No es fácil ser Susana Martínez, gobernadora de Nuevo México. Y la primera gobernadora latina de la nación, y potencial candidata del Partido Republicano para la vicepresidencia en las elecciones de 2012, no ha hecho su vida más fácil ahora que está implicada en el abuelogate.

Durante una reciente entrevista en la televisión de habla española, la gobernadora señaló que su abuelo paterno, Adolfo Martínez, entró en Estados Unidos desde México, en los años 20, "sin documentos". Ella obtuvo ese dato de un formulario del censo, donde la categoría de su abuelo se indica como "AL"--por "alien", es decir, inmigrante ilegal, en inglés.

Mientras tanto, Martínez está tratando de eliminar las licencias de conducir para los inmigrantes ilegales —tal como lo prometiera durante su campaña.

Los críticos de Martínez la acusan de ser una hipócrita. La llamé y le pedí que respondiera.

"No puedo considerar a otras personas de este estado responsables por lo que sus abuelos hayan o no hayan hecho", me dijo. "Ésta es una cuestión de seguridad pública, no una cuestión de inmigración. Estoy orgullosa de mi acervo cultural. Pero el hecho de que sea una estadounidense orgullosa de sus ancestros mexicanos no tiene nada que ver con mi responsabilidad y deber como gobernadora, de asegurarme de que los habitantes de Nuevo México estén protegidos".

Hay una diferencia entre una historia política y una historia impulsada por la política. Ésta parece pertenecer a la última categoría.

Y según parece, Martínez no es culpable de hipocresía; no está diciendo que los inmigrantes ilegales de hoy en día no deben tener licencias de conducir sino que su abuelo debería haber tenido una. Pero es culpable de algo mucho peor en la opinión de algunos —de ser una republicana hispana. Y eso la convierte en blanco.

¿Por qué? Miedo. Los activistas latinos y los demócratas liberales temen a los funcionarios republicanos hispanos, porque les preocupa que un gobernador o senador hispano se convierta en el flautista de Hamelin y conduzca a muchos latinos a las puertas del Partido Republicano. Se convierte en una situación de destruir o ser destruido.

Eso es lo que sucedió en septiembre de 2007 cuando el Fiscal General de Estados Unidos, Alberto Gonzales, fue obligado a abandonar su cargo por un "escándalo" que no fue tal. Tres investigaciones de inspectores generales han exonerado a Gonzales de todo acto ilegal. La última fue en julio de 2010, cuando un investigador nombrado por el Departamento de Justicia declaró que Gonzales no había hecho nada malo al despedir a ocho fiscales federales en 2006. Toda la cuestión fue una caza de brujas.

Ahora está ocurriendo nuevamente en Nuevo México, donde los críticos de Martínez de la izquierda crearon una controversia que fue un puro invento.

Ellos son los hipócritas. ¿Acaso no son los liberales y los latinos los que —cuando presionan para que se apruebe la Ley Dream, que permitiría que estudiantes universitarios indocumentados que fueron traídos de niños puedan obtener categoría legal— sostienen que es moralmente incorrecto echar la culpa a los hijos de los pecados de los padres? Pero ¿está totalmente permitido, entonces, echar la culpa a funcionarios republicanos electos de los pecados de los abuelos?

Además, las palabras exactas de Martínez no fueron que su abuelo había venido "ilegalmente" sino "sin documentos". Seguro que eso es cierto. Durante gran parte de los años 20, la frontera EE.UU.--México era sólo una línea en la tierra. La mayoría de la gente iba y venía con facilidad. Así fue durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920. Unos 600.000 mexicanos emigraron hacia el norte —entre ellos (Iniciar bastardillas)mi(Terminar bastardillas) abuelo.

Sólo con la Ley de Inmigración de 1924, que tenía por objeto limitar la inmigración del sur de Europa (léase, Italia) el Congreso procuró regular el flujo de inmigrantes que cruzaban la frontera.

"El hecho de que mi abuelo fuera y viniera antes de que hubiera documentos para presentar realmente nos indica tiempos muy diferentes", expresó Martínez.

Por último, la izquierda está cometiendo un gran error al atacar a la gobernadora por oponerse a las licencias de conducir para inmigrantes ilegales. Ese tema lleva las de perder. Una reciente encuesta realizada por Public Opinion Strategies indicó que más del 70 por ciento de los habitantes de Nuevo México se oponen a conceder licencias de conducir a inmigrantes ilegales, entre ellos un 69 por ciento de hispanos y un 60 por ciento de demócratas.

Yo estoy de acuerdo con ellos. Incluso siendo un activo defensor de una reforma migratoria integral, el asunto de las licencias de conducir es un puente que va demasiado lejos. Y el objetivo no es realmente, como se alega, brindar a la gente una forma legal de llegar al trabajo. Sino brindar a inmigrantes  indocumentados, que están en un limbo legal, una vía de acceso a una serie de privilegios, desde abordar un avión hasta solicitar ayuda financiera para la universidad —privilegios que no se han ganado y que no deberían tener.

Los críticos de Susana Martínez pueden librar esta batalla si quieren. Pero la perderán. Como debería suceder.