El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico arrancó su semana con una demanda que recibió de nueve fondos de inversión que poseen $3,75 mil millones en instrumentos de deuda de la isla. La medida judicial, presentada en la Corte Distrital de Estados Unidos de Puerto Rico este lunes busca detener la transferencia de fondos del BGF hacia otras instituciones financieras así como los pagos a acreedores selectos.
El documento apunta a preocupaciones de los tenedores de deuda ante la “precaria situación financiera” del GDB según evidenció el Comisionado de Instituciones Financieras. “Los activos del BGF siguen siendo ilegalmente y progresivamente disipados para apoyar acreedores específicos con el objetivo de ayudar a la Mancomunidad atribulada a cumplir con sus necesidades de liquidez,” reza el texto.
El miércoles, el Gobernador Alejandro García Padilla firmó una ley producida por la Cámara de Representantes de Puerto Rico quel incluye un moratorio en el pago de a deuda del BGF y otras instituciones financieras en problemas.
Según reporta el periódico local El Nuevo Día, la ley le confiere al Gobernador Padilla múltiples poderes para maniobrar alrededor de la crisis financiera, entre ellos la posibilidad de expropiar los bienes de compañías que se nieguen a prestar sus servicios al Gobierno durante una situación de emergencia. Algunas enmiendas al documento final serán discutidas el jueves por el cuerpo legislativo de la isla.
“El gobernador podrá tomar toda acción razonable y necesaria para continuar brindando los servicios públicos esenciales y proteger la salud, seguridad y el bienestar, incluyendo, sin limitación, expropiar derechos de propiedad,” asegura el proyecto de ley.
En el territorio continental, se están tomando pasos para crear una junta de revisión financiera que supervisaría los pasos dados por Puerto Rico para solventar su crisis financiera.
Un proyecto de ley, denominada la Acta de Estabilidad Económica, Supervisión y Manejo de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés, fue presentada la semana pasada por el comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. El texto legal esboza cómo operará la junta y cuáles serán sus responsabilidades.
Los gobernantes puertorriqueños deberán seguir las guías del cuerpo supervisorio.
Los miembros de la junta serán designados por el Presidente y tendrían poder de revisión sobre cualquier ayuda tributaria o presupuestaria para la isla. " Hoy el comité publicó un borrador de legislación que le proveerá a Puerto Rico herramientas para imponer disciplina sobre sus finanzas, cumplir con sus obligaciones y restaurar la confianza en sus instituciones", dijo el representante Bob Bishop (R-UT), jefe del comité. "El esquema fue desarrollado a través de una amplia colaboracion entre miembros del Congreso, el Departamento del Tesoro, una amplia selección de afectados desde lo económico, bursátil y de negocios, al igual que con participación de líderes electos puertorriqueños.
Aunque esta ley no cambia el hecho de que Puerto Rico no puede declararse en bancarrota, los líderes de la isla podrían reestructurar la deuda a través de las cortes si tiene permiso de la comisión y llega un acuerdo con los acreedores.
La respuesta en la isla no fue favorable. The New York Times reportó que muchos de los oficiales electos de Puerto Rico vieron la noticia como "vergonzosa y degradante". De hecho, la compararon a "las peores subyugaciónes coloniales".
La agencia de datos Morning Consult dijo ayer que cambios al texto estaban en proceso esta semana.