Es
hora de que el Organismo de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF,
siglas en inglés) y su director en ejercicio, Kenneth Melson, comprendan eso.
Gracias a reportes de CBS News y de su periodista de investigación, Sharyl
Attkisson, la entidad se ve sumida en una desagradable controversia, que podría
acabar manchando al Departamento de Justicia.

            Es
difícil decir quién está más ansioso por llegar al fondo de lo que CBS denomina
escándalo "gunwalker" (traficante de armas) del gobierno de Obama —si los
funcionarios mexicanos o los republicanos de la Cámara de Representantes.

            El
procurador general de México ha exigido explicaciones del gobierno.

            Mientras
tanto, el representante Darrell Issa, republicano por California, presidente
del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara, citó
judicialmente a Melson para comparecer ante el comité el 13 de abril, trayendo
con él todos los memorandos, mensajes electrónicos y demás documentos relativos
a la operación de ATF denominada "Fast and Furious" ( súbita y furiosa en español).

            ¿Por
qué una citación judicial? Porque, según versiones mediáticas, cuando Issa
inicialmente pidió estos materiales en una carta del 16 de marzo, su pedido fue
ignorado.

            Centrada
en la frontera México-Arizona, la iniciativa "Fast and furious" fue parte de la
Operación Traficante de Armas (Gunrunner), que se suponía que debía detener el
flujo de armas de Estados Unidos a México.

            Así
es. No olvidemos que mientras los estadounidenses se quejan de que se
contrabandean drogas e inmigrantes ilegales al norte, también se contrabandean
armas y municiones al sur.

            Según
CBS News, la operación "Fast and Furious" permitió que los contrabandistas
"caminaran"(2) rifles de asalto y otras armas a través de la frontera hasta
llegar a manos de un cartel de drogas mexicano en un fallido intento por rastrear
a los líderes del cartel.

            Dos
agentes de ATF informaron a CBS acerca del programa. El agente John Dodson fue
el primero en denunciar lo que estaba pasando. Y después Darren Gil, que en
aquel momento era el principal funcionario de ATF en México, expresó a
Attkisson que su supervisor en Washington le informó que la operación fue más
allá de Melson y que había sido aprobada por un funcionario más elevado del
Departamento de Justicia. Tanto Dodson como Gil dicen haber expresado su grave
preocupación de que el organismo estaba jugando con fuego al permitir entrar
armas en México.

            CBS
dijo que nadie en el Departamento de Justicia quiso hablar con Attkisson sobre
las acusaciones. Un motivo podría ser que el departamento expresa que hay
investigaciones en curso sobre el asunto y sobre otros aspectos de la Operación
Traficantes de Armas.

            Entonces
para que quede claro: Tenemos al Departamento de Justicia que se está
investigando a sí mismo sobre un escándalo que podría, si se comprueban las
acusaciones, abochornar o incluso derrocar a una persona del departamento. Qué
conveniente.

            Por
ese motivo es necesaria una investigación en el Congreso. Issa quiere saber
todo lo concerniente a la operación "Fast and Furious". ¿Quién la creó? ¿Quién
la aprobó? ¿Quién la conocía?

            Esas
preguntas llevan a otra más importante: ¿Terminó una de las armas que se
permitió entrar en México en las manos del narcotraficante que mató al agente
de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en un tiroteo de diciembre?

            Según
CBS, el traficante que fue arrestado en conexión con el asesinato de Terry,
Jaime Avila, estaba siendo rastreado por ATF y dos de los rifles de ataque
involucrados en la operación se encontraron en la escena del crimen.

            Por
lo tanto, es posible que la falta de competencia de un organismo contribuyera a
la muerte de un agente de seguridad de otra rama.

            La
Casa Blanca conoce bien esta historia. Durante una reciente entrevista con el
locutor de Univisión, Jorge Ramos, se le preguntó al presidente Obama sobre el
controvertido programa de ATF. Aunque Obama concedió que la iniciativa podría
haber sido un "serio error", se apresuró a distanciarse del hecho —junto con el
máximo funcionario de seguridad de la nación.

            "Bueno,
antes que nada, yo no la autoricé", dijo Obama a Ramos. "Eric Holder, el
procurador general, no la autorizó. Él ha dejado bien en claro que nuestra
política es aprehender a los traficantes de armas y ponerlos en la cárcel."

            ¿No
muy Trumanesco, cierto? Aparentemente, cuando las cosas salen mal, Obama no
asume la responsabilidad. ¿Podría volverse esta historia peor? Claro que sí,
dependiendo de quién supo qué y cuán alto llega en el escalafón.

            Por
eso las respuestas que está procurando Darrell Issa son tan importantes y por
ese motivo el gobierno de Obama debe proporcionarlas —de una u otra manera.

© 2011, The Washington Post Writers Group