Ahora que Alabama obtuvo el permiso de un juez federal para ejecutar partes clave de su ley migratoria anti-ilegales  —particularmente, el requisito de que los oficiales de policía verifiquen la categoría migratoria de aquellos sospechosos de estar en el país ilegalmente, deteniendo a los que lo estén y pidiendo a las escuelas que verifiquen la categoría legal de sus estudiantes y dejen constancia— logró articular un mensaje sobre el que este país se muestra ambivalente.

Alabama está diciendo: Inmigrantes ilegales, no los queremos aquí. Así que, a menos que quieran verse atrapados por nuestras leyes, váyanse cuanto antes.

Linton Joaquin, consejero general del National Immigration Law Center, expresó a reporteros en una reciente conferencia de prensa, que aunque el requisito de la ley de averiguar la categoría legal de los estudiantes no entra en vigencia hasta la matriculación del año que viene, ya se ha enterado de que se les ha pedido a algunos estudiantes prueba de su categoría legal. Las noticias han sido variadas, pero algunos cálculos indican que unos 2.000 estudiantes hispanos se han ausentado de las escuelas de Alabama, desde que la ley entró en vigor, la semana pasada.

Es trágico que los padres teman tanto la deportación de sus hijos o la propia que renuncien a un beneficio al que tienen derecho —la Corte Suprema falló en 1982 que todos los niños, independientemente de su categoría migratoria, tienen derecho a asisitir a la escuela pública. Y es innegable que por otras estipulaciones de la nueva ley, los inmigrantes legales y residentes nacidos en Estados Unidos corren el peligro de ser víctimas de perfiles raciales y otras formas de discriminación contra los que "se ven como" o "parecen" inmigrantes ilegales. No hay nada ni remotamente compasivo en esta situación.

¿Pero está mal que Alabama esté enviando un mensaje claro a su población de inmigrantes ilegales, sobre las ramificaciones de sus decisiones?

Para los niños, significa que una vez que dejan la categoría legal protegida de estudiantes, a quienes se trata igual que los estudiantes nacidos en Estados Unidos, enfrentan una vida en la que no están habilitados para recibir préstamos estudiantiles para asistir a la universidad ni trabajar legalmente. Para ellos el sueño americano no existe.

De hecho, los aspectos de esta ley específicos para los estudiantes parecen ser una reprimenda para los jóvenes habilitados para la Ley DREAM, y los que los apoyan, que han pasado los últimos dos años luchando para conseguir un camino a la legalización con el polémico lema "indocumentados y sin temor".

Los "Dreamers" son emblemáticos de nuestros mensajes ambivalentes a los inmigrantes ilegales: Les decimos que la promesa de Estados Unidos siempre ha sido que el trabajo arduo lleva a una vida mejor. Pero para los estudiantes que son inmigrantes ilegales, eso no es cierto —no importa cuánto provecho le hayan sacado a su educación constitucionalmente protegida de Jardín de Infantes al 12° grado, un muro de piedra los espera tras su graduación. Estados en todo el país han luchado por lograr que los inmigrantes ilegales no estén habilitados para pagar la misma matrícula que los residentes del estado, y hay muy pocas oportunidades de becas para ellos.

Alabama parece estar diciendo: "Si eres indocumentado, realmente debes tener miedo". Aparte del hecho de que es muy triste, es cierto.

El gobierno de Obama ha deportado un poco más de 1 millón de inmigrantes ilegales desde 2009 y ha afirmado que no aminorará el ritmo, independientemente de la revisión, que aun debe instituirse, de 300.000 casos para salvar a los que no cuentan con antecedentes penales violentos. Varias versiones de la Ley DREAM y de leyes para una reforma migratoria integral han fracasado en Washington rutinariamente durante 10 años —durante los cuales se les ha dicho a inmigrantes asustados que aguanten, porque siempre está el próximo año.

No hay absolutamente ningún diálogo legislativo importante sobre el tema de qué hacer con 11 millones de inmigrantes ilegales —quienes, según recientes noticias, vuelven una y otra vez, incluso después de haber sido deportados.

A medida que se implementan dolorosas leyes anti-inmigrantes en todo el país, ¿no debería el pueblo estadounidense tener el valor de  considerar si las tácticas honestas, aunque implacables, de Alabama son realmente peores que la "vida mejor" que se les promete falsamente a los inmigrantes ilegales, cuando las empresas, agricultores y ciudadanos privados les ofrecen puestos de trabajo o se benefician del trabajo de ellos?

Y ¿es la franqueza de Alabama, en última instancia, más o menos perjudicial que cuando los políticos piden a las familias que aguanten, porque el camino para la legalización está a la vuelta de la esquina? Algunos considerarían estos dos enfoques igualmente crueles.