La perfidia contra los inmigrantes indocumentados no para y lo espantoso es que no hay quien le ponga freno a quienes los consideran un objetivo fácil en épocas previas a los comicios electorales novembrinos.

En el condado de Mecklenburg, donde se localiza Charlotte, la ciudad más populosa de Carolina del Norte, un funcionario público está pidiendo que el Departamento de Servicios Sociales local entregue al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la lista de padres indocumentados que han solicitado asistencia para sus hijos nacidos en Estados Unidos.

Se trata Bill James, integrante por el Partido Republicano de la poderosa Junta de Comisionados del Condado, quien en 2008 comparó a los indocumentados con "prostitutas y narcotraficantes".

Esta vez, James propone mediante la influencia de su cargo hacer lo que hicieron ilegalmente en Utah un par de burócratas irresponsables: intentar lanzar a seres inermes al abismo de la deportación.

De acuerdo con James, el sistema computarizado utilizado por el Condado para detectar "ilegales" estableció que hay 5.635 inmigrantes sin papeles que reciben ayuda pública a través de sus hijos estadounidenses, a los que él califica de "niños ancla".

Y lo peor es que sugiere que esos padres pueden ser un problema para la seguridad nacional.

"¿Cómo sabemos que no son terroristas vi viendo del dinero de las ayudas federales del Departamento de Servicios Sociales?", ha expresado James.

El comisionado pretende desconocer la Enmienda 14 de la Constitución que garantiza la ciudadanía a todo aquel que nace en territorio estadounidense y por ende su derecho a recibir los servicios que el gobierno provee y por los que pagamos con nuestros impuestos todos los contribuyentes.

Su queja amarga es que las leyes federales y estatales vedan la entrega de información acerca de esos progenitores a las autoridades migratorias.

No obstante, él insiste e introducirá su propuesta el próximo 5 de octubre en el pleno de la Junta condal.

James peca de omisión cuando no menciona por ningún lado que desde 1996 a los indocumentados se les prohíbe por ley federal recibir Welfare, estampillas de comida, Medicaid y la mayoría de los beneficios públicos.

Precisamente James revela en su esfuerzo para armar sus argumentos contra los inmigrantes sin estatus que a 139 solicitantes les fueron negados los servicios por ser inelegibles, porque no pasaron la prueba del detector de indocumentados del Condado de Mecklenburg.

El conservador Instituto Cato dio a conocer en agosto pasado un documento en el que claramente se demuestra que los indocumentados no vienen a Estados Unidos en busca de beneficios públicos sino de trabajo.

El reporte señaló que en el país sólo 6.2 por ciento de los extranjeros con estatus legal o que tienen hijos que califican solicitan cupones de alimento.

Pero ¿Qué busca James con este nuevo lance?

La respuesta es sencilla: crear un ambiente hostil contra los indocumentados y pescar en rio revuelto para consolidar la mayoría republicana en la Junta de Comisionados local, que hoy no controla su partido.

El asunto es que James, de facto será reelegido como comisionado por octava ocasión en las elecciones del 2 noviembre, porque el Partido Demócrata fue incapaz de ponerle un contendor.

Lo paradójico es que representa al distrito de Mecklenburg que concentra el mayor número de votantes hispanos, que con su apatía política habitual casi nunca hacen ninguna diferencia.

Entre tanto, los indocumentados de Charlotte siguen siendo deportados día a día por el programa 287g, al que los comisionados demócratas de la Junta Condal no se han atrevido ni a tocarle un pelo.