En un país con casi 18 millones de habitantes, las condiciones de vida siguen siendo las de pobreza extrema para muchos.

A pesar del acelerado crecimiento económico en Chile – que el Banco Mundial ha relacionado directamente con el precio del cobre – el desempleo se ha mantenido relativamente estable, por la pérdida de impulso del “empleo asalariado”.

Hoy por hoy, la clase media chilena es el grueso de la población – representando el 84.9%, según el Ministerio de Planificación del Gobierno de Chile – pero existe un 15,1% de la ciudadanía que se encuentra sumido en la pobreza (alrededor de 3 millones de personas).

Muchos culpan de esto a la dictadura.

Como bien explicaba Manuel Riesco Larraín, en su texto “Desarrollo del Capitalismo en Chile bajo Pinochet” (Ediciones ICAL, 1989) y publicado por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), “el rasgo más general de la estructura socioeconómica de (Chile) lo constituye el dominio de las relaciones de producción capitalistas”, que durante el ocaso de la dictadura (1989), del total de personas ocupadas, más del 70% correspondían a asalariados, es decir, “personas que, por carecer de medios de producción, se ven en la obligación de vender su fuerza de trabajo para poder subsistir”.

Estos asalariados pasaron de ser “inquilinos tradicionales” en el campo a “obreros agrícolas”, cuyas expectativas de ser dueños de su propio terreno son prácticamente inexistentes dentro del sistema capital.

El efecto del sistema económico de la dictadura supuso una “acumulación y concentración de capitales de una magnitud realmente espectacular”, que se han perpetuado durante la época democrática de los últimos años, donde, si bien se ha recuperado gran parte de lo perdido en asuntos de libertades, el sistema económico se mantiene intacto, a través de la privatización de derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda.

Gran parte de la concentración de capital en el sistema económico chileno incluye al sistema inmobiliario, donde algunos pocos son dueños de muchos de los espacios y terrenos urbanos, lo que impide el acceso a viviendas o a espacios habitables por parte de los menos pudientes, aglomerando de esta manera a millones de personas en terrenos estrechos.

Es por ello que han surgido movimientos civiles que buscan obtener de manera independiente el acceso a “viviendas dignas”, como lo explica Natalie Arriagada, miembro del Movimiento de Pobladores/as por una Vivienda Digna.

“Este es un movimiento que está organizado en diversas comunas de Santiago. Maipú, Estación Central, La Pincoya y Santiago Centro”, habla Arriagada de su labor en la comunidad. “Nosotros luchamos por el derecho al acceso a la vivienda. Esa es nuestra bandera de lucha. Poder acceder a una vivienda digna y sin deuda”.

Según Arriagada, en Chile no existe una “política de vivienda”, y es ese el mayor problema en la población. “La vivienda no está regulada. Sólo existen algunos decretos, que siempre se ven modificados de acuerdo a los gobiernos de turno”.

Como explica la integrante del grupo, para poder acceder a una vivienda en Chile, se debe ajustar a los subsidios del gobierno y que están supeditados a la situación socio-económica de la persona – evaluados a través de una ficha social – que determina el tipo de ayuda que se puede obtener. “Están los subsidios vulnerables, emergentes y clase media. Pero también existe la postulación a través del Decreto 49 (postulación a nuevos terrenos), que es una medida colectiva donde se levantan Comités de Allegados, para poder acceder a la vivienda a través de una postulación en conjunto”.

La condición se vuelve más crítica porque a la hora de obtener los subsidios se necesita tener un sueldo base que justifique que la persona será capaz de pagar la deuda estipulada por el gobierno para lograr obtener un terreno propio. A través de este sistema, la gran mayoría de las personas contraen una deuda con altos intereses que no se logran pagar y que suelen minar la economía familiar por hasta 40 años.

Movimientos como el de Pobladores/as por una Vivienda Digna trabajan con personas desempleadas que no tienen los recursos para siquiera pagar una pieza (conocidos como allegados), y que deben convivir en casas de conocidos o familiares.

“Tenemos casos de vecinos que no tienen dónde vivir, y por las noches consiguen lugares donde tirar un colchón a mitad de la sala de algún familiar”, asegura Arriagada.

El trabajo de este tipo de movimientos consiste en la lucha constante, en la manifestación social y en la organización de núcleos de labor colectiva, que pretenden buscar espacios en desuso, y reclamar ante las empresas que manejan el monopolio hipotecario para lograr una salida “justa” para quienes se mantienen presos del sistema social.

“A la gente le cuesta entender o asumir que tiene una responsabilidad en su realidad propia. Siempre esperan que las instituciones les resuelvan el problema, cuando en realidad siempre fomentan la marginación y el allegamiento”.

