Ése
es el mensaje que Arizona debería haber comprendido hace 20 años, cuando los
grupos de los derechos civiles organizaron un boicot para castigar al estado
por su obcecada negativa a honrar al reverendo Martín Luther King Jr. con un
feriado estatal. La Liga Nacional de Fútbol Americano retiró el Super Bowl de
la zona de Fénix, lo que se estima que costó al estado 100 millones de dólares
y la Liga Nacional de Básquetbol informó al los Suns de Fénix que no se los
consideraría para ser anfitriones del All-Star Game (Partido de Estrellas).
Cuando los electores de Arizona finalmente se rindieron y aprobaron una
iniciativa de votación para crear el feriado en 1992, el negocio de las
convenciones, sólo en la zona de Fénix, había sufrido un revés de unos 200
millones de dólares.

            Ahora,
Arizona parece abocada a cometer nuevamente un suicidio económico —esta vez,
por el asunto de la inmigración ilegal. Tras un par de décadas de hacer la
vista gorda a inmigrantes ilegales que blandían martillos, cuidaban jardines,
hacían camas y ayudaban de diversas maneras a edificar ciudades como Fénix, los
Arizonianos dijeron a sus trabajadores inmigrantes que se hicieran humo, al
aprobar una dura ley cuyo objetivo era combatir la inmigración ilegal al
legalizar la práctica de los perfiles raciales y étnicos.

            Municipalidades,
organizaciones, corporaciones, funcionarios electos, individuos particulares e
incluso algunos países extranjeros quedaron boquiabiertos ante la idea de que
los latinos de tez oscura tuvieran que llevar consigo su certificado de
nacimiento, mientras los anglos continuaban haciendo la vida normal sin ser
perturbados. Por eso, anunciaron que no gastarían dinero en ese estado. Se
cancelaron convenciones, conciertos y viajes corporativos. Hasta hay una
campaña llevada a cabo por activistas para presionar a las ligas de béisbol a
que trasladen su Partido de Estrellas a otro lugar que no sea Fénix, el próximo
verano.

            Los
estudiosos han comenzado a examinar los daños ocasionados hasta el momento y
han hallado que un desastre producido por el hombre puede ser tan devastador
como un desastre natural. Según un reciente informe del Center for American
Progress, un centro de investigaciones liberal, la ley migratoria ha costado al
estado unos 141 millones de dólares en convenciones perdidas desde que la
gobernadora republicana, Jan Brewer, firmara la medida en abril. Con una
economía débil, una deuda ascendente, escuelas fallidas y un montón de
problemas adicionales que acucian al Estado del Gran Cañón, Brewer logró
cambiar de tema durante suficiente tiempo como para ganar la elección para la
gobernación, pero esencialmente le encajó la cuenta al estado.

            No
todas las noticias de Arizona son negativas. Según The Associated Press, el
turismo al Gran Cañón ha aumentado, como así también el número de huéspedes en
hoteles y centros turísticos en general.

            Aún
así, según el informe, la industria de las convenciones en Arizona ha recibido
un golpe. Sólo en los primeros cuatro meses después de firmarse la ley, los
hoteles perdieron lo que se estima son 45 millones de dólares. Las economías
locales perdieron unos 96 millones de dólares, halló el estudio. Las reuniones
y conferencias canceladas podrían llegar a costarle al estado casi 2.800
puestos de trabajo, 87 millones de dólares en jornales perdidos y más de 250
millones de dólares en producción económica perdida en los próximos años.

            Es
mucha tinta roja, considerando que un juez federal anuló la mayoría de los
elementos nocivos de la ley en julio. Arizona apeló el fallo, y está esperando
ahora un fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del 9° Circuito.

            Nada
de ello será una sorpresa para la comunidad de negocios de Arizona —incluyendo
a muchos republicanos— quienes han estado conspirando silenciosamente para
revocar la ley porque, tal como me dijeran algunos de ellos en una reciente
visita a Fénix, ésta ha dañado la marca Arizona, ha dificultado el encontrar
trabajadores y ha desalentado a compañías de otros estados a invertir en él.

            Tampoco
le sorprende a mi amigo, Javier Palomarez, quien trabajó en varias empresas de
Fortune 100 y es ahora presidente de la Cámara Hispana de Comercio de los
Estados Unidos. Mientras ni Palomarez ni su organización aprueban un boicot de
Arizona, está claro que Palomarez piensa que los legisladores estatales
cometieron un costoso error al permitir que sus emociones los controlaran.

            "Este
tipo de legislación no existe en un vacío", me dijo. "Viene con consecuencias
en la vida real".

            Palomarez
dijo que su organización —que defiende el libre comercio, la promoción del
comercio y el desarrollo de empresas— está "perpleja e indignada" de que los
líderes de Arizona, incluyendo a Brewer, no meditaran más cuidadosamente antes
de tomar sus acciones. También piensa que esto debería ser una historia con
moraleja para los legisladores de más de 20 estados que desean saltar al
precipicio junto con Arizona al obligar a la policía local a imponer la ley
migratoria federal.

            Es
una mala idea. Y, a fin de cuentas, una idea muy costosa.

(c) 2010, The Washington Post Writers Group