La denuncia de un informante dentro del Departamento de Inteligencia ha revolucionado la escena política estadounidense, al descubrirse una presunta y preocupante conversación entre Donald Trump y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky.

Después de que el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, presionara al director interino del Departamento a hacer entrega del documento de la denuncia, los detalles no han tardado en salir a la luz.

Trump habría instado a Volodymyr a investigar al hijo del vicepresidente y candidato presidencial Joe Biden por presunta corrupción a cambio de un paquete de 250 millones de dólares en asistencia militar previamente aprobados por el Congreso para ayudar a Ucrania en sus esfuerzos por contrarrestar la violenta intrusión de Rusia en Crimea.

Mientras todo se mantenía en el rango de especulación por falta de un documento oficial, el presidente Trump confirmó la naturaleza de la llamada, en lo que muchos han catalogado como un gesto de “self-impeachment”.

"La conversación que tuve fue en gran medida de felicitación, con corrupción en gran medida, toda la corrupción que tuvo lugar y en gran parte el hecho de que no queremos que nuestra gente como el vicepresidente Biden y su hijo alimenten la corrupción que ya existe en Ucrania", dijo el presidente a los periodistas antes de partir para un viaje a Texas y Ohio el pasado domingo.

Para la mayoría del partido demócrata, este es el mayor delito en una seguidilla de evidencias contra el presidente por corrupción, abuso de poder y obstrucción de la justicia que se han originado desde la publicación del informe Mueller a principios de año.

Sin embargo, el liderazgo demócrata, representado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, sigue oponiéndose a un procedimiento legal contra Donald Trump.

Desde la publicación del informe Mueller sobre la investigación de la injerencia rusa en los comicios del 2016, Nancy Pelosi ha insistido en que el impeachment no es la vía, asegurando siempre que la misión de la nueva mayoría demócrata en la Cámara siempre ha sido la de “legislar, investigar y litigar”.

Y son precisamente esas tres acciones lo que podría garantizar un juicio político contra Trump “a prueba de balas”.

La constitución de Estados Unidos no deja del todo claro el tipo de inmunidad de la que goza o no un presidente en el puesto pues, si bien explica que puede ser “removido” por “delitos y ofensas menores”, no explica si se puede llevar a cabo un juicio como tal en una corte.

Ejemplo de ello fue la decisión del abogado especial Robert Mueller de no acusar al presidente Trump por haber obstruido la justicia, a pesar de haber conseguido suficiente evidencia al respecto.

Mueller argumentaba que las políticas del Departamento de Justicia le impedían hacerlo.

Según reportaba Reuters a principios de año, el precedente más cercano al caso Trump fue el del escándalo Watergate en 1973 contra el presidente Richard Nixon, donde el Despacho de Asesoría Legal del Departamento de Justicia “adoptó en un memorando integral la posición de que un presidente en ejercicio no puede ser juzgado”.

Nixon eventualmente renunció en 1974 y la Cámara de Representantes pudo proceder a un juicio político.

Pero la situación que enfrentan Pelosi y sus colegas es más complicada.

El obstruccionismo de la Administración Trump a la hora de entregar la documentación necesaria, así como la de “blindar” a sus funcionarios – e incluso a quienes nunca han ocupado un puesto en la Casa Blanca – de declarar ante los Comités designados, bloquea el acceso a evidencia fundamental para llevar a cabo una acusación per se.

Si bien esto podía llevar a procedimientos de desacato, la investigación y obtención de todo el material necesario es lo más importante antes de tomar cualquier decisión legal respecto al presidente.

Pelosi, por su parte, ha ido un paso más allá.

El pasado viernes, la presidenta de la Cámara dijo en una entrevista con Ari Shapiro de NPR: “Creo que tendremos que aprobar algunas leyes que tendrán claridad para futuros presidentes. Un presidente debería ser acusado si ha cometido un delito, cualquier presidente”.

Pelosi hacía referencia entonces a la urgencia de resolver el vacío legal que deja la constitución con respecto al procedimiento contra un presidente en ejercicio.

Sin embargo, las declaraciones del día domingo del presidente Trump parecen haber dado el empujón que faltaba.

Según reportó Politico, Pelosi dedicó el fin de semana a “medir la temperatura” de su partido con respecto a la destitución del presidente, y organizó una reunión con los seis presidentes de los comités que investigan a Trump actualmente el martes por la tarde para “discutir los próximos pasos”.