Activistas pro-inmigrantes rechazaron presiones contra la decisión de Illinois de abandonar el controvertido
programa Comunidades Seguras y aplaudieron una investigación anunciada
por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Este es un
programa que le ha mentido a la gente en Illinois y al propio Congreso",
dijo Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para
los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

En un
comunicado, la coalición que reúne a 130 organizaciones en el estado,
aplaudió la decisión de la Oficina del Inspector General del DHS de
investigar el programa.

"También aplaudimos a la representante
federal Zoe Lofgren (D-CA) del subcomité de inmigración por su
persistencia en reclamar y acelerar esta investigación", agrega.

Según Hoyt, "durante mucho tiempo el DHS ha operado como si
estuviéramos en Libia, donde las agencias de seguridad improvisan las
reglas sobre la marcha".

El gobernador de Illinois, Pat Quinn,
decidió a comienzos de mayo cancelar la participación del estado en el
programa iniciado en 2008 y desactivar Comunidades Seguras en los 26
condados adheridos.

Asimismo, el Senado estatal tiene a
consideración un proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja que
obligaría a un programa de ese tipo a enfocarse exclusivamente en la
deportación de indocumentados acusados de delitos graves.

Según cifras de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el 78 por
ciento de los arrestados en Illinois por el programa no tenían
antecedentes o eran culpables de ofensas menores.

Igualmente,
los condados tendrían la potestad de rehusarse a integrar Comunidades
Seguras en la eventualidad de que el gobierno se imponga en una demanda
ante la corte federal.

La investigación se centrará en
denuncias de que Inmigración ha desinformado a los estados sobre la
obligatoriedad del programa, y de que en el caso de Illinois ha
presionado a los departamentos policiales locales para que no cumplan
con la decisión del gobernador.

El alguacil del condado Lake,
Mark Curran, dijo a periodistas que fue contactado directamente por el
director de ICE, John Morton, para que revisara su posición contraria a
Comunidades Seguras.

"Mi respuesta fue que podría considerarlo
si ICE me asegura que solamente deportará a personas convictas de
crímenes serios", dijo.

Según ICIRR, Morton ha comunicado a
jefes policiales que su agencia continúa comprometida con el programa y
lo considera obligatorio.

En su opinión, una vez que el
proceso ha sido activado en un condado solamente ICE puede detenerlo,
por lo que una decisión como la adoptada por Illinois sería meramente
simbólica.

Asimismo, la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) y la representación de ICE en Chicago han dicho a través de
voceros que ni el gobernador Quinn, la policía estatal u otras unidades
del gobierno estatal pueden evitar que las agencias policiales compartan
huellas digitales de detenidos.

Scott Compton, vocero de la
policía estatal de Illinois, dijo que es rutina compartir las huellas
digitales de detenidos con el FBI, y que esta agencia puede luego pasar
la información al ICE aun cuando el condado o estado no participen en
Comunidades Seguras.

ICIRR divulgó hoy cartas de la
representante Lofgren al Inspector General de DHS, Charles K. Edwards,
donde solicita la investigación y éste acepta realizarla antes de fin de
año.

También una carta de Dan Cadman, quien fue hasta marzo
pasado el coordinador regional de ICE para Comunidades Seguras, quien
afirma haber sido despedido cuando se revelaron cabildeos para presionar
al condado Cook de Illinois, donde se asienta Chicago, para que se
incorporara al programa.

Cadman dice a Lofgren que se
convirtió en un chivo expiatorio porque "ICE necesitaba culpar a
alguien", después de sus "vacilaciones, cambios de política e
inconsistencia pública" sobre Comunidades Seguras.