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"Que no deporten a nuestros padres"

Seiscientos niños presentan demanda Tribunal Supremo de EEUU.

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 Los abogados de más de 600 niños estadounidenses presentaron hoy una demanda contra el presidente de EEUU, Barack Obama, para que suspenda las deportaciones de sus padres indocumentados hasta que se apruebe una reforma migratoria.

La acción judicial fue interpuesta en el Tribunal Supremo de EEUU por Nora Sandigo, de origen nicaragüense, quien es guardián ad-litem de los menores y directora ejecutiva de la Fraternidad Americana, una organización pro inmigrantes con sede en Miami.

"Los niños siguen sufriendo al ser separados de sus padres por culpa de las deportaciones y el Presidente puede suspenderlas. Para eso existen procedimientos legales", dijo a Efe Sandigo.

Uno de los procedimientos es precisamente elevar el caso ante el máximo tribunal del país y si éste lo aprueba, Obama puede pronunciarse sobre el asunto.

"Esta demanda no es porque estemos en su contra, sino para que pueda utilizar su autoridad para emitir una orden ejecutiva que frene las deportaciones", puntualizó la activista hispana.

Entre los menores demandantes está Cecia Sosa, de 12 años, cuya madre se encuentra en un centro de Inmigración en Pompano Beach, al norte de Miami, desde el 19 de diciembre del 2008.

Sosa anunció que está dispuesta a iniciar una huelga de hambre la próxima semana, como medida de presión para que liberen a su madre nicaragüense.

"A mí no me importa morir con tal de que saquen a mi mamá de ese centro", dijo una desesperada Sosa.

Katherie Ramírez, de 13 años, hizo un llamado a Obama para que evite la fragmentación de las familias hispanas tal como le sucedió a la suya cuando su madre fue deportada a Colombia en el 2007.

"Por favor, reunifique a las familias que la ley (de Inmigración) ha separado porque es duro que un padre no esté con uno", dijo Ramírez.

La niña ahora está solo con su padre y dos hermanos y clama el regreso de su madre: "para que la familia esté unida de nuevo".

Sandigo dijo estar esperanzada en que el presidente Obama atienda las solicitudes de los menores ya que "viene dispuesto a hacer grandes cambios sociales y esos cambios los queremos ver en la comunidad de inmigrantes".

Recordó que muchos inmigrantes legales de esa comunidad lo respaldó y ayudó con su voto a ganar la Presidencia del país.

Alfonso Oviedo-Reyes, presidente de la Fraternidad Americana y abogado pro bono que preparó la demanda, dijo que la deportación de los padres indocumentados de los demandantes implica una violación a los derechos civiles de los menores.

Antes de 1996, dejo el abogado, los menores con padres en esa situación tenían el derecho de que un tribunal suspendiera la deportación para que sus progenitores resolvieran su estatus migratorio si demostraban que estaban en el país más de siete años, tenían carácter moral y el sufrimiento de los niños por la ausencia de ellos.

"Ese derecho lo tuvieron por casi 40 años, pero con la reforma migratoria del 1996 se lo quitaron y no le dieron nada a cambio. El Congreso cerró todas las avenidas para obtener una residencia legal y por eso es que ha aumentado el número de inmigrantes indocumentados", aseveró Oviedo-Reyes.

Pero los niños no solo afrontan ese problema, tampoco pueden recurrir a los tribunales federales para interponer una demanda colectiva porque los congresistas también eliminaron la jurisdicción de esas cortes en acciones judiciales colectivas relacionadas con inmigración y la concentró sólo en el Tribunal Supremo.

Por ello, los abogados de los demandantes han solicitado, asimismo, a esa corte que "ignore" la disposición y ordene a los tribunales federales que acepten ese tipo de demanda.

Si logran que el Supremo autorice su petición, entonces pueden ampliar la demanda para que se sumen entre cuatro a cinco millones de menores a nivel nacional.

Una demanda similar fue presentada en el 2007 contra el ex presidente estadounidense George W. Bush, los Departamentos de Justicia, de Seguridad Nacional y la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero fue rechazada por el Tribunal Supremo. 

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