Mientras leía la contestación de Ernesto, de hablar después, me
estrellé  en la red social con el inconmensurable impacto que había
causado el atentado en el alma de los arizonianos y del país.

"Dios nos ayude", era una comunicación para él y otro recado le
agradecía el trabajo de informar sobre el hecho, por los artículos que había
escrito y que ya estaban disponibles en el sitio de internet azstarnet.com.
El comentario de "Neto" (sobre lo ocurrido) no pudo ser más diciente: "Que
tristeza. No tengo palabras".

Horas más tarde, el alguacil del condado de Pima, Clarence Dupnik,
 hizo un categórico llamado a la cordura durante una conferencia de
prensa.

"La ira, el odio, el fanatismo que
está aconteciendo en el país está llegando a ser atroz", dijo el sheriff, quien
agregó que Arizona "se ha convertido en la Meca de los prejuicios y la
intolerancia".

Dupnik
criticó el lenguaje incendiario de los locutores de radio y la televisión y
sugirió que la nación se haga una profunda reflexión.

Indiscutible
que la intolerancia de palabra caracterizó las discusiones sobre la reforma de
salud, y de igual manera marcó el debate migratorio, del cual Arizona ha sido
el principal campo de batalla.

La
intolerancia de praxis se dio en el ardiente verano de 2009, con los empujones,
manotones y escupitajos protagonizados por algunos asistentes a los
cabildos abiertos convocados por los legisladores federales para dialogar sobre
la propuesta sanitaria de la administración del presidente Obama.

La
intolerancia se reflejó precisamente en Tucson en la oficina de la congresista
Giffords, cuando fue vandalizada por su voto a favor de la reforma de salud en
marzo de 2010.

No
obstante, es paradójico  que precisamente una política tolerante como la
representante demócrata resultara víctima de una acción violenta durante un
encuentro con sus constituyentes y mucho más después de ser ella quien leyó en
la inauguración del 112 Congreso la Primera Enmienda de la Constitución, que
garantiza la libertad de religión, expresión, prensa y específicamente el
derecho de los ciudadanos de reunirse pacíficamente.

Algo
admirable de la democracia estadounidense es que en sus 234 años de historia no
hayan ocurrido golpes de estado y que la Guerra Civil haya sido la única
incidencia mayor en que las diferencias políticas fueron dirimidas a tiros.

Ojalá
este abominable incidente en Tucson, en el que una veintena de personas
recibieron impactos de bala, no modifique la usanza de los legisladores
federales de reunirse con sus electores y representados.

La
violencia en todas sus formas es inadmisible, incluso en situaciones
domésticas. Jamás se puede justificar, por ejemplo, que un padre asesine a
golpes a un vecino porque éste agredió a su hijo.

Se sabe
que el acusado del atentado, Jared Lee Loughner, tenía antecedentes de
tropezones con la justicia y que registró entre sus lecturas favoritas "Mi
Lucha" de Adolfo Hitler, el líder del nazismo.

También
se conoce por sus escritos en internet que se pronunció por desconocer el
actual gobierno, y un reporte de la cadena de noticias FOX indicó que según un
documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),  Loughner podría
haber estado influenciado en sus ideas por la publicación American Renaissance,
que produce un grupo calificado como supremacista, antiinmigrante y
antisemítico por el  Southern Poverty Law Center (SPLC). 

El
cuadro de sus víctimas fatales es sombrío: una menor de 9 años, nacida el 11 de
septiembre de 2001;  tres personas jubiladas, mayores de 75 años; el
director de relaciones comunitarias de la oficina de Giffords, de 30
años;  y el juez federal John Roll, de 63 años, que había emitido varios
veredictos a favor de los inmigrantes.

 Lo
que nos queda es desarmar los espíritus y orar
por la recuperación de Giffords, una congresista que ha abogado por tomar
medidas fuertes contra la inmigración ilegal pero que se opuso a la ley SB 1070
de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.