La juez federal que bloqueó gran parte de la nueva ley de inmigración en Arizona no se propuso asestar un golpe en pro de los derechos de los inmigrantes, sobre lo cual dijo muy poco.  Tampoco se propuso dictar cómo deberían ser las leyes de inmigración ó cuán estrictas.  Hizo un argumento más fundamental, uno que regularmente emerge en la larga y muchas veces fea historia de cómo América trata a los nos ciudadanos y otras minorías vulnerables.

El mensaje era que Arizona no puede instaurar sus propias leyes de inmigración y de política exterior.  No puede dictar al gobierno federal cómo aplicar sus leyes.  No le corresponde a ningún estado el tomarse el poder y trastocar las prioridades federales, en particular blandir una herramienta de aplicación tajante de la ley que hará daño a los hispanos, ciudadanos o no, que viven en ciertos barrios, lucen cierta ropa, conducen ciertos vehículos y hablan español ó un inglés con acento.

Una excusa a favor de la absurda nueva ley de Arizona es que tan solo se propone hacer el trabajo que el gobierno federal se rehúsa hacer.  Pero la S.B. 1070 es más perniciosa que ello.  Comienza con un grandioso propósito: "hacer de la atrición mediante la fuerza pública la política de todo gobierno y agencia estatal y local en Arizona."  "Atrición mediante la fuerza pública" es una teoría cocinada en los centros de pensamiento de extrema derecha –la deportación en masa es innecesaria, porque basta con suficientes leyes hostiles y su aplicación severa para que los inmigrantes ilegales decidan volverse a casa.

Esto es un producto de la demencia y de la crueldad.  Pero también constituye un dogma de fe entre los habitantes de Arizona que han trasladado el centro de la ira de la raza blanca en el debate nacional de inmigración a Phoenix, al igual que al autor de la ley el senador estatal Russell Pearce; la gobernadora Jan Brewer que se ha trepado a la cresta de la ola de popularidad a hombros de esta ley y a reunirse con el Presidente Obama; al Sheriff Arpaio, quien pasea a inmigrantes prisioneros por las calles de Phoenix y promete seguir las redadas en los barrios hispanos con o sin ley.

La jueza distrital Susan Bolton dijo que no les correspondía a esas personas determinar la política migratoria de los Estados Unidos.

Ahora mismo, al menos en Phoenix, las cosas se están complicando, con marchas, y protestas pacíficas enfrentándose cara a cara ante una cólera a punto de ebullición.

El pasado Viernes los lugartenientes del Sheriff Arpaio arrestaron a Salvador Reza, un líder en las protestas por los derechos de los inmigrantes, por razones que el fiscal no supo explicar.  Un vídeo muestra al señor Reza de pie y en silencio en un parqueadero, a distancia de la protesta al otro lado de la calle, cuando un cordón de policías lo rodea, lo esposa y se lo lleva detenido.  Esa era una escena de otra década ó de otro país.

Thomas Sáenz, presidente del Fondo de Educación y Defensa Legal de México-Americanos, vincula Arizona a la lucha de la era de los derechos civiles.  El llama a los políticos estatales los nuevos 'anuladores' ó quienes se oponen al gobierno, descendientes de segregacionistas sureños que lucharon por Jim Crow con la malograda teoría de que los estados tenían el poder de invalidar la ley federal.  Hizo falta intervención federal y protestas para tocar la consciencia de la nación y lograr comunicar este punto: Usted no puede tratar a la gente así.

El señor Sáenz nota lo contradictorio que los políticos de Arizona denuncien la ilegalidad de los inmigrantes mientras promueven su propio menosprecio por la Constitución.  ¿Exagera? Notemos lo que declaró la gobernadora Brewer en Fox News: "Es desafortunado que hace falta una pequeña ciudad ó un pequeño estado como Arizona para combatir al gobierno federal de los Estados Unidos, pero eso es lo que nos proponemos."

Traducido y Editado por AL DÍA