Los inmigrantes haitianos están siendo deportados a la fuerza de la República Dominicana.  Un episodio anterior de expulsiones masivas ocurrió en 1999 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que incluso dominicano-haitianos fueron expulsados ilegalmente.

"El Ejército Nacional captura 1.221 ilegales incluidos 55 niños" era el titular del periódico dominicano Listín Diario, y solo una semana antes Amnistía Internacional urgía a las autoridades dominicanas a detener la deportación forzada de haitianos.

Ni el titular anunciando la deportación de "ilegales" haitianos ni el reclamo por detenerlo fueron sorpresa;  lo anunció a principios de este año el dominicano director de Inmigración, Sigfredo Pared, aseverando que las repatriaciones se retomaban luego de un año de paréntesis humanitario por el terremoto.

La razón invocada fue el reciente brote de cólera en Haití que ya cobró 3.500 víctimas fatales, y el temor de contagio ante el reporte de 150 casos en la República Dominicana pero sin fatalidades.

Pese a las aseveraciones de no haber violado Derechos Humanos en este renovado esfuerzo por deportar haitianos, grupos de derechos humanos acusaron a las autoridades de detener e interrogar a la gente basadas en su sola apariencia física.

"A bebés étnicamente haitianos nacidos en hospitales dominicanos rutinariamente se les deniega certificados de nacimiento", según el reporte "Haití, la República Dominicana y más allá" preparado por el Minority Rights Group International y publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2003.  El mismo reporte denunció: "a diferencia de otros países, la República Dominicana no otorga ciudadanía ni estatus de residente permanente a gente que ha vivido en el país por muchos años".

El drama de cerca de un millón de haitianos en la República Dominicana refleja no solo la crisis de inmigración en los Estados Unidos, sino en algunos aspectos representa la más grande pesadilla que los inmigrantes indocumentados -incluidos los dominicanos-enfrentarían si prácticas comunes en la nación caribeña se implementaran en los Estados Unidos.

El manejo de la inmigración en la República Dominica hace las veces de prueba de ensayo que nos permite entrever qué pasaría en Estados Unidos si implementáramos sin más medidas policíacas de inmigración tipo Arizona SB 1070, si cambiáramos la Catorce Enmienda para denegar derecho por nacimiento a la ciudadanía, y nos consagráramos a la deportación masiva por la fuerza.

¿Podría un líder latino de la talla de Raúl Yzaguirre, veterano en las luchas de los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos, y que hoy sirve como embajador de EE.UU.  en Santo Domingo, inyectar alguna medida de equidad y humanidad al manejo dominicano de la tragedia de los inmigrantes dominicanos?

La falta de debido proceso, imperio de la ley, y justicia para todos es algo que fácilmente se atribuye a las naciones pobres y menos desarrolladas, pero si a la senda peligrosa de la discriminación y abuso de los desposeídos inmigrantes no se le pone coto, Estados Unidos efectivamente perdería su preciado papel de campeón de la libertad.