El Departamento de Justicia ha intervenido en un fallo reciente sobre una moción presentada contra un grupo de derecha que determinó que un grupo de individuos que vigilaban las urnas con equipo táctico y portando armas no era una forma de intimidación de los votantes y estaba dentro de sus derechos constitucionales. 

El fallo se produjo el viernes 28 de octubre, en el que un juez federal de Arizona designado por Trump, Michael T. Liburdi, se puso del lado de Clean Elections USA y su fundadora, Melody Jennings, en una moción presentada contra ellos por Voto Latino y la Alianza de Americanos Jubilados de Arizona (AARA).

El lunes 31 de octubre, la Fiscal General Adjunta para los Derechos Civiles, Kristen Clarke, se pronunció en contra de la sentencia en un escrito presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Phoenix. 

"La Primera Enmienda no protege el derecho de los individuos a reunirse para participar en la intimidación o coerción de los votantes", escribió Clarke. "Tampoco transforma una actividad ilegal para un individuo -la intimidación de votantes- en una actividad permisible simplemente porque varios individuos se han reunido para llevarla a cabo". 

Alegaron intimidación a los votantes en cinco ocasiones diferentes a lo largo de una semana cerca de los buzones del condado de Maricopa. El juez Liburdi dictaminó que el grupo de activistas no constituía una "verdadera amenaza" y no mostraba tácticas de intimidación, y añadió que su derecho a reunirse en espacios públicos está constitucionalmente protegido. 

Los demandantes también alegaron que las intenciones de quienes custodiaban las urnas era tratar de disuadir a las personas de votar mediante el acoso y las amenazas de violencia. Los dos grupos pedían una orden de alejamiento, ya que el grupo de personas que rodeaba las urnas también estaba supuestamente haciendo fotos y grabando vídeos de los votantes, los posibles votantes y las personas que les ayudaban.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito está sopesando actualmente la decisión de presentar o no una apelación de emergencia a la sentencia de Liburdi presentada por AARA y Voto Latino. El sábado 29 de octubre, un abogado de Clean Elections USA dijo que el grupo estaba buscando presentar una respuesta apresurada más tarde el lunes.

"Al igual que la negativa de un ciudadano a pagar impuestos no se convierte en discurso protegido porque intente expresar su desaprobación al IRS, fotografiar la matrícula de un votante no se convierte en discurso protegido siempre que el fotógrafo intente expresar su desaprobación al voto por ventanilla", escribió el DOJ. 

Las acusaciones "suscitan una grave preocupación por la intimidación de los votantes", escribió Clarke, y añadió que "los esfuerzos de vigilancia de las papeletas de voto" y "las campañas privadas para grabar en vídeo a los votantes" probablemente violan la Ley federal de Derechos de Voto. 

"Es más probable que las actividades de vigilancia electoral dirigidas por los ciudadanos pongan a los votantes en un temor razonable de acoso, intimidación, coerción o interferencia con sus derechos de voto", añadió el DOJ.

La presentación de Clarke se hizo en el marco de un caso paralelo en el que la Liga de Mujeres Votantes de Arizona presentó la semana pasada contra dos grupos también acusados de intimidación de los votantes y de vigilancia de los buzones, los Leones de la Libertad y Clean Elections USA, este último grupo en el caso de Voto Latino y AARA. 

El viernes, el demandante pidió al tribunal una orden judicial que sigue pendiente contra esos grupos para que detengan sus tácticas de intimidación y no sigan realizando esas actividades El día de las elecciones, el 8 de noviembre, y cuando la votación anticipada en todo el país está muy avanzada. 

El escrito del DOJ ataca una serie de puntos planteados por el juez, incluyendo la idea de que tomar fotos de los votantes, por ejemplo, está en la misma línea que usar el teléfono para filmar a los agentes de policía. También plantea comparaciones con hechos pasados de supuestos intentos de intimidar a los votantes. Uno de ellos es de 2004, en el que agentes de Dakota del Sur siguieron a votantes nativos americanos y registraron sus números de matrícula, pero un juez federal dictó una orden judicial en ese caso concreto. 

En el caso de la Liga de Mujeres Votantes, el 31 de octubre, el juez Liburdi desestimó a los Leones de la Libertad y a su organización matriz, el Equipo de Preparación del Condado de Yavapai, de la demanda inicial, después de que los líderes de la organización se comprometieran ante el tribunal a no seguir participando en más actividades de seguimiento.