Las uvas de ira que la Corte Suprema de Pensilvania podría cosechar no son las que el presidente Obama quisiera comer el próximo 6 de noviembre.

Standing L-R: Justice McCaffery, Justice Baer, Justice Todd, Justice Orie Melvin. 

(Lea versión en inglés / Read English Version: Crushing the Latino Vote in Pennsylvania)

El estado de Pensilvania, a través de su Tribunal Supremo, y ayudado por una decisión de un Tribunal de Distrito Federal, acaba de decapitar el poder del voto latino que rápidamente se extiende por el estado; siendo uno de los estados de la nación que decidirá el noviembre, quién será el próximo presidente de los Estados Unidos.

Sin ningún sentido de justicia, casi sin escrúpulos, la Corte Suprema estatal pospuso por 10 años o más el inevitable aumento de la fuerza política de los latinos, particularmente en un estado clave para mantener o sacar al presidente Obama de la Casa Blanca.

Al manejar las leyes a su antojo, dividieron, maniataron y sometieron el voto latino en Pensilvania, de la misma manera que lo hicimos con los otrora esclavos negros en bochornosos episodios de nuestra historia.

(Recordemos que este tipo de prácticas las hicieron tradicionalmente "los nativos", por aquello que siempre sintieron que son "más americanos" que el resto, por el simple hecho de haber llegado antes que todos nosotros. También se lo hicieron a los antiguos inmigrantes judíos, a los italianos y a los irlandeses).

No podemos olvidarnos tampoco de inmigrantes trabajadores como los cubanos, los mexicanos y los puertorriqueños del siglo XIX  y principios del XX en Filadelfia y resto de Pensilvania.

Entonces eran los recién llegados, por tanto los que tenían acceso a los peores trabajos. Desde luego, también fueron rechazados a la hora de concederles derechos civiles.

Los puertorriqueños, que son mayoría entre los latinos del estado, han sido ciudadanos estadounidenses desde 1917, por una ley del Congreso. Los cubanos, por su lado, han gozado de un estatus especial migratorio desde la revolución castrista. Ellos obtienen la residencia y certificados de ciudadanía más rápido que el resto de sus colegas inmigrantes de América Latina.

Mexicanos, centroamericanos y suramericanos, por el contrario, deben esperar más tiempo para obtener la ciudadanía estadounidense, pero eventualmente, luego de varias décadas de trabajo duro y costosas batallas legales, también logran convertirse en electores certificados.

Y votan, a pesar de todo, una vez consiguen registrarse como electores. Tal vez porque, tal y como lo hicieron los compatriotas de Nelson Mandela en Sudáfrica, aquí los latinos valoran su recién otorgado derecho, que deciden acercarse a las urnas con con una devoción casi comparable con su sentido de religiosidad; en este caso por las instituciones democráticas de Estados Unidos.

Todos debemos respetar eso, profundamente.

Simplemente porque este espíritu –tan vivo como el que dio a luz a la nueva república en 1766– es la esencia misma de la renovación de esas instituciones.

Instituciones, incluyendo la Corte Suprema de Pensilvania, que paradójicamente podrían desaparecer, cuando todo el mundo deje de creer en ellas.

Muchos ya no confían en los jueces. Además de esto, la nueva lista de electores latinos, y los potenciales candidatos a cargos públicos en lugares como los condados de Reading y Allentown, no sólo es un flaco favor a nuestra democracia. Es como jugar con fuego, el mismo con el que pudieran quemarla.

Pensilvania no debe sentirse orgulloso de lo que su Corte Suprema acaba de hacer. El estado, a través de su gobernador, su legislatura, y/o una instancia federal superior, como la Corte Suprema de EE.UU.–con una jueza latina a bordo–, debe apresurarse a corregir la decisión antes de que sea demasiado tarde.

El resultado final de una elección presidencial está en juego, así como la elección de dirigentes jóvenes locales para distritos decrépitos en toda Pensilvania, donde algunas personas, ciegas ante el futuro que ya está aquí, todavía están tratando de evitar que la historia suceda.