El estado de Arizona se encuentra cada vez
más cerca de establecer una milicia civil de 300 personas para la
vigilancia de la frontera con México, iniciativa que preocupa a
defensores de los derechos civiles en el estado.

La senadora
estatal republicana Sylvia Allen, principal impulsora de la propuesta,
sostiene que este es un tema relacionado con la seguridad pública de los
residentes de Arizona y que es responsabilidad del legislativo
responder a lo que calificó como una "crisis" generada por los carteles
de la droga.

En caso de ser aprobada, la iniciativa SB1083
establecería la Unidad de Misiones Especiales de Arizona, la cual se
encontraría bajo las órdenes del gobernador del estado y respondería a
desastres naturales y apoyaría labores de seguridad en la frontera,
otorgándoles inclusive el poder de perseguir y arrestar personas.

El año pasado la legislatura estatal otorgó la facultad a la
gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de establecer una milicia civil,
pero hasta el momento la mandataria no ha ordenado la ejecución de la
misma.

La nueva propuesta también obligaría a la gobernadora
nombrar a una persona que a cargo de la unidad especial y le da a esta
persona el poder de reclutar voluntarios y oficiales.

También otorgaría 1,9 millones de dólares para su funcionamiento.

Allen considera que la milicia civil también ayudará a luchar en
contra de grupos terroristas aunque no dio mayores explicaciones al
respecto.

La propuesta fue aprobada el martes pasado por un
comité del Senado estatal y se espera que sea analizada en los próximos
días por el pleno de esa cámara.

La idea de una milicia civil
en la frontera preocupa a activistas como Isabel García, directora de la
Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, la cual calificó de
"racista" y fuera de lugar la medida.

"El estado de Arizona
enfrenta una fuerte crisis económica, falta dinero en las escuelas y
estas personas (los legisladores) están pensando en dar más de un millón
de dólares para una milicia civil", dijo García en entrevista.

La regulación requiere solamente 40 horas de entrenamiento en armas
para los voluntarios, en comparación con las 500 que son requeridas para
los agentes del orden.

Para la activista, las consecuencias
serían "desastrosas" ya que teme posibles violaciones a los derechos
civiles de los residentes de las comunidades fronterizas.

Asimismo, indicó que los agentes federales que vigilan la frontera
reciben horas de entrenamiento y aun así se han dado casos en los que
sus acciones han sido cuestionadas, sobre todo cuando han disparado en
contra de inmigrantes indocumentados.

Esta no sería la primera
vez que una milicia civil operaría en la frontera de Arizona, ya que en
2005 la Milicia Civil de los Minuteman acaparó la atención a nivel
nacional por sus operativos de vigilancia, donde grupos de voluntarios
reportaban a la Patrulla Fronteriza actividades sospechosas en el
desierto.

El tema de la inmigración ilegal nuevamente está
ocupando la atención del legislativo de Arizona, controlado por los
republicanos, quienes también consideran una iniciativa de ley que
obligaría a las escuelas a llevar un récord del número estudiantes
indocumentados que están inscritos en ellas.

"Fue un paso
importante destituir al senador estatal Russell Pearce, pero como vemos
todavía nos falta mucho por hacer y luchar", dijo García.

Pearce fue el principal impulsor de la ley estatal SB1070, la primera en
criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados en EE.UU.

También impulsó leyes que actualmente se encuentran en vigor en
Arizona como la que castiga a los negocios que contratan a
indocumentados a sabiendas.

Pearce fue destituido el pasado mes de noviembre por los votantes durante una elección especial.