Las
organizaciones de defensa de inmigrantes han logrado centrar la atención en
Secure Communities, el programa de la Policía de Inmigración (ICE) que trabaja
con policías locales para identificar inmigrantes ilegales, basándose en
huellas dactilares verificadas mediante archivos del Departamento de Justicia,
el FBI y el Departamento de Seguridad Doméstica (DHS).

            Se
han apuntado algunas pequeñas victorias en su intento por terminar con el
programa tal y como opera en la actualidad. Su punto principal es que el
programa no encarna su objetivo declarado de aprehender a delincuentes
violentos, que presentan el mayor riesgo para la seguridad pública y, en
cambio, apresa a inmigrantes ilegales no-delincuentes.

            En
las últimas semanas, varios estados, entre ellos Illinois, han declarado que ya
no participarán en el programa porque obstaculiza la capacidad de las fuerzas
de seguridad locales de vigilar eficazmente las comunidades. Y aunque el club
de desertores está creciendo, DHS está empezando a responder. Acaba de informar
al gobernador de Massachussets, Deval Patrick —quien se negó a cooperar— que no
tiene opción y debe participar, agravando aún más el debate sobre si los
estados deben involucrarse en el cumplimiento de la ley migratoria.

            Toda
la cuestión es desconcertante para aquellos que no comprenden que ser un
inmigrante ilegal, por sí solo y en sí mismo, no es un delito. Los comentarios
más frecuentes en las notas periodísticas sobre Secure Communities suelen
parecerse al siguiente comentario: "Los inmigrantes ilegales son, como su
nombre lo indica, delincuentes por definición. Los ilegales que quebraron un
montón de leyes para ingresar y vivir aquí, deberían ser sujetos a un inmediato
arresto y deportación —eso es justo para todos."

            Eso
no es correcto, pero mucha gente tiene esa misma confusión —hasta los agentes
del orden.

            Durante
una teleconferencia, el mes pasado, sobre los problemas que Secure Communities
está acarreando a los agentes del orden locales, algunos sheriffs compartieron
sus inquietudes sobre su comprensión errónea de las violaciones de inmigración.

            "Siempre
me dijeron que era un delito mayor federal y siempre creí que entregar (a ICE)
a cualquier inmigrante ilegal era el mandato de la ley federal —y así lo
creyeron mis empleados", expresó el sheriff Ed Prieto, del Condado de Yolo,
California. "Pero tras reunirnos con el consulado mexicano de Sacramento, nos
enteramos de que no lo es. Después empecé a considerar cuánta de nuestra gente
está siendo deportada antes de juicio y me sentí muy incómodo al contactar a
ICE por delincuentes no-violentos".

            El
sheriff Patrick Perez, del Condado de Kane, Illinois, dijo que "el 90 por
ciento de los policías cree (que sólo ser un inmigrante ilegal) es un delito,
pero yo me enteré después de hablar con un juez de inmigración que es sólo una
infracción civil". Perez reiteró los mismos comentarios expresados claramente
por todos los agentes de seguridad con los que he hablado en el curso de los
años sobre el trato de los inmigrantes ilegales: toda la policía coopera de
buena gana con los federales cuando se trata de delincuentes, especialmente de
aquellos violentos. "Pero no podemos encarcelar a infractores civiles", expresó
Perez.

            Sara
Dill, miembro de la Comisión de Inmigración de la Asociación de Abogados de
Estados Unidos y miembro del Consejo de Justicia Penal de la misma Asociación,
me explicó la cuestión de la siguiente forma: "Los estados están procurando
criminalizar lo que sólo es una violación civil de la ley federal". Dill
expresó que no obtener un permiso para la construcción de una casa es un
ejemplo de una violación civil, no penal. "Colocar a los inmigrantes ilegales
en un contexto penal meramente confunde el estar presente en Estados Unidos sin
autorización con delitos tales como invocar falsamente ciudadanía
estadounidense o robo de identidad, que son delitos bajo la ley federal".

            Todo
el mundo conoce el universo de los inmigrantes ilegales, algunos han cometido
delitos no-violentos y delitos violentos —y todos creen que se debe procesar a
esos individuos con todo el peso de la ley.

            Pero
los que creen en obedecer "la letra de la ley" no pueden continuar equiparando
a todos los inmigrantes ilegales que viven en este país con delincuentes, que
cuentan con abundantes derechos civiles propios. Ésa no es la manera
estadounidense.             

© 2011, The Washington Post
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