En julio 29 la 'atrición', es decir, "el desgate mediante constante acoso, abuso y ataque" de inmigrantes entrará en vigor como ley en Arizona.

En su demanda contra la S.B. 1070 de Arizona el Departamento de Justicia defendió el mejor criterio del gobierno federal por supuestamente "priorizar los arrestos, detención, enjuiciamiento y remoción de aquellos extranjeros  que representan mayor peligro a la seguridad nacional ó a la protección pública".

Los hechos desmienten aquel 'mejor criterio'.  "Los enjuiciamientos remitidos por la Policía de Inmigración (ICE) en…(marzo-abril de 2010) alcanzaron el mayor récord desde la creación de la agencia el 2005", reportó esta semana el centro TRAC de la Syracuse University que monitorea las prácticas del gobierno federal.

Aunque decepcionados con la presente fiebre de enjuiciamientos a inmigrantes, otra agencia del gobierno federal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), nos dio un aliento.

USCIS recientemente otorgó visas especiales a 150 trabajadores metalúrgicos de la India por considerarlos víctimas de "trata de personas".  ¿El motivo?  Las abusos laborales por parte de una compañía de plataformas petroleras en la Costa del Golfo, y los intentos respaldados por ICE de intimidar y deportar privadamente a trabajadores inconformes, configuran el crimen de "trata de personas".

"Trata de personas… incluye trabajos forzados e involucra violaciones significativas de las normas mundiales laborales, de salud pública, y derechos humanos," reza en su preámbulo la Ley de Trata de Personas 2000.

Para quebrar el ciclo de abuso alentado por un sistema de inmigración caduco, tenemos la certeza de que un gran número de inmigrantes indocumentados que hoy sufren serios abusos laborales pueden invocar los remedios otorgados por la Ley de Trata de Personas.

Otro viso de esperanza provino de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuando decidió que el gobierno federal no puede arbitrariamente clasificar a los no ciudadanos –legales e indocumentados- como si fuesen felones.

Un progreso notable en el manejo de casos de inmigración se daría cuando los gobiernos federal, estatal, y local se sujeten al principio declarado por la Corte Suprema de Justicia en el caso Carachuri-Rosendo v. Holder Fiscal General: "Las ambigüedades en la leyes penales mencionadas en las leyes de inmigración deberán interpretarse a favor de los no-ciudadanos".

Los únicos bastiones en los que los inmigrantes aún pueden buscar que se haga justicia son la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, y la Ley de Trata de Personas.