Fue
en 1997, y yo era reportero en The Arizona Republic, en Phoenix. En el suburbio
de Chandler, equipos de oficiales de policía y de agentes de la Patrulla
Fronteriza indiscriminadamente detenían e interrogaban sobre su categoría
migratoria a cientos de inmigrantes ilegales y de hispanos nacidos en Estados
Unidos. Fue una idea mal concebida, que acabó costando a esa ciudad un montón
de dinero en demandas de derechos civiles y que dañó las relaciones de esa
comunidad hasta el día de hoy.

            Cuando
el jefe de policía de Channdler se puso al teléfono, le pregunté dónde habían
obtenido sus oficiales la jurisdicción para disfrazarse de agentes de
inmigración. Respondió que había un nuevo programa federal que permitía que la
policía local impusiera la ley de inmigración. El jefe se refería al proyecto
conocido como el programa 287(g).

            Su
denominación proviene de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y
Nacionalidad, una disposición que surgió a causa de una ley fallida de 1996, la
Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, que
proponía exclusivamente el cumplimiento de la ley migratoria. Esa ley, creada
por el representante Lamar Smith, republicano por Texas, prometía terminar con
la inmigración ilegal construyendo cercos a lo largo de la frontera y enviando
más agentes de la Patrulla Fronteriza. Y logró resultados tan magníficos que
aquí estamos, 15 años después, aún debatiendo qué hacer con respecto a la
inmigración ilegal.

            El
problema con la explicación del jefe fue que, tal como yo le informé, el
programa era en aquel momento tan nuevo que sus normas no habían sido aún
redactadas. La Redada de Chandler no fue el resultado de un acuerdo formal
diseñado en Washington, sino de una alianza de viejos compinches entre el jefe
de policía de Chandler y el supervisor de la oficina local de la Patrulla
Fronteriza. En otras palabras, los policías de Chandler actuaron por la suya.
Más tarde, el jefe trató de cubrir ese hecho sosteniendo que estaban
participando en un programa federal que aún no estaba en vigencia.

            Ahora,
según un nuevo informe del Migration Policy Institute, con sede en Washington,
parece que muchos organismos de seguridad locales y estatales están actuando
por la suya.

            El
informe reveló que el programa de cooperación no está funcionando como se
suponía. Bajo 287(g), sólo oficiales designados pueden participar en el
programa y sólo si han recibido capacitación especializada por agentes
federales de inmigración juramentados. Una vez en la práctica, esos oficiales
continuarían recibiendo supervisión por agentes de los Servicios de Inmigración
y Control de Aduanas(ICE, siglas en inglés) para asegurar que estuvieran
utilizando apropiadamente —y no abusando— su nuevo poder. Todo esto debía estar
detallado en un memorando de acuerdo.

            Eso
no está ocurriendo.

            Se
suponía que el programa operaría bajo los auspicios de ICE. Sin embargo, en la
práctica, los sheriffs locales y los oficiales del condado tienen un
enorme poder para decidir cuál es su blanco y si detener sólo a los inmigrantes
buscados por delitos específicos o chequear la categoría de todo inmigrante con
el que la policía entra en contacto. Es una fórmula para que se practiquen los
perfiles raciales.

            También
se supone que ICE debe establecer las prioridades del programa. ICE decidió que
la prioridad de seguridad debe ser arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales
que —además de la infracción civil de ingresar ilegalmente en Estados Unidos—
habían cometido delitos serios tales como robo, violación y agresión. Pero los
organismos de seguridad estatales y locales no siguieron esa directiva. Según
el informe, alrededor de la mitad de los inmigrantes detenidos para deportación
bajo el programa cometieron sólo delitos menores o violaciones de tránsito.

            No
es de sorprender. A las entidades de seguridad locales probablemente no les
importa el panorama general de reducir la criminalidad deshaciéndose de
delincuentes indocumentados. Es probable que quieran deshacerse de todos los
inmigrantes ilegales.

            Finalmente,
mientras se supone que ICE debe asegurar que el programa 287(g) se implemente
uniformemente en todo el país, el informe halló que hubo muchas variaciones en
lo que hicieron los organismos de seguridad individuales y cómo lo hicieron.

            Por
lo tanto, básicamente, es un caos en que cada uno hace lo que quiere —lo que es
irónico. Como gustan en recordarnos los restriccionistas de la inmigración, las
reglas importan. Tenemos una frontera permeable porque la gente no obedece las
reglas para ingresar en el país legalmente. ¿Es demasiado pedir que los
organismos de seguridad obedezcan las reglas al deportarlos?

            Aparentemente,
lo es.

            La
dirección electrónica de Ruben Navarrette es ruben@rubennnavarrette.com.

© 2011, The Washington Post
Writers Group