La Asociación Internacional de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) pidió que los países
de América Latina emprendan mayores esfuerzos por combatir la homofobia y
por reconocer los derechos de los homosexuales.

Según ILGA,
Argentina es el único país latinoamericano que permite el matrimonio
homosexual; Brasil y Colombia reconocen las parejas del mismo género;
Ecuador, Uruguay y la Guayana francesa otorgan menor rango a las uniones
del mismo sexo, y el resto de países del continente no cuentan con
legislación al respecto.

Esta es la radiografía de la
situación de la homosexualidad en América Latina retratada en el
"Informe sobre Homofobia Patrocinada por el Estado" difundido hoy por
ILGA, que vela por los derechos de esta comunidad en el mundo.

Los autores del informe señalan que la mayoría de los países
latinoamericanos han ratificado tratados internacionales que establecen
el principio de igualdad y no discriminación entre las personas sin
tener en cuenta su origen, etnia, o identidad sexual.

No
obstante, lamentan el lento avance del reconocimiento de los mismos
derechos otorgados a los heterosexuales a los homosexuales, y denuncian
que "no se haya hecho lo suficiente para parar la violencia" contra la
comunidad homosexual.

Con respecto al reconocimiento de los
derechos, el informe señala que ante la pasividad e inacción de los
gobiernos y los parlamentos, ha sido el poder judicial el que este año
ha defendido los derechos de los homosexuales.

Esto ha
ocurrido en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
reconoció el derecho de la lesbiana chilena Karen Atala a mantener la
custodia de su hija a pesar de vivir con su pareja también mujer.

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia garantizó los
derechos de pensión a un cura cuya pareja era también un hombre, según
señala el informe, que recuerda que estas sentencias se han obtenido
gracias a la movilización de activistas.

El texto acusa a la
Iglesia de tener un peso preponderante en las sociedades
latinoamericanas y de imponer un fundamentalismo conservador que niega
los derechos de la comunidad gay, los estigmatiza y los discrimina,
alentando, incluso a la violencia.

De hecho, el informe se
alarma del incremento de los casos de violencia contra homosexuales en
el subcontinente, especialmente en Centroamérica, por lo que pide "a
todos los países" que legislen para evitar la homofobia, y por ende los
actos de odio y violencia contra los homosexuales.

Asimismo,
el informe pide que se asegure que los Estados sean seculares y que se
impidan los discursos de odio promovidos por la Iglesia y grupos
fundamentalistas de la región.

ILGA solicita, además, que se
cierren todas las clínicas "de cura contra la homosexualidad", dado que
entienden que los preceptos que aseguran que la homosexualidad es una
patología deberían estar prohibidos y porque en dichos centros "se
aplican mecanismos de tortura".

Para todo ello, la entidad
solicita que se establezcan marcos institucionales específicos, con
recursos propios, para desarrollar políticas públicas con el fin de
erradicar estigmas y discriminación basados en la orientación sexual y
la identidad de género.