En cualquier desastre a gran escala hay asuntos que tardan en aclararse mucho más tiempo que la polvareda, la lluvia y el viento que lo arrasó todo. No es hasta que comienzan a recogerse los pedazos que dejó a su paso cuando empezamos a descifrar algunas de las causas secundarias que intervinieron en el siniestro –la construcción defectuosa o los andamios ya rotos que facilitaron la tragedia– por muy natural que fuera la acción inicial.

Para los 3,8 millones de puertorriqueños cuyas vidas cambió el huracán María, el polvo aún no se ha asentado. La imagen completa de lo que sucedió hace un año, cuando la tormenta de categoría 4 azotó la isla, y las secuelas del peor desastre natural al que ha asistido la región en casi un siglo sigue estando borrosa por la incompetencia y la ignorancia deliberada.

El número oficial de muertes ofrecido por el gobierno de Puerto Rico, tras una investigación llevada a cabo por un equipo de la Universidad George Washington contratado por las autoridades de la isla, se anunció el pasado 29 de agosto. Se estableció en 2.975 personas, una cifra 46 veces mayor que la que tanto el gobierno de Puerto Rico como el de los Estados Unidos –cifrado en 64 fallecidos– mantenían como oficial hasta casi un año después del desastre. Un estudio independiente de Harvard, publicado hace meses, estimó un número aún mayor: 4.645.

El profundo efecto de ese largo silencio oficial ante la pérdida de miles de vidas ha sido devastador para quienes sobrevivieron y tuvieron que recoger los restos tantos físicos como psíquicos. Al menos ahora ya hay una cifra reconocida de manera oficial, lo que permite comenzar a dibujar la catastrófica destrucción que el presidente Donald Trump, al visitar la isla en las semanas posteriores al desastre, rechazó mientras lanzaba rollos de papel a la multitud y afirmaba que FEMA había hecho "un trabajo asombroso" y que 'María' no fue una "catástrofe real" como el huracán Katrina. Una estrategia de evasión que ha continuado empleado incluso después del reciente anuncio del número oficial de fallecidos, el cual tampoco reconoció en una conferencia de prensa celebrada el pasado miércoles.

"La administración mató a los puertorriqueños con su negligencia. La administración Trump nos hizo creer que estaban ayudando cuando no estaban a la altura, y tampoco permitieron que otros países nos ayudaran", clamó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz a CNN el miércoles pasado. "Es una vergüenza que el presidente Trump ni siquiera una vez, ni siquiera ayer, haya dicho: 'Mire, me duele el pueblo de Puerto Rico’”, aseguró Cruz, quien se ha convertido en una figura icónica de la disidencia.

El modus operandi de la ‘administración Trump’ solo reafirma lo que ha demostrado con muchas de sus decisiones y políticas previas: una indiferencia hacia la isla que se traduce en el clásico tratamiento colonialista. Uno de los mejores ejemplos de esa actitud es la Ley Jones, que data de 1920 y que prohíbe el ingreso de barcos o cargamentos no estadounidenses a los puertos de la isla, lo que se traduce en un encarecimiento de los productos que llegan al país. Una medida que resultó fatal después del paso de 'María', pues impidió que Puerto Rico recibiese suministros desesperadamente necesarios y la ayuda enviada desde otros países en los momentos inmediatamente posteriores a la catástrofe.

El fallo autoadmitido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a la hora de prepararse adecuadamente y responder al huracán María es otra de los aspectos más flagrantes de este rompecabezas; independientemente de que este organismo haya canalizado $2.600 millones en ayudas a Puerto Rico desde el desastre, y que su respuesta a 'María' represente la misión más prolongada de alivio de alimentos y agua en la historia de la agencia.

En un informe interno, hecho público el 12 de julio, FEMA reconoció que no estaba preparado para una tormenta como el huracán María en la región, ya que el 90 por ciento de los suministros de emergencia almacenados en la isla se habían agotado después de ser enviados a las Islas Vírgenes tras el paso de 'Irma' el 7 de septiembre. Además, la agencia se encontró con múltiples problemas para llevar a cabo los esfuerzos de ayuda en el terreno, debido a los limitados medios de comunicación y a la falta de conocimiento de la infraestructura de la isla.

