El gobernador de Maryland, Martin O'Malley, reforzó la posición de que así como el estado está dispuesto a cooperar con las órdenes de detención de ICE, éstas necesitan cumplir con los requerimientos de la Cuarta Enmienda.

En una carta enviada el 27 de agosto a Gregg Hershberger, secretario de Seguridad Pública y Servicios Correccionales, el gobernador alude a las preguntas planteadas en relación con la capacidad de los organismos de corrección estatales y locales, para detener a personas en virtud  de las solicitudes de retención del Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), con respecto al cumplimiento de la Cuarta Enmienda.

"En respuesta a una solicitud de asesoramiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, la Oficina del Fiscal General de Maryland ha emitido un dictamen, que concluye que ‘si un oficial de la policía no tiene causa probable para extender custodia sobre una orden de detención de ICE, la continuación de dicha detención probablemente constituye una violación de la Cuarta Enmienda’", dijo O'Malley

"Usted debe consultar con un abogado de la Oficina del Fiscal General sobre el procedimiento por el cual las solicitudes de órdenes de detención de ICE son evaluadas para determinar sí cumplen con la Cuarta Enmienda", afirmó el gobernador.

En abril pasado, el gobernador O'Malley anunció una nueva política a partir de la cual el Centro de Detención de la ciudad de Baltimore debe escudriñar órdenes federales para mantener a inmigrantes detenidos por deportación, en lugar de conceder automáticamente estas solicitudes, según ThinkProgress.org

O'Malley anunció la nueva política después de que The Baltimore Sun reportó que el 40 por ciento de los inmigrantes deportados a través de Comunidades Seguras en Maryland, no contaban con antecedentes penales.

Ese mismo mes, el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, firmó una orden ejecutiva que puso fin al uso de órdenes judiciales que permitían a agentes de ICE verificar el estatus migratorio de  detenidos por un delito menor.

Hasta ahora estados como California y Connecticut, entre muchos otros, han aprobado leyes que prohíben a la policía colaborar con ICE, excepto en casos de delitos graves.

"Estamos muy orgullosos de el gobernador y de que se está asegurando que esto se trate sobre derechos civiles y que los derechos de cada persona sean respetados. Debido a que muchos aspectos recaen bajo el nivel federal, a veces tiene atadas las manos, por lo que ha tratado de poner en marcha políticas que realmente el pueda controlar y tener aun más voz cuando se trate de el Estado de Maryland ", dijo María Martínez, presidenta de la Comisión del Gobernador para Asuntos Hispanos.

Martínez cree que el gobernador O'Malley es uno el funcionarios de mayor rango haciendo eco  sobre el sentimiento con respecto a la constitucionalidad de órdenes de ICE. La Comisión del Gobernador para Asuntos Hispanos cuenta con 21 comisionados que prestan servicios en el Estado de Maryland.