Igual vimos como un
avión se estrellaba contra el Pentágono en Washington y las cámaras registraron
los restos pulverizados de otro avión que cayó en un campo de Pensilvania,
después de que los pasajeros se amotinaran e impidieran que siguiera su curso
de terror.

Ese martes era uno de
mis días libres en Univisión Online, pero de todas maneras me fui a la oficina
donde bullía la adrenalina.

De ese día, lo que
más me impactó fue ver como la gente se lanzaba al vacío desde los rascacielos
consumidos por el fuego y recordé los centenares de veces, que a finales de los
ochenta, hice transbordo en la estación subterránea del World Trade Center para
tomar el tren Path rumbo a Nueva Jersey, donde vivía un amor.

Lo que nunca imaginé
es que las acciones de terror, planeadas por Osama Bin Laden, terminaran
perjudicando a los indocumentados radicados en Estados Unidos y dieran al
traste con el arreglo migratorio que los presidentes George W. Bush y Vicente
Fox estaban contemplando.

Menos de una semana
antes de los ataques, los mandatarios de Estados Unidos y México intercambiaron
impresiones sobre el tema y por su experiencia como gobernador de Texas la
agenda internacional de Bush estaba orientada hacia el vecino del sur.

Pero el terrorista
más buscado del mundo, abatido el pasado 1 de mayo por fuerzas especiales
estadounidenses en Pakistán, lo había modificado todo.

Después del 11 de
septiembre se desató en el país un ambiente antiinmigrante, que convirtió a los
indocumentados en los chivos expiatorios de todos los problemas, dándole vuelo
a la teoría de la invasión, que ha sido hábilmente aprovechada por los
restriccionistas.

Es difícil hacerle
entender a los antiinmigrantes que en ese martes fatal hubo latinos y un
porcentaje de indocumentados que fallecieron víctimas de la acción suicida de
los miembros de Al Qaeda.

Estadísticas del
Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York concluyeron que cerca del diez
por ciento de los 3,000 asesinados por los seguidores fanáticos de Bin Laden
fueron hispanos, entre estos: mexicanos, colombianos, dominicanos,
ecuatorianos, peruanos, cubanos, hondureños, venezolanos, salvadoreños,
argentinos y españoles.

La Asociación
Tepeyac, organización comunitaria, con sede en Manhattan, documentó un centenar
de casos de indocumentados muertos, entre los que se contaban cocineros,
aseadores y proveedores de otros servicios.

Es casi imposible
hacerle entender a los intolerantes, que los autores suicidas de la tragedia
del 11 de septiembre ingresaron al país con visas legales estampadas en las
misiones estadounidenses en el extranjero, y que entre sus víctimas están miles
de latinos que participaron en las labores de limpieza de la Zona Cero, que han
experimentado el dolor de que sus vías respiratorias se pudran como
consecuencia del contacto con elementos tóxicos.

A la Asociación
Tepeyac acudieron más de 2,000 afectados, de los cuales 70 por ciento eran
indocumentados.

Por eso es inmoral
que en Carolina del Norte, el exconcejal  de Winston-Salem, Vernon
Robinson, hubiera impulsado hace unos años una protesta contra los "ilegales"
al frente al consulado mexicano en Raleigh, precisamente en un 11 de
septiembre. O que la exsenadora estatal Fern Shubert hubiera adornado su
fallida campaña para la gobernación en 2004, con imágenes del ataque a las
torres gemelas para relacionarlo con el otorgamiento de licencias de conducir a
los indocumentados.

Ahora que el
presidente Barack Obama se ha reafirmado en su puesto, desvirtuando las teorías
de conspiración sobre su lugar de nacimiento, y se ha apuntado el logro de
eliminar a Bin Laden, sería tiempo para que le hiciera justicia a los
indocumentados que se han sacrificado por este país.

Por el momento, para
empezar a cumplir sus promesas, podría usar su poder de discreción para parar
las deportaciones.