Morton contiene 19 factores a considerar para ejercer la discreción judicial para evitar la deportación de gente que le está haciendo bien al país y para que los deportadores se enfoquen en la expulsión de extranjeros indocumentados criminales.

Entre las consideraciones está la edad en que llegó la persona a Estados Unidos, si alguno de sus familiares está en las fuerzas armadas estadounidenses, si tiene vínculos a la comunidad y aporta al bien común, si tiene hijos ciudadanos, si ha observado un buen comportamiento.

Pero tanto los agentes de ICE, como sus  fiscales se pasan por la faja esas directrices.

Tras el memorando, la administración anunció la revisión de 300 mil casos de indocumentados a los que se les podría tener en cuenta para la discreción judicial.

Por eso en diferentes ciudades se están creando comités de las organizaciones de base para verificar si la acción administrativa prometida por el presidente para aliviar tanto dolor, tanta separación familiar se cumple, o es un fuego fatuo, que resulta trucho por la forma como la aplican los funcionarios de menor rango.

En Charlotte, la iniciativa la encabeza Jess George, una pelirroja, pecosa, de ojos verdes, con corazón hispano, que dirige la Coalición Latinoamericana.

Falta saber si los criterios ordenados por Morton, en el memorando, aplican para los programas de deportaciones 287g y Comunidades Seguras.

A Gabino le fijaron una nueva aparición en corte para el 15 de mayo. Si lo deportan, quedarán en entredicho las buenas intenciones del presidente, que recibirían la cachetada de la realidad.

Quejas sobre los "vaqueros de ICE" y sus prácticas fue las que recibió una delegación de la Casa Blanca, en Durham, también en Carolina del Norte, durante un foro, que impulsó la dirigente Andrea Bazán.

Entre las representantes de Washington estaba la abogada Esther Olavarría, quien trabaja ahora para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ella escuchó pacientemente los lamentos derivados del más de millón de deportaciones realizadas durante la presidencia de Obama.

Rafael Prieto Zartha es el director editorial del semanario Qué Pasa-Mi Gente, en Charlotte, Carolina del Norte.