La Política de Eludir
Lo que es deprimente es que
esta pregunta ha sido obvia durante décadas, pero nuestros líderes políticos la
han evitado constantemente. Entre ellos encontramos a demócratas, republicanos,
conservadores, liberales y todos los presidentes desde Jimmy Carter,
particularmente Bill Clinton y George W. Bush, quienes sin duda comprendieron
el problema.
Nuestra
cultura política prefiere el engaño a la franqueza. Los liberales resolverían
el problema presupuestario imponiendo impuestos a los ricos y recortando los
gastos de Defensa. Vaya solución. El 5 por ciento más rico ya paga alrededor de
un 45 por ciento de los impuestos federales; pueden pagar más pero no lo
suficiente para balancear el presupuesto. Los gastos de Defensa constituyen un
quinto de los gastos federales; los déficits proyectados para la próxima década
son similares. No cerraremos el Pentágono. Los republicanos y los miembros del
tea party piensan que eliminar los "gastos de derroche" permitiría recortar más
impuestos. Sigan soñando. Los principales programas de gastos, el Seguro Social
y Medicare, son muy populares y tienen unos 50 millones de beneficiarios.
Entran
en escena Erskine Bowles y Alan Simpson, co-presidentes de la Comisión Federal
sobre Responsabilidad Fiscal y Reforma, con un plan. Congelar los salarios del
gobierno durante tres años, aumentar el impuesto a la gasolina en 15 centavos
por galón y elevar, lentamente, la edad requeridas por el Seguro Social para la
jubilación temprana y beneficios plenos. Esas edades son ahora 62 y 66 años; se
elevarían a 64 y 69 años alrededor de 2075. Sensatamente, los cambios no se
impondrían hasta 2012 para evitar amenazar la recuperación económica.
Lamentablemente,
el plan es más que nada una expresión de deseos. Limitaría los gastos federales
a 22 por ciento de la economía (producto bruto interno) y los impuestos a 21
por ciento del PBI. Estas metas representan modestos incrementos sobre los
promedios de 1970 a 2009: 20,7 por ciento del PBI para gastos; 18,1 por ciento
para impuestos. Pero mantener las metas supone que los costes de la asistencia
médica —el mayor factor en la expansión de los gastos— se reducen
significativamente. Bowles-Simpson tiene pocas propuestas para que eso ocurra.
Necesitamos
algo más poderoso: cambios presupuestarios que redefinan el gobierno para que
éste refleje las realidades sociales y económicas actuales. La expectativa de
vida más larga justifica elevar la edad requerida por el Seguro Social más
rápidamente de lo que Bowles-Simpson sugiere. Los jubilados más ricos deben
pagar más para recibir Medicare. De alguna manera debemos controlar los gastos
de la salud. Debemos eliminar los programas
que son ineficaces o que sirven a intereses limitados: subsidios al agro,
Amtrak y otros.
Para
comprender nuestra situación, examinen la tabla inferior (que he utilizado
anteriormente). Indica los impuestos y gastos federales como proporción del PBI
para 2006 (el último año "normal" antes de la crisis) y proyecciones para 2020
y 2035. Los pronósticos del Seguro Social, Medicare y Medicaid —que reflejan
los actuales beneficios— provienen de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Otras categorías de gastos se mantienen constantes como proporción del PBI. No
hay espacio para grandes emergencias ni programas nuevos. Aunque rudimentarias,
las cifras resultantes captan las crecientes presiones.
Presupuesto Federal como proporción del PBI
2006 2020 2035
GASTOS 20.1 24.2 28.9
Seguro Social, Medicare, Medicaid 8,3 12,4 17,1
Defensa 3,9 3,9 3,9
Otros gastos 6,2 6,2 6,2
Interés neto 1,7 1,7 1,7
IMPUESTOS 18,2
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DÉFICIT 1,9
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Es
de miedo. De 2006 a 2035, los gastos federales saltan del 20 por ciento del PBI
a casi el 29 por ciento. El Seguro Social, Medicare y Medicaid (incluyendo
Obamacare) dan cuenta de todos los aumentos. Los motivos: El mayor número de
ancianos causa el incremento de los gastos de salud. En 2035, la población de
65 y más años será un 93 por ciento mayor que en 2010. Los gastos de un
gobierno de mayor alcance requerirán un incremento fiscal de alrededor de un 50
por ciento. Si queremos evitar un aumento fiscal —y cumplir con los pagos del
Seguro Social y los beneficios sanitarios— tendremos que reducir otros
programas en alrededor de un 80 por ciento. (Y es probable que estas cifras
sean optimistas, porque suponen que los intereses y la deuda del gobierno se
mantienen bajos).
El
problema no es reducir el déficit. Es controlar los gastos en forma que parezca
socialmente justa, económicamente sensata y políticamente tolerable. Si somos
honestos —ningún partido lo ha sido— significa preguntarnos en qué medida
permitiremos que los beneficios de los ancianos sean una carga para los jóvenes
mediante impuestos más elevados, menor cantidad de servicios públicos,
crecimiento económico más lento y una seguridad nacional debilitada.
Todo
debate genuino debe ser desgarrador, porque el gobierno ha prometido más de los
que puede dar en forma realista y los beneficios más bajos o los impuestos más
altos harán que muchos se sientan, justificadamente, maltratados. Nadie estará
contento. Los liberales tendrán que aceptar considerables recortes en los
beneficios; y los conservadores, aumentos fiscales.
Reconociendo
esta lógica, los líderes norteamericanos han apartado sus ojos y sujetado sus
lenguas. El presidente Obama continúa esta ignominiosa elusión. Su Obamacare en
realidad empeora las cosas al aumentar los gastos menos controlables. La
recepción inicial del plan Bowles-Simpson ha sido tibia, como era de esperar.
Pero incluso si fuera aprobado por el Congreso, supondría sólo un primer paso.
(c) The Washington Post Writers Group
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