La democracia no puede limitarse a ser, también tiene que hacer. Y cuando se trata de democracias latinoamericanas, deben hacer mucho más.

Eso concluye un informe del 12 de octubre por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos. Los autores aplauden la adopción casi universal de la democracia y la transferencia pacífica de poder en la región por más de 20 años.

Pero mientras estos logros son componentes fundamentales del sistema democrático, a la larga éste debe derivar legitimidad y valor de su efectividad en satisfacer las necesidades de la población. Según eso, las naciones latinoamericanas, concluyen los autores, todavía tienen mucho que demostrar.

La región "ha vivido el período más prolongado de regímenes democráticos" de su historia, escribe Heraldo Muñoz, director regional para América Latina y el Caribe del PNUD, en la introducción. Sin embargo, agrega, "hay un problema de calidad en nuestras democracias".

Sin dar nombres, los autores advierten que las presidencias autocráticas socavan principios democráticos básicos como la separación de poderes y la rendición de cuentas. Analizan otros déficits y finalmente identifican tres áreas específicas donde todos los Gobiernos latinoamericanos deben mejorar: cohesión social, seguridad pública y tributación.

La cohesión social tal vez no parezca responsabilidad evidente de la democracia; pero, en el contexto latinoamericano, las condiciones que facilitan la peor inequidad del planeta y que debilitan la confianza entre miembros de la sociedad son incompatibles con ella. Los gobernantes deben, entonces, atender las desigualdades en ingresos, étnicas y de género, al igual que la informalidad laboral y la falta de servicios sociales básicos.

En años recientes, los regímenes latinoamericanos han avanzado en reducir las disparidades económicas. La región ha aplicado los aclamados programas de transferencias condicionadas que proveen asistencia a algunos de los sector más marginados de la sociedad. Por muchos considerados exitosos en reducir la pobreza, estos otorgan pequeñas sumas de dinero a madres que mantienen a sus hijos en la escuela y aseguran revisiones médicas regulares. Aun así, son limitados en relación con las viejas desigualdades sociales. Incluso dentro de su angosto campo de acción, la disparidad educativa evita que tengan un mayor impacto.

Marie Ruel, coautora del nuevo Índice Mundial de Hambre 2010 del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, afirmó que entre las madres pobres existe todavía una falta de conocimiento sobre las consecuencias a largo plazo de una inapropiada nutrición durante los primeros 1.000 días de la vida de sus hijos. Si bien el dinero ayuda a llevar alimentos más nutritivos a la mesa de los niños mayores, las madres embarazadas descuidan su propia alimentación y la de sus bebés.

La seguridad pública es una preocupación constante y prioritaria entre los latinoamericanos. Hoy, uno de cada cuatro homicidios y uno de cada dos secuestros ocurre en América Latina, una región con menos de una décima parte de la población mundial. La violencia pandillera va en aumento, cada vez más al servicio del crimen organizado y, en especial, el narcotráfico. Quizás, no sorprenda que 48 por ciento de los latinoamericanos, según AmericasBarometer, toleraría el retorno a un régimen totalitario si garantiza mejoras en la seguridad ciudadana.

Los Gobiernos regionales están luchando por encontrar formas efectivas de combatir el crimen común y organizado. Desafortunadamente, los esfuerzos de reforma policial y judicial han sido poco exitosos en general. Según el nuevo Índice sobre el Estado de Derecho del World Justice Project, emitido el 14 de octubre, estos sistemas "clasifican entre los peores del mundo", a menudo influenciados indebidamente por intereses públicos y privados.

El informe propone que los gobiernos latinoamericanos deben hacer de las reformas fiscales prioridades de política pública, con el fin de adquirir los medios necesarios para mejorar la seguridad pública y reducir las inequidades que subyacen bajo las discordias sociales. Actualmente, los impuestos son un arma de doble filo para los pobres: no son progresivos y no aumentan adecuadamente la capacidad del Estado para responder a la desigualdad.

Los Estados deben aumentar los impuestos directos al ingreso y la propiedad, en vez de continuar cobrando impuestos al valor agregado de productos y servicios que tienden a afectar a los pobres desproporcionadamente. También deben combatir la evasión de impuestos, que en varios países de la región supera el 50 por ciento.

Los autores del documento dan por sentado el hecho de que los Gobiernos latinoamericanos tienen la obligación de hacer más. Su idea de democracia, hay que decirlo, no es aceptada universalmente, en particular en Estados Unidos, donde actualmente existe un fuerte debate sobre la limitación del rol del Gobierno, especialmente en materia de ingeniería social.

Es interesante notar que muy pocos –en especial, en América Latina– retarían hoy la noción más expansiva de la democracia. El debate no se centra en más o menos, sino en cómo mejorar la democracia.