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¿De qué sirven 21 millones de votantes hispanos?

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Durante el camino entre Charlotte y Wingate, en
Carolina del Norte, tuvo un accidente automovilístico, al carecer de papeles y
licencia de conducir se azoró, intentó huir de lugar de los hechos y fue
arrestada por agentes de la patrulla de carreteras del estado.

En el condado de Union, donde fue detenida, funciona
el programa de deportaciones Comunidades Seguras, mediante el cual fue
procesada, entregada al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladada a
una cárcel de Georgia.

Según la madre de la estudiante de 19 años, su hija
no fue presentada en una corte, ni tampoco, que ella supiera, un juez dio un
veredicto sobre los cargos estatales. "Simplemente se la llevaron", dijo.

Los progenitores de Consuelo contactaron al
periódico Mi Gente de Charlotte, para denunciar el hecho porque la chica ha
estado activa en el grupo de soñadores que luchan por el Dream Act, y la
muchacha había aparecido en varias ocasiones en la publicación, por ser una
estudiante ejemplar, haber obtenido becas, y participar en el movimiento que
aboga por cambios en el sistema migratorio.

En la casa de Consuelo tienen una foto enmarcada de
uno de sus viajes Washington, en la que aparece en un grupo junto al senador
republicano norcarolino, Richard Burr, al que los estudiantes han tratado de
convencer inútilmente de que cambie su posición recalcitrante y vote por la
legalización de los soñadores.

Pero a Burr, como a la senadora demócrata por
Carolina del Norte, Kay Hagan, poco les importa la suerte de los soñadores y
mucho menos sienten la presión del electorado hispano.

A 2,000 millas de distancia de Charlotte, en Tucson
(Arizona), se vive otro drama para los hispanos.

Las autoridades estatales arizonianas han
determinado borrar la historia de los mexicoamericanos por decreto y acabar con
los estudios de la experiencia chicana.

Encabezadas por los intolerantes que impulsaron la
normativa SB 1070, que criminaliza a los indocumentados, aprobaron el año
pasado otra ley, la HB 2281, destinada a prohibir los estudios étnicos en el
estado.

Actualmente, Arizona investiga al Distrito Escolar
Unificado de Tucson por su programa de Estudios Mexicoamericanos y a los
partidarios de las clases los están callando por la fuerza.

El pasado martes 3 de mayo, la educadora Guadalupe
Castillo, de 69 años, fue sacada por un contingente policial de la sesión de la
junta escolar de Tucson, por intentar leer la "Carta desde la cárcel de
Birmingham", que redactó Martin Luther King, durante su lucha por los derechos
civiles de los afroamericanos.

Otros activistas fueron detenidos durante la
acalorada reunión y Castillo declaró al periódico La Estrella de Tucson que "la
falta de respeto por esta comunidad tiene que parar".

Me temo que a la académica no le hagan caso, como
tampoco le presten atención a la estudiante soñadora.

Lo que sucede es que a los políticos no les importa
que haya 21 millones de votantes hispanos inscritos en el país y lo más grave
es que esos 21 millones de votantes latinos no se han enterado que ejerciendo
sus derechos pueden evitar las iniquidades.

 

      

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