Otros fueron más circunspectos: "No
insultemos a individuos que han trabajado toda su vida y contribuido al sistema
durante 50 o más años insinuando que sus beneficios ganados son una asistencia
económica". Algunos sostuvieron que el Seguro Social, con un fondo en
fideicomiso de 2,6 billones de dólares, no afecta a nuestros problemas
presupuestarios.

            Incorrecto.
Como regla, no utilizo una columna para comentar sobre otra. Pero estoy
haciendo una excepción en este caso porque el tema es muy importante. Recuerden
que el Seguro Social, Medicare y Medicaid, los principales programas para los
ancianos, exceden el 40 por ciento de los gastos federales. Eximirlos de
recortes —como muchos norteamericanos prefieren, según las encuestas—
produciría déficits masivos, enormes aumentos fiscales o reducciones
draconianas en otros programas. Es una fórmula desastrosa para el futuro.

            No
llamamos al Seguro Social "asistencia social" porque es un término peyorativo y
los políticos no desean ofender. Por tanto, su retórica clasifica al Seguro
Social como otra cosa cuando no lo es. Yo defino un programa de asistencia
social de la siguiente manera. Primero, grava a un grupo para apoyar a otro
grupo, es decir que se paga a medida que se usa y no es un plan de
contribuciones en el que los mismos ahorros de la gente pagan sus beneficios
posteriores. Y segundo, el Congreso puede alterar los beneficios, como reflejo
de los cambios en las necesidades, las condiciones económicas y la política. El
Seguro Social cumple ambos requisitos.

            Comencemos
con su fondo en fideicomiso de 2,6 billones de dólares. ¿No demuestra esto que
los impuestos a la nómina fueron ahorrados para pagar beneficios futuros,
desconectándolos de nuestros problemas presupuestarios mayores? Bueno, no.
Desde los años 40, el Seguro Social ha sido un programa que se paga a medida
que se usa. La mayoría de los beneficios se pagan mediante los impuestos a la
nómina de los trabajadores de la actualidad; en 2010, esos impuestos cubrieron
el 91 por ciento de los beneficios. El fondo en fideicomiso de 2,6 billones de
dólares proporcionaría sólo 3,5 años de beneficios, que sumarían unos 700.000 millones
de dólares en 2010.

            El
fondo en fideicomiso sirve principalmente para canalizar los impuestos a los
beneficiarios y el gran excedente actual es un accidente, tal como muestra
Charles Blahous en su libro "Social Security: The Unfinished Work". En 1983,
cuando el fondo en fideicomiso estaba casi agotado, una comisión presidencial
propuso arreglos pero subestimó sus efectos. El gran excedente "se produjo. No
estaba planeado", dijo más tarde el director ejecutivo de la comisión. Aún así,
el excedente desparecerá a medida que el número de jubilados se eleve.

            En
forma similar, el Congreso ha alterado repetidamente los beneficios. De 1950 a
1972, los aumentó nueve veces, incluyendo una duplicación a principios de los
años 50. En 1972, indexó los beneficios por la inflación. La gente no se quejó
cuando los beneficios se elevaron, pero los posibles recortes desencadenan
ahora aullidos de que el "contrato" ha sido roto. No es cierto. En un fallo de
1960 (Flemming v. Nestor), la Corte Suprema rechazó expresamente el argumento
de que la gente tiene derecho al Seguro Social por un derecho contractual. Citó
la Ley del Seguro Social de 1935: "El derecho a alterar, enmendar o revocar
toda disposición de esta Ley queda por este medio reservado al Congreso". El Congreso
puede modificar el programa cuando quiera.

            Todo
esto hace que el Seguro Social sea "asistencia social". Los beneficios cambian;
no son estrictamente proporcionales a los salarios, sino que están sesgados
para favorecer a los trabajadores de menos ingresos —un juicio de valor que
refleja quién necesita más ayuda; y no se pagan mediante las propias
"contribuciones" de los trabajadores. Pero ignoramos estas realidades y
alentamos a la gente a pensar que se "ganaba" los beneficios y que el Seguro
Social está separado del presupuesto general. Los políticos, comentaristas,
expertos de think-tanks y periodistas se avinieron a esta farsa para
ahorrar a los 54 millones de beneficiarios del Seguro Social la incomodidad de
comprender que reciben asistencia social.

            Una
población relativamente pequeña de ancianos sostuvo esta ficción. Ahora, ya no
es posible. Contrariamente a la posición del gobierno de Obama, el Seguro
Social sí afecta nuestro problema presupuestario. Los beneficios anuales ya
exceden los impuestos a la nómina. La brecha crecerá. El fondo en fideicomiso
tiene bonos del Tesoro; una vez que éstos se cobren, el efectivo necesario
podrá obtenerse sólo con préstamos, impuestos o cortando otros programas. La
conexión entre el Seguro Social y el resto del presupuesto es brutalmente
directa. La críptica contabilidad del fondo en fideicomiso oculta lo que está
ocurriendo. Y lo que es igualmente importante, la manera en que tratemos el
Seguro Social afectará la forma en que tratemos Medicare y, en menor medida,
Medicaid.

            Puesto
que estos programas involucran una asistencia social para la clase media
podríamos llevar a cabo recortes sin causar penurias generalizadas. No todos
los ancianos son pobres. En 2008, la cuarta parte de las familias encabezadas
por una persona de 65 o más años tenía ingresos de más de 75.000 dólares. Sin
duda, la gente se indignaría. Tras haber sido mal informada, se sentiría
engañada. Pagaron sus impuestos, ¿por qué no pueden obtener todos los
beneficios prometidos? Pero la alternativa es mucho peor: imponer todas las
cargas sobre los contribuyentes más jóvenes y recortar otros programas
gubernamentales. El sacrificio compartido no tiene sentido si excluye a los
norteamericanos ancianos.

© 2011, Washington Post
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