La presencia ilegal y el trabajo no autorizado por sí mismos no constituyen crimen federal alguno en los Estados Unidos.

Pese a ello, la administración Obama sigue adelante manejando la inmigración como un problema policial exclusivamente, renuente o incapaz de priorizar crímenes peligrosos por sobre el enjuiciamiento de inmigrantes indocumentados.

Los enjuiciamientos por infracciones migratorias no criminales (infracciones menores por ley) se incrementaron tres veces más en un 259 por ciento, en contraste con los enjuiciamientos criminales que crecieron 77 por ciento entre 2007 y el 2010.

El grueso de los enjuiciamientos criminales no fue por tráfico de armas, de drogas y la trata de seres humanos, pero sí por el ominoso crimen, a ojos de la Casa Blanca y del Congreso, de "entrada ilegal" a los Estados Unidos.

Contrario a la demagogia de hoy, la historia legislativa de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 –IRCA-  confirma que la decisión del Congreso fue la de "no criminalizar el trabajo no autorizado".

"Ni tampoco existe ninguna otra ley federal criminal que haga de la presencia ilegal en los Estados Unidos, por sí solos, un crimen federal," afirmó la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, asestándole un letal golpe a los "atricionistas" de Arizona, una culpa que la administración Obama comparte plenamente, pese a que actuó como fiscal en contra de la Ley SB 1070 de Arizona.

"Falta de liderazgo", "irresponsabilidad legislativa", "negligencia", "retrógrada", "doble", "agresiva", e "indiferente", Roxie Bacon ex asesora legal del Servicio de Inmigración y Ciudadanía –USCIS– no se guardó ningún calificativo para describir la verdadera naturaleza de cómo funcionan las cosas en Washington y su verdadera intención en materia migratoria.

Después de las cortes, han sido las poderosas corporaciones de Arizona –no la Casa Blanca ni el Congreso, mucho menos las milicias sanguinarias– las que ejercieron su influencia para reclamar una "reforma migratoria significativa".

En el caso de Arizona, contrario a las insensatas politiquería y demagogia del amedrentamiento, ha sido el poder del dinero el que se hizo escuchar y empujó nada más y nada menos que al Congreso de Arizona para que reverse su última tanda de legislación anti inmigrante.

Entre las decisiones de las cortes en defensa de la Constitución, y el sentido común-monetario de las corporaciones, quizá sea cuestión de tiempo para que el Congreso y la Casa Blanca vuelvan a sus cabales.  Pero la política y las chusmas son amantes caprichosos y nada saben de equidad y justicia para todos.