La ciudad de San Antonio y tres organizaciones proderechos civiles interpusieron ayer noche una demanda contra el estado de Texas para que la Justicia impida la implementación de una polémica ley que prohibirá las "ciudades santuario" en el estado sureño.

Según el requerimiento judicial, presentado por el Fondo México Estadounidense para la Defensa Legal (MALDEF), la norma SB4 viola las enmiendas primera, cuarta y decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos, así como otras disposiciones constitucionales y estatutarias.

El MALDEF presentó la demanda ante un tribunal federal con sede en San Antonio en nombre de la ciudad, la Asociación de Chicanos en Educación Superior de Texas, el Proyecto de Defensa de Trabajadores y La Unión del Pueblo Entero (LUPE).

"Las violaciones constitucionales que conlleva esta ley son sustanciales y múltiples", aseguró en una conferencia telefónica el presidente de MALDEF, Thomas Saenz, que dijo que la nueva legislación provocaría prácticas "arbitrarias e incoherentes" de la aplicación de ley dentro de las ciudades y condados de Texas.

Esta reclamación llega casi tres semanas después de que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ratificase la ley estatal SB4, que prohibirá a partir del 1 de septiembre las "ciudades santuario" y permitirá a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida.

Esta disposición de la ley, alega el MALDEF en la demanda, resultará en discriminación racial y violará la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda porque los latinos y otras minorías estarán sujetos a detenciones discriminatorias.

La SB4, por otro lado, busca penalizar a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cooperar con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados y podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs texanos que estén al cargo de las oficinas que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Creemos que esta ley impide nuestra capacidad de trabajar con la comunidad para proporcionar seguridad pública, es discriminatoria e innecesariamente inhibe la capacidad de los funcionarios locales para articular y desarrollar políticas", apuntó hoy en un comunicado al respecto el jefe de Policía de San Antonio, William McManus.

San Antonio, la segunda ciudad más grande de Texas y la séptima del país, se convirtió así en la primera gran urbe del estado en interponer una demanda contra esa ley, después de que un pueblo fronterizo con México llamado El Cenizo y el condado de El Paso se querellaran por este motivo hace dos semanas.

Austin, la capital texana, se unirá mañana, viernes, al recurso presentado por San Antonio, según adelantó su concejal Greg Casar durante la conferencia telefónica. E