Aunque no tuvo aquí mayor repercusión, cuando la secretaria de Estado, Hillary Clinton, habló el mes pasado de las similitudes entre los problemas de seguridad y narcotráfico de México y la situación de Colombia hace 20 años, funcionarios mexicanos mostraron su disgusto de inmediato.

Un día más tarde, en una inusual manifestación de disentimiento a alto nivel, el presidente Obama desaprobó las declaraciones de Clinton. En una entrevista con el diario en español La Opinión de Los Ángeles afirmó que lo ocurrido al otro lado de la frontera "no puede compararse" con lo que pasó en la nación sudamericana.

Las comparaciones son odiosas y Clinton se metió en terreno que los diplomáticos normalmente evitan. No ayudó que utilizara el término "insurgencia" para describir las actividades de los cárteles mexicanos de la droga. Este término debiera reservarse para organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que por más de cuatro décadas han luchado contra el Estado colombiano. Ningún otro país del hemisferio tiene una historia comparable.

Pero enfocarse en las diferencias pareciera ser un ejercicio mucho menos útil que identificar y sacar lecciones oportunas – para México y muchas otras naciones que enfrentan retos de seguridad similares – de la experiencia colombiana.

La violencia de las drogas que desestabilizó al país entero explotó en Colombia en los años ochenta y noventa. Sin embargo, en la última década, los secuestros se redujeron de 3.000 a menos de 100, la tasa de homicidios cayó en un 45 por ciento entre 2002 a 2008 y las masacres pasaron de más de 200 ocurridas en 2001 a menos de 26 el año pasado.

Colombia no habría logrado dichos avances sin antes reconocer que no podía seguir responsabilizando a otros de sus problemas en seguridad. Esta superación del mito de ser víctima de un mal foráneo se dio a partir del momento en que los magnicidios y los carrobombas llevaron la guerra a casa.

Bajo el mando del general Rosso José Serrano, una unidad élite de la Policía Nacional empezó a dar la pelea y logró su primera gran victoria con la muerte del líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, en 2003. Serrano pasó a dirigir una extensa reforma policial, despidiendo a más de 10 por ciento de la fuerza y ofreciendo mejores salarios y entrenamiento al resto.

La confianza pública en las instituciones comenzó a crecer. Para cuando el ex presidente Álvaro Uribe llegó al poder en 2002, prometiendo agregar miles de efectivos a las fuerzas de seguridad, la élite colombiana estaba dispuesta a pagar por ello. Tal como afirmó David Johnson, secretario asistente de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos, en un reciente evento del Consejo de las Américas, un importante paso en la transformación en Colombia ocurrió cuando todos los segmentos de la población se comprometieron y ayudaron a cubrir los costos de un sistema efectivo de seguridad nacional.

Ese todavía no parece ser el caso de otras naciones amenazadas por el crimen organizado. En México y Guatemala, por ejemplo, la tasa de impuestos es muy inferior al promedio regional. Funcionarios locales tienden a culpar a la abultada economía informal. Pero la informalidad laboral no es muy distinta en Colombia y aún así no fue excusa para que las grandes empresas rehusaran pagar más al fisco.

Por eso mismo, las reformas policiales, actualmente en proceso en diversas partes de la región, son esenciales y debieron haber empezado hace tiempo. Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional del presidente mexicano Felipe Calderón, dijo con franqueza en un artículo reciente de The New York Times: "Uno de los déficits de los últimos 20 ó 30 años en el desarrollo político de México (ha sido) que no construimos las instituciones policiales para prevenir el crimen".

Los funcionarios mexicanos ya dejaron de culpar a otros, lo que parece no estar ocurriendo todavía con otros líderes en la región.

En el mismo evento del Consejo de las Américas, el embajador guatemalteco Francisco Villagrán aseveró que Guatemala es "un país de tránsito" y advirtió: "Nosotros no causamos este problema". El problema es que organizaciones criminales transnacionales en la actualidad amenazan el control gubernamental en una tercera parte de los 22 departamentos guatemaltecos.

Buena parte del progreso colombiano no habría sido posible – o habría sido mucho más lento – sin el apoyo generoso de Washington: más de 7.000 millones de dólares otorgados desde el año 2000 hasta hoy.

En ese sentido, los líderes centroamericanos tienen razón al insistir en que los 248 millones de dólares que han recibido en los últimos tres años son, simplemente, una ayuda simbólica ante el reto creciente de las drogas. El 29 de septiembre, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, presentó en Washington un plan de seguridad para Centroamérica a un costo de 900 millones de dólares, que espera que la Administración Obama ayude a financiar.

El inconveniente es que mucho ha cambiado en Estados Unidos desde finales de la década de los noventa, cuando la alianza a favor del Plan Colombia tomó forma. Para entonces, había prosperidad económica en la nación norteamericana y se no estaba en guerra contra el terrorismo. Incluso, las fuerzas armadas estadounidenses vieron con buenos ojos un rol creciente en la guerra contra las drogas.

Funcionarios de Washington han sido claros en afirmar que no habrá grandes sumas disponibles para países latinoamericanos en esta ocasión. Y mientras intentan identificar la mejor forma de usar los recursos existentes, este momento es el más indicado para recordar lo que ha funcionado.