Todavía quedan pendientes muchas explicaciones sobre el antes, el durante y el después de tragedia; pero para las 2.000 familias puertorriqueñas que tuvieron que mudarse a Pensilvania después de la tormenta –el segundo estado en número de evacuados por 'María', tan solo por detrás de Florida– el después todavía sigue y se presenta como un camino difícil y aún sin dibujar.

Pocos conocen mejor el daño infligido por 'María' y la lucha para sobrevivir dentro y fuera de la isla como Charito Morales. Esta activista y organizadora comunitaria en Providence Center –enfermera puertorriqueña y “guerrera" en todos lados, como la describió un miembro de su familia– fue una de las primeras en responder en la isla después del golpe del huracán. Ella se unió al equipo de rescate que voló desde Filadelfia el 21 de septiembre. Allí se centró en la atención médica a los heridos, ayudando a establecer clínicas ambulatorias donde tratar a los más necesitados.

Poco después de regresar a Estados Unidos (el 20 de diciembre), Morales se dio cuenta de algunas de las 900 familias que buscaron refugio en el área metropolitana de Filadelfia también se encontraban en situación de necesidad. A medida que se aproximaba el 13 de febrero, fecha límite para la Asistencia Federal para Viviendas Transitorias (TSA) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Morales y otros líderes comunitarios se movilizaron y realizaron una protesta frente el ayuntamiento (el 12 de febrero) para pedir una extensión y un mayor apoyo a las necesidades de las familias evacuadas.

También abrieron la biblioteca y el Providence Center a las familias en el área que había sido desplazadas, creando una hoja de cálculo para registrar nombres e información de contacto. Además, ayudaron a muchas familias que no calificaban para el programa TSA de FEMA o tuvieron dificultades con el proceso y proporcionaron registros precisos debido a la situación de apagón en la isla, usando el espacio comunitario de Providence Center para recopilar colchones, muebles, comida y otras donaciones.

Pero Morales se dio cuenta de que había otra pieza olvidada en proceso de recuperación."Entiendo que los padres estaban realmente frustrados porque necesitaban los servicios... [Pero] nadie pensó en los jóvenes", dijo Morales, señalando que estos últimos estaban haciendo frente a grandes cambios mientras navegaban por un idioma y una cultura diferentes.

Por ello, Morales decidió tomar medidas, estableciendo un grupo regular de 48 estudiantes, la mayoría de ellos pertenecientes a  familias trasladadas desde Puerto Rico, lo que les permitió conectarse entre sí y, como lo expresó Morales, "hacerse un hueco en la comunidad en la que viven". Gracias a ello, ahora participan en proyectos como jardinería comunitaria, pintura de murales y otros muchos.

Durante una tarde lluviosa de un viernes de finales de agosto, este grupo discutió sobre su próximo proyecto con Pennsylvania Horticultural Society, en el marco del cual plantarán árboles en el vecindario. La estancia era ruidosa, como ya advirtió Morales, algo que ella también interpreta como una señal de la comodidad que sienten los niños cuando entran por la puerta.

Chris Joel Morales (de 18 años) asegura que aunque él y su hermana, Judy Morales (de 16 años) conocieron a otras familias desplazadas en el hotel donde se hospedaron cuando llegaron a Filadelfia, la clase del Providence Center fue lo que realmente les ayudó a sentirse más como en casa.

Judy Morales está de acuerdo. "Me ha ido bien, hice amistades. Cuando llegué no tenía amistades, ni nada", confesó la joven.

La reunión en el Providence Center del norte de Filadelfia se asemeja a una que tuvo lugar una tarde de mediados de agosto en una iglesia en medio de los campos y las casas de ladrillo de Reading (Pensilvania), donde un grupo de niños desplazados por el huracán María habló sobre su viaje.

