Un perdón presidencial no es una amnistía universal.

Así lo asegura el grupo de investigación y activismo legal por la democracia Protect Democracy, compuesto por ex alumnos de la administración Obama, quienes introdujeron la semana pasada una demanda en la que argumentan que el presidente Trump abusó de su autoridad al perdonar a Arpaio, ex alguacil de Arizona reconocido por sus constantes violaciones a los derechos de inmigrantes y quien fuera partidario de la campaña presidencial desde el día uno.

El día 11 de septiembre, Protect Democracy – un grupo no partidista y sin ánimos de lucro, introdujo un amicus curiae – una presentación realizada por terceros ajenos a un litigio – en una corte federal, argumentando que el perdón presidencial a Arpaio es inconstitucional y no debería entrar en efecto.

El informe incluye una comunicación al Departamento de Justicia, firmada en conjunto con el grupo Free Speech, que fue introducida el mes pasado.

Según explica la demanda, si bien el perdón presidencial tiene un poder amplio, no es absoluto. “El poder del perdón no sobrepasa el resto de la Constitución”, explica el grupo legal en su portal web. “El perdón a Arpaio viola el proceso debido de la ley en el corazón de la Constitución así como la separación fundamental de los poderes que contempla la Carta Magna”.

El documento ha sido introducido en respuesta a la moción del ex alguacil en la que solicitaba a una corte la desestimación completa de su condena, ante lo cual Protect Democracy ha solicitado a la corte la designación de alguien que contrademande la solicitud de Arpaio “en el caso de que el Departamento de Justicia no evalúe vigorosamente estos argumentos”.

Según continúa el informe, “el perdón a Arpaio no ejecuta fielmente la ley; envía un mensaje de que los funcionarios públicos, mientras sean aliados del Presidente, pueden no cumplir con la ley en lo absoluto. El presidente no puede utilizar el poder del perdón para invitar a otros funcionarios públicos a violar los derechos constitucionales de la gente”.

La trayectoria del ex alguacil es ampliamente conocida, después de que instaurara una prisión en medio del desierto donde los prisioneros, de mayoría inmigrante, eran sometidos a altas temperaturas al aire libre. Aún tras haberse negado a cumplir una orden judicial que le obligaba a dejar de perseguir ciudadanos con un perfil racial específico, Arpaio fue perdonado por el presidente Trump, quien contó con su apoyo desde el primer día de campaña electoral.

El colectivo de abogacía ha decidido dirigirse directamente a la Jueza de Distrito Susan Bolton, quien supervisa el caso del ex alguacil, y quien ha cancelado la audiencia sobre el caso sin desestimar la condena. Por el contrario, la jueza ha planificado una audiencia pública para el día 4 de octubre en donde se escucharán los argumentos a favor y en contra de la desestimación de los cargos.

Para leer el informe completo de Protect Democracy, hacer clic aquí.