Conocida
por su alias "hostigamiento por aplicar la ley", la S.B. 1070 la criatura
engendrada en la mente del Senador Russell Pearce y concebida por su madre la
gobernadora Jan Brewer ha sido declarada constitucionalmente muerta.

Altas y
aún más elevadas cortes federales, primero en el distrito y luego en el
circuito en el lapso de 9 meses confirmaron que los Estados Unidos bien pueden
prevalecer sobre Arizona porque todos y cada uno, la Constitución, el Congreso,
y la Corte Suprema estadounidenses, ven y tratan a la inmigración de manera
diferente.

"Los
Estados Unidos es probable que prevalezca" sobre la S.B.1070 de Arizona,
declaró la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, afirmando la suspensión
preliminar que detiene la entrada en vigor de esa ley.

"¿Por
qué?" Claman sus desconsolados padres, ya que según ellos su desvariado
propósito era simplemente el de "cooperar" con las autoridades federales aplicando
la ley de inmigración.  La
respuesta simple provino de un precedente obligatorio de la Corte Suprema en el
caso Crosby (2000) que dice "Un fin común difícilmente neutraliza medios
conflictivos."

"La
idea de que el proyecto S.B.1070 de Arizona comparte un propósito común en
materia de inmigración con las Constitución, el Congreso, y la Corte Suprema
estadounidenses, simplemente no es verdad.

¿Aún
dudamos? "La ley estatal debe ceder ante una ley del Congreso en al menos dos
circunstancias…cuando el Congreso se propone que la ley federal 'ocupe ese
campo' (y) cuando naturalmente lo previene en la medida que presente algún
conflicto con la ley federal" explicó la Corte Suprema en el caso Crosby.

"No
estamos convencidos" dijo la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito esta
semana, refiriéndose a la voluntariosa "cooperación" de Arizona: "dado que los
Estados Unidos ha tenido que enjuiciar al estado de Arizona para detener la
aplicación de la S.B.1070, evidentemente Arizona no está "cooperando" con el
gobierno federal en ningún sentido de la palabra."

Equitativamente
diferenciando a las víctimas de los victimarios, la Corte de Apelaciones
estudió la Ley de Reforma de Inmigración de 1986 (IRCA), su historia
legislativa, y halló que la decisión del Congreso "fue no criminalizar al
trabajo no autorizado."

La ley
federal sí "provee protecciones antidiscriminatorias para los trabajadores no
autorizados, demostrando que el Congreso no se propuso permitir la
criminalización del trabajo" destacó la Corte de Apelaciones citando el código
8 U.S.C., sección 1324a.

"Nada
en esta ley permite el arresto sin orden judicial" sentenció la Corte de
Apelaciones refiriéndose a otra consecuencia de artificialmente criminalizar a
los inmigrantes, otra vez citando al código en 8 U.S.C. sección 1252c.

"Ni
tampoco existe otra ley federal criminal que haga de la presencia ilegal en los
Estados Unidos por sí sola un crimen federal" afirmó la Corte asestando así un
golpe letal a los "hostigadores" de Arizona.

No
podemos ignorar que un catalizador fundamental de la más sangrienta guerra que
los estadounidenses han experimentado fue el mismísimo tema de si algunos
estados podían aferrarse a la mano de obra esclava y al tráfico de esclavos.

¿Podemos
acaso ignorar las similitudes entre tráfico de esclavos y la moderna trata de
personas, entre trabajo esclavo privado de derechos humanos, e inmigrantes
indocumentados sometidos a arrestos sin orden judicial y criminalizados sin
derecho a juicio?

En la
semana que conmemora los 150 años de los primeros disparos de la Guerra Civil
Americana, la Cláusula de la Supremacía de la Constitución ha sido
oportunamente honrada.