"En algún momento, pensé que iba a morir", dijo Tamayríz López (10 años) cuando describió la devastación de la tormenta: techos arrancados, 50 días sin agua ni electricidad, las historias de vecinos de su ciudad natal, San Sebastián, que perecieron... Una situación que llevó a ella y a su familia a tomar finalmente la decisión de mudarse a Pensilvania el 17 de noviembre de 2017.

Sin embargo, no fue hasta esa semana de agosto, cuando López participó en el programa de una semana 'Camp Noah', de la Iglesia Luterana St. Luke's en Reading; en él pudo hablar sobre su experiencia con sus compañeros, también desplazados a causa de 'María'. Este campamento, que los organizadores esperan replicar en Filadelfia el próximo verano, fue un ejemplo de lo que Julia Menzo, copresidenta de las Organizaciones Voluntarias Activas en Desastre (VOAD) del sureste de Pensilvania y directora de extensión comunitaria en Liberty Lutheran, describió como un componente necesario en el proceso de recuperación "espiritual y emocional".

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Menzo representa a VOAD como miembro del Comité de Recuperación a Largo Plazo del Filadelfia (GPLTRC), una coalición de organizaciones que se formó en marzo y busca reforzar el apoyo a largo plazo de los evacuados a causa de 'María'.

La fecha límite del TSA se ha extendido una vez más, hasta el 14 de septiembre, pero la vivienda sigue siendo una de las necesidades más urgentes. Y aunque la reciente visita del gobernador Tom Wolf a la isla es una señal prometedora de colaboración futura, aún no ha habido un acuerdo formal con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, para establecer Pensilvania como un estado de emergencia que permita as familias puertorriqueñas desplazadas acceder a fondos federales.

Al menos en el área de Filadelfia, algunas familias de TSA y otras 30 evacuadas pudieron obtener viviendas permanentes a través del programa de ‘super preferencia’ designado por la Autoridad de Vivienda de Filadelfia para supervivientes de desastres naturales.

Viviana Luis Hernández, cuyos tres hijos participan en el grupo del Providence Center, se encuentra entre los que se beneficiaron del programa de ‘super preferencia’ de PHA, lo que le permitió mudarse a su propio departamento alquilado el 28 de junio. Hernández llegó al continente el 5 de noviembre después de vivir casi dos meses sin electricidad ni agua corriente, cerca de la presa de Guajataca, que el huracán casi destruyó. Ella y su familia planean quedarse en Filadelfia, ya que, por ahora, sus hijos están obteniendo buenas calificaciones y aprenden inglés. El punto de vista de Hernández coincide con la gran mayoría de los puertorriqueños desplazados en el estado que, según Menzo y Morales, están más inclinados a establecer un hogar aquí que a arriesgarse a regresar a una economía que estaba deprimida incluso antes de la tormenta.

La esperanza para muchos puertorriqueños dentro y fuera de la isla no ha venido del gobierno federal, sino de la fe en su propia gente: su capacidad de recuperación conjunta y su determinación colectiva de seguir adelante. Justo en las páginas de esta publicación ha quedado claro cómo los puertorriqueños, desde las superestrellas hasta los héroes locales, se han lanzado para dar vida a la frase que muchos han apoyado: "Puerto Rico se levanta”.

Sin embargo, Morales advirtió que este eslogan no es suficiente para garantizar una recuperación verdadera y sostenible para los puertorriqueños más necesitados. En su opinión, los funcionarios del gobierno pueden utilizarlo para ocultar el hecho de que "todos los que realmente lo necesitan no tienen ninguna ayuda".

"La administración necesita actualizarse. Necesitan recomponerse", agregó, y explicó que los medicamentos todavía escasean, y que la educación es menos accesible después de que el gobierno cerrase 280 escuelas. El proceso de recuperación será "a largo plazo", enfatizó Morales, a pesar de que mucha ayuda ya se ha acabado.

“Hay personas que viven sin techo, sin agua y sin electricidad. Este no es un país del tercer mundo. Somos estadounidenses, no somos ciudadanos de segunda clase ", dijo. "Pero así es como nos tratan".