Arriagada describe una realidad que se percibe en el ambiente de Santiago, sin necesidad de mayores explicaciones: la ciudad es un núcleo que se mantiene hermético, y expele a las personas que no logran acceder a los medios y los recursos necesarios. Según Arriagada, “la gente no tiene derecho a la ciudad. La pobreza se mantiene marginalizada en las afueras de la ciudad, desplazando a muchos y complicando la vida laboral de otros”.

Gran parte de los proyectos habitacionales de Santiago se realizan en la periferia de la ciudad, cuando la mayor parte de sus pobladores trabajan en el centro de la capital. Esto acarrea la fragmentación de los núcleos familiares y el aumento de la población de riesgo en adicciones y delincuencia.

Estos riesgos no son desconocidos. Según el director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) Patricio Bustos, durante el año 2016 “más de 28 mil personas recibieron tratamiento” de rehabilitación por consumo de algún tipo de tóxico, de los cuales el 39% corresponden a pasta base, y cuya población mas vulnerable son los niños y adolescentes en comunas periféricas.

En el caso de organizaciones autogestionadas como la del Movimiento de Pobladores/as – si bien mantienen un perfil político anticapitalista y son herederos del movimiento socialista de los años 60 en Chile – sostienen su condición “apartidista” y aseguran que luchan contra un “sistema neoliberal mantenido por los gobiernos después de la dictadura”.

“Nosotros no tenemos acceso a la salud, ni a la educación ni a la vivienda, y sin embargo somos los que sostenemos este país. Son nuestras mujeres las que cuidan los hijos de los ricos, son nuestros hombres los que forman la mano de obra del país, nosotros somos los que movemos este país”.

“Creemos que la organización popular es la herramienta que tenemos hoy en día para poder hacer fuerza en contra de este Estado que nos margina y nos desprotege”, asegura Arriagada.

La propuesta de la organización es la de recuperar espacios, reactivar mercados comunales y atender de primera mano las necesidades de la comunidad, manteniendo una organización que no depende de ninguna institución y que, frecuentemente, se ha visto enfrentando a las fuerzas del orden público en muchas manifestaciones.

Arriagada trabaja junto a varios colaboradores en un sistema de Comités articulados, particularmente en el llamado Comité Esperanza Popular, ubicado en una de las comunas con el índice de “allegamiento” más grande de la ciudad (Maipú), en la Villa San Luis, y organizan actividades como recuperación de casas abandonadas y eventos colectivos que dinamizan las comunidades y facilitan espacios de creación artística y de desarrollo (comedores y mercados populares, por ejemplo).

Cristóbal Saavedra, encargado de las redes y de comunicación de la organización, recuerda la recuperación de una casa que “era un basural”: “al no tener un lugar dónde organizarnos y llevar a cabo asambleas, decidimos tomar este espacio y levantar nuestra casa. Era un lugar dedicado al narcotráfico y a la prostitución y nosotros lo tomamos… a la fuerza”, asegura.

Intentando organizarse dentro de sus comunas, pobladores como Arriagada y Saavedra encuentran que los terrenos son propiedad privada de inmobiliarias, incluso dentro de las zonas más apartadas de la urbe.

“De los 18 kilómetros que quedan por construir en la Comuna de Maipú, los 18 le pertenecen a una sola inmobiliaria”, asegura Saavedra.

La respuesta, según recuerdan, ha sido siempre “enfrentarse”.

“Un grupo de trabajadores previos en la organización decidieron tomar la vía de la ‘acción directa’ contra una de las inmobiliarias más grandes del país, tomando los espacios, investigando, buscando la manera de volver la lucha más activa y la manifestación”, recuentan, y muchos enfrentan ahora citaciones judiciales.

Los jóvenes hablan de la manifestación y la expropiación de terrenos, en una lucha de David contra Goliat.

“Cuando nosotros levantamos las movilizaciones directamente contra el Estado, es porque es nuestro último recurso, y forma parte de un fenómeno social desde hace algunos años, donde el descontento social ya no se puede disimular más”, asegura Arriagada.  

“Todos los derechos que supuestamente existen aquí, son para mantenerte endeudado. Si quieres estudiar, tienes que endeudarte; si tienes un familiar enfermo y lo tienes que operar, tienes que endeudarte; y si quieres una vivienda, también. Cuando no te alcanza el poco dinero del sueldo para cubrir todos los gastos, entonces vienen y te embargan la casa, y te devuelven a la miseria”.

Sus movilizaciones han tomado Ministerios y hasta la Cámara Chilena de Construcción, en contra del fomento de la privatización y de la banca privada, y hoy por hoy aseguran que su lucha va más allá de la vivienda.

“Esta es una lucha contra la miseria”, sentencian.