Los inmigrantes indocumentados están atrapados entre Pilatos y la chusma que clama por su crucifixión, poco importa si hay justicia o equidad.

La administración Obama se jacta del alto récord de deportaciones como resultado, según su propia admisión de "aplicar la ley con dureza" según declaró Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Doméstica DHS.   La justa aplicación de la ley no puede ser cuestión de dureza o laxitud.

 

Ostentando 392,000 remociones en el año fiscal, la DHS se asevera que esta cifra incluye "un número sin precedente de criminales extranjeros convictos" (casi 50 por ciento ó 195,000).  El hecho es que tan solo 7,000, ó 1.7 por ciento de aquellos "convictos" habían de hecho cometido crímenes violentos.  El grueso de los deportados resulta que son "convictos" por haber ingresado, re-ingresado, ó por sobreestadía en los Estados Unidos sin una visa apropiada.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ya expresó su desconfianza ante un gobierno incapaz de distinguir entre una infracción menor y una felonía, y denunció la interpretación de la ley "poco ortodoxa" y "carente de intuición".

Esta parodia de justicia se hizo evidente gracias a los datos de detención y deportación así como a comunicaciones internas de la DHS urgiendo a sus funcionarios para que incrementen las cuotas de deportaciones, hechos que se hicieron públicos gracias a la Ley de Libertad de Información.

Hoy, la administración Obama, rompiendo su promesa de "transparencia en gobierno" denegará acceso a la información detallada –incluyendo los cargos criminales específicos.  Esta prohibición afecta a entidades académicas como Syracuse University.  Colmando este abuso de autoridad con cinismo el gobierno ofrece entregar parte de la información a Syracuse University a cambio de un pago de $450,000.

La creciente evidencia de cómo se distorsiona y retrata a los inmigrantes cual violentos criminales es recibida con indiferencia por parte de la mayoría de medios de comunicación.

Lo opuesto es también verdad. Si algún inmigrante es asesinado, poco se dice y mucho se justifica.

Tomemos como ejemplo el asesinato de Luis Ramírez en Shenandoah Pa.  Mientras que el Departamento de Justicia por lo menos intenta levantar cargos por crímenes en contra de los Derechos Civiles de Ramírez, un columnista del Daily News en Philadelphia, Elmer Smith, ataca ese esfuerzo como si se tratara de "justicia torcida".

La justificación del señor Smith es que él "nunca apoyó enjuiciamiento por crímenes de odio".  Curiosamente el desafiante columnista declara: "aún el hecho de que estos dos hombres cometan homicidio impunemente no es suficiente para cambiar mi mente."

A semejante diatriba no la podemos dignificar como si se ampara en principio alguno;  he aquí un columnista que resiente la sola noción de que un "inmigrante mexicano" pueda invocar sus Derechos Civiles.

"Justicia torcida" como diría un profeta de la antigüedad es "decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno", y por mucho que le pese al contrariado columnista, "torcido" es su desvarío de que los Derechos Civiles son para proteger a una raza o grupo étnico y no al otro.