Con la promesa anticipada del gobernador Martin O'Malley
de firmarla como ley, los representantes estatales a la Cámara votaron en
Annapolis, la capital de ese estado, 74 a 66 a favor de la iniciativa y los
senadores estatales 27 a 19.

De esta forma,  Maryland se convirtió en el
undécimo  estado que, desde 2001, ofrece garantías económicas de educación
a jóvenes indocumentados, que desean continuar con sus estudios universitarios.

Los que se quedaron con los crespos hechos, fueron
los integrantes del grupo antiinmigrante Ayuden a Salvar a Maryland (HSM), que
ya amenazó con retar la nueva legislación, mediante un referendo, en las
elecciones de 2012.

"¿Cuánto tiempo creen que pasará antes de que el
senador estatal Víctor Ramírez y la delegada estatal Anna Sol Gutiérrez vengan
 llorando… para exigir becas completas y ayuda financiera para los pobres
estudiantes hispanos ilegales de Maryland"?, anotó desconsolada la organización
antiinmigrante en su sitio de internet, mostrando su animosidad contra los
legisladores estatales hispanos y la comunidad latina entera.

Otro que está desesperado con la aprobación del Acta
de los Sueños, es el delegado estatal Patrick McDonough, quien quiere voltear
la tortilla para impedir que los jóvenes soñadores tengan acceso a la
universidad y está solicitando ayuda de fundaciones nacionales que le colaboren
para lograrlo.

McDonough ha dicho que al pasar la legislación de
los sueños: Maryland "se ha convertido en una Disneylandia para los inmigrantes
ilegales".

Para calificar para los beneficios de reducción de
costo de la matrícula, los estudiantes  indocumentados deberán probar que
sus padres o representantes legales han pagado impuestos durante los últimos
tres años, haber estudiado tres años de secundaria en Maryland y haberse
graduado en ese estado.

La ley exige que los estudiantes completen dos años
de estudios en un colegio comunitario, con una equivalencia de 60 créditos,
antes de ingresar a carreras universitarias de cuatro años de duración.

También, deben inscribirse en el Servicio Selectivo
de Estados Unidos y comprometerse a solicitar la residencia legal tan pronto
como haya una oportunidad.

La aprobación de la SB 167, contó con el impulso de
los activistas Gustavo Torres y Kim Propeack, de Casa de Maryland, una
organización que ha luchado con denuedo en pro de una reforma migratoria
integral a nivel federal y la legalización de los indocumentados.

Igualmente, en contracorriente con la tendencia
antiinmigrante que ha imperado en los recientes tiempos revueltos, 22 senadores
demócratas pidieron al presidente Barack Obama, que suspenda por vía
administrativa las deportaciones de los estudiantes que podrían beneficiarse
con el Acta de los Sueños en el ámbito federal.

Los senadores no solo están pidiendo un alivio
migratorio a través  de una acción diferida a las deportaciones de los
jóvenes, sino que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) haga lo que nunca
ha hecho, mantener un record de los casos de los soñadores.

"Nadie sabe cuántos individuos elegibles para el
Acta de los Sueños están en proceso de deportación, cuántos han solicitado
acción diferida, y cuántos han sido deportados", dice la carta de los
senadores.

Y en otra misiva, el senador Charles Schumer le
pidió a Janet Napolitano,  secretaria del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS), que enfoque sus esfuerzos de la deportación de criminales en lugar de
expulsar, entre otros, a estudiantes sobresalientes y padres de hijos
ciudadanos.

Hasta ahora la administración de Obama ha sido
retrechera y asustadiza a los pedidos de alivio.

El propio presidente dijo que no podía ordenar una
moratoria a las expulsiones, el pasado 28 de marzo, durante un foro público
sobre educación organizado por Univisión.

Pero para decirle que "sí se puede" está el
congresista Luis Gutiérrez, quien realiza una gira por 20 ciudades para
recordarle al "presidente de la promesa", que "el cambio requiere coraje" y que
las familias deben permanecer unidas.