Gobernadora de Arizona apela al mandato judicial migratorio
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, alzó una apelación acelerada con el Noveno Tribunal Distrital de Apelaciones el 29 de julio tras el mandato judicial que sentara la jueza Susan Bolton del Tribunal Estadounidense Distrital, que obliga el cese de la mayoría de los componentes claves de la ley estatal migratoria SB1070.
"Arizona ha estado sufriendo la consecuencia de la inmigración ilegal y de la falta de actividades efectivas de parte del gobierno federal", declaró la apelación.
Una apelación acelerada requiere un panel de moción compuesto de tres jueces del Noveno Distrito, seleccionados al azar de un grupo de 45, para decidir si el mandato implica un "daño irreparable". Si es así, se levantaría, permitiendo que entre en vigencia total la SB1070.
"Haré batalla hasta el Tribunal Supremo, si es necesario, por el derecho de proteger a los ciudadanos de Arizona", dijo Brewer unas horas después que Bolton emitiera el mandato.
El fallo de Bolton dio cese a importantes componentes de Arizona SB1070 para que no entraran en vigor al día siguiente, a los 90 días de haber sido firmada la ley por Brewer.
Su fallo llegó a menos de 24 horas antes que se hiciera efectiva la ley con todo su vigor, justo en lo que agentes de la policía iban haciendo las preparaciones para efectuar su cumplimiento de último minuto.
Bolton dictaminó que si Arizona fuera a implementar SB1070, interferiría con políticas federales. El mandato judicial permite que el gobierno federal continúe con seguir las prioridades de interés público hasta que se alcance un juicio final, dictaminó Bolton, proveniente de Filadelfia y nombrada jueza federal por Bill Clinton.
El mandato judicial limita la mordacidad completa de SB1070 con no permitir que la policía cuestione el estado legal de una persona durante investigaciones de rutina y con eliminar la detención obligatoria de individuos que no logran verificar su estado legal en el momento de su detención.
Además, elimina la provisión de "muéstreme sus documentos", la cual requiere que los individuos porten en su persona a toda hora su documentación y prohíbe que las autoridades califiquen a una persona "trasladable" de los Estados Unidos ni que detengan a un individuo sin un auto de detención.
La ley retiene dos provisiones que molestan a los defensores de los latinos: 1) Mantiene la prohibición contra la contratación de inmigrantes indocumentados. 2) Permite que Arizona prohíba que ciertas ciudades del estado se conviertan en santuarios para los inmigrantes indocumentados.
Alessandra Soler-Meetze, directora ejecutiva de ACLU Arizona, le dijo a Hispanic Link que el fallo de Bolton era importante en cuanto a la definición de límites a la autoridad de jurisdicciones locales.
"Los estados que estén considerando implementar medidas similares han de tomar nota en definitiva del hecho que no pueden simplemente secuestrar la autoridad federal y crear sus propios proyectos migratorios que entren en conflicto con las prioridades federales y que en realidad no logran nada en cuanto a la protección de los residentes del estado", dijo Soler-Meetze.
Otras voces, como el grupo de defensa Puente, con sede en Arizona, no fueron tan acogedores. Mediante Twitter declaró que "¡No cumpliremos con la criminalización de nuestras comunidades! Un mandato judicial parcial no es una victoria".
La reacción de aquellos que están a favor de la ley de Arizona no se quedó atrás. Brewer dijo que el mandato era un "pequeño bache por el camino". Senador estatal por Arizona, Russell Pearce, autor del proyecto de ley, le dijo a CNN que redactó la ley teniendo en mente el Tribunal Supremo. Proyectó que se mantendría con un fallo 5 a 4 del Tribunal Supremo.
William Gheen, presidente del grupo Americans for Legal Immigration, también dio voz a su descontento.
"Hay una ola de ira que arrasa los Estados Unidos hoy", dijo Gheen. "Entre el 60 y el 80 por ciento del público estadounidense está a favor de la ley de Arizona, y los estadounidenses sienten que el presidente Obama y esta jueza han desbaratado la democracia, y les estamos dando aviso a todos los inmigrantes ilegales que se vayan del país cuanto antes dado el aumento en la ira del público estadounidense".
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