Cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó SB 1070 el 23 de abril, liberó una cantidad de murciélagos y vampiros desde dentro de esa tumba gracias a unas maneras desquiciadas de pensar. Pero, ¿quién sabe? Tal vez así fue la intención desde un principio.

    La legislación que firmó Brewer permite establecer una red barredera dentro de la cual cada persona que vive en el estado está sujeta a la sospecha de no estar autorizada, no sólo en Arizona, sino en todo Estados Unidos, sin ningún derecho al trato por igual.

En un sentido, socava la autoridad federal y desciende a un nuevo nivel de bajeza de intromisión oficial, no visto desde tal vez la era de FDR, cuando se acorralaba y aprisionaba a japoneses-americanos durante la segunda guerra mundial.

    El mayor peligro es el pánico que intenciona la ley de Arizona y cómo el argot político hace trivial el caos que les acaecerá a las familias con miembros indocumentados – y la humillación para los muchos (principalmente hispanos) que se convierten en una clase de personas sospechosas.

    La gobernadora Brewer firmó SB 1070, aprobada por la legislatura estatal, después del asesinato por disparos el 27 de marzo de Rob Krentz, ranchero del sureste de Arizona, después que él reportara que había un “extranjero ilegal” en uno de los pozos de agua de su rancho y que lo estaba ayudando.

    Krentz, persona de naturaleza bondadosa, fue asesinado, sospechan las autoridades, por una persona que cruzaba ilegalmente la frontera. En el 2002, Krentz y su familia reportaron que habían entrado a robar a su casa ubicada en l 35.000 acres, con 1.000 cabezas de ganado. (Un grupo de ganaderos ha sugerido que se nombre SB 1070 la ley de Rob Krentz).

    Tal vez fuera la gota que derramó el vaso en cuanto a mantener una frontera bien reglamentada. La red barredera que propone la ley se extiende por todo el estado – en los centros comerciales, las gasolineras, los parques y lugares públicos – no sólo a lo largo de la región fronteriza. La intención de la ley se trata de mucho más que asegurar la frontera.

De hecho, la frontera desértica de Arizona tiene un historial de muertes, principalmente por estar los que cruzan la frontera expuestos a la intemperie (con frecuencia mujeres, a veces niños) caminando a la busca de un amigo, un pariente, una manera de hacerse la vida, casi nunca resultado de un asesinato. La posible excepción a esto ahora se está proponiendo como la regla.

    Es cierto que existen peligros asociados con los criminales que trafican seres humanos, quienes explotan a los inocentes, de los senderos y las redes de un centenar de años, y del azote de las bandas de narcotraficantes mexicanos quienes con sus contrapartes estadounidenses participan en el suministro de hábitos narcóticos.

Pero la parte desconcertante de la legislación estatal es el nivel sin precedentes de arbitrariedad que cautivará a la gente obrera, las esposas y las familias porque la policía puede detener a quién sea que tenga “aspecto” de indocumentado. Un congresista de Arizona afirma que él sabe quién es “ilegal” con ver los zapatos que lleva.

    Dios me libre.

    Y, ¿dónde están los republicanos y los demócratas propulsores de los “valores familiares” en todo esto? Es más probable que los inmigrantes sin autorización vivan en sus casas con sus esposas y sus hijos, el 78% de los cuales son ciudadanos estadounidenses, que lo hagan los residentes estadounidenses nacidos en los EE.UU. o los inmigrantes legales. La legislación termina por separar a las familias de nacionalidades diversas.

    Si la charada por completo no fuera un ardid cínico, se esperaría que los dirigentes del Tea Party y los libertarios hubieran amasado a sus miembros para unirse a las familias latinas, a los defensores de los derechos civiles, a los funcionarios electos y líderes laborales quienes protestaron la ley en Flagstaff el 25 de abril. Es una ley que tiene el aspecto, el sentido y la intención de un “estado policíaco” y la intromisión gubernamental que temen y contra la que protestan.

    Las cosas claras. En la práctica, la ley de Arizona se trata del poder, la furia y la retribución para satisfacer el apetito de castigar a los que han infringido una ley administrativa (el equivalente en función de un delito menor), con perseguirlos como si fueran criminales empedernidos.

    Es hora de volver a calibrarse y ver esto por lo que es. Un lector furioso me escribió: “Se avecina una revolución así lo quieran o no los hispanos. Se trata del gasto de dinero que no tenemos, de asegurar la frontera contra inmigrantes ILEGALES, de sentar cabeza en cuanto al islam militante, de sacar a los políticos que no concuerdan con nada de lo expuesto aquí, de eliminar programas que ya no podemos pagar, o sea, los que toman el censo”.

    ¿Revolución? ¿Hispanos? ¿Ilegal? ¿Islam militante? ¿Sacar a políticos? ¿A programas y los que toman el censo?

    Seamos coherentes. La furia y la retribución están alineando la política pública en contra del pensamiento y las soluciones racionales y cuerdos.

[José de la Isla redacta un comentario semanal para Hispanic Link News Service y es autor de The Rise of Hispanic Political Power (2003). Su último libro, auspiciado por la Fundación Ford, se encuentra en versión digital gratuita en www.DayNightLifeDeathHope.com. Comuníquese con él a: [email protected]].