Con el desparpajo que la caracteriza, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dio a conocer el pasado 6 de octubre la cifra de deportaciones, correspondiente al año fiscal de 2010, que concluyó el pasado 30 de septiembre, sin que hubiera sorpresa en que constituyera un récord histórico.

El guarismo fue de 392,862, muy cercano al objetivo de 400,000 fijado en memorandos internos por funcionarios del Servicio de inmigración y Aduanas (ICE).

De esta forma, Napolitano confirmaba que se rompía la marca histórica impuesta por ella misma para el año fiscal de 2009, en el que 389,834 individuos fueron expulsados del país.

Lo segundo de lo que se ufanaba la funcionaria de la administración de Barack Obama, era el "supuesto" número oficial de indocumentados criminales sacados de Estados Unidos, que dijo habían sido 195,772.

Con la experiencia vivida en Charlotte, con el programa de deportaciones 287g, realmente tengo dudas acerca de la precisión de los datos de "criminales convictos" que le entregaron para que leyera la secretaria de Seguridad Nacional.

Con bombos y platillos en el otoño de 2006, el ex sheriff Jim Pendergraph del condado de Mecklenburg  celebró la puesta en deportación de los primeros mil "criminales" detectados en la principal cárcel de Charlotte.

A la conmemoración fue invitada Julie Myers, jefa del ICE, del gobierno de George W. Bush.

No obstante las mismas cifras del sheriff reflejaban que sólo 31 de los deportados eran criminales reales o "aggravated felons".

El resto de los expulsados eran individuos acusados de diferentes delitos e infracciones, pero que no habían sido juzgados o mucho menos habían cumplido penas en las prisiones del país después de ser sentenciados.

El término criminal se usó de una forma tan frívola que se le podría aplicar a cualquiera, incluyendo a los capturados por cometer infracciones de tráfico.

Me temo que con las cifras de Napolitano este pasando lo mismo.

Para causar impacto mediático, ICE suele sumar la cifra de individuos detenidos por  delitos graves o "felonies", que se clasifican como de primer nivel, con el número de los arrestados por delitos menos serios y delitos  menores o "misdemeanors", que se clasifican como de segundo nivel.

Esta vez fue así: Alrededor de 64,000, efectivamente correspondieron al nivel 1 y los otros 131,000 al nivel 2.

Cuestionable, que el montaje de los números siempre se haga de esa manera y  que el público general se lleve la impresión de que cifras tan altas de indocumentados correspondan a criminales.

Lo otro cuestionable es que se atribuya al programa de Comunidades Seguras el tremendo éxito de la expulsión de los indocumentados criminales.

Comunidades Seguras, es un 287g perfeccionado en el que el gobierno federal está gastando miles de millones de dólares y se anticipa que para 2013 este operando en todos los centros de detención del país, más de 3,000.

El programa de Comunidades Seguras, que permite verificar el estatus migratorio de los que ingresan por cualquier motivo a las cárceles del país, comenzó a aplicarse en Texas en 2008 y hoy funciona en más de 600 lugares del país.

Conjuntamente con el 287g, Comunidades Seguras ha tenido consecuencias devastadoras para la población indocumentada radicada en Estados Unidos, que ha estado esperando sin éxito un alivio migratorio.

Millares de personas, a las que el rótulo de criminal no les cabe, han sido deportadas.

Los dos programas han sido motivo de estudios que desmadejan la cruel realidad de que se trata de sistemas de deportación masiva con múltiples falencias.

Una muestra de esos reportes han sido los realizados por la investigadora Michele Waslin, del Centro de Política de Inmigración (IPC).

Entre tanto los grandes medios, tragan entero y le hacen  coro al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin cuestionar las cifras, ni tampoco los cargos, los procesos y las sentencias que se atribuyen a la mayoría de los expulsados.