En México, el Día de los Muertos – 2 de noviembre -  es un día para honrar a todos los difuntos. Y al decir “todos”, se incluyen tanto los que murieron hace centenares de años como los que fallecieron a causa de los dos fuertes terremotos que sacudieron el centro del país el pasado septiembre, cobrándose 471 muertos y dejando a más de 150,000 familias damnificadas.  

El seísmo del 7 de septiembre, de magnitud 8, afectó principalmente el estado de Oaxaca, donde murieron 80 personas. A lo largo de esta semana la población de este estado – en el que viven cerca de un millón de indígenas de 18 etnias diferentes - ha ido colocando sus ofrendas frente a las iglesias para recordar a las víctimas. Las ofrendas son las típicas de siempre: calaveras de azúcar, “pan de muerto” (hecho de clara de huevo, azúcar y harina) y ramos de flores cempasúchil color naranja.

Pero mientras la población se prepara para las celebraciones del Día de los Muertos, nadie olvida las protestas por lentitud en las tareas de reconstrucción tras el seísmo, o las cuestiones polémicas alrededor de si la corrupción inmobiliaria tuvo que ver con el derrumbe de varias escuelas y edificios.  El corresponsal de La Vanguardia Andy Robinson, paseando por Oaxaca, se plantea la siguiente cuestión: ¿impactarán los terremotos en las elecciones presidenciales de julio de 2008 de la misma manera que lo hizo el terremoto de 1985? (Tras el seísmo de 1985, la indignación popular acabó con la hegemonía del PRI en la capital).   

Aunque la cifra de fallecidos es mucho menor, el impacto político de los seísmos del 7 y 19 de setiembre pueden ser grande. En Oaxaca y Chiapas la población se queja de que los damnificados han recibido más ayuda de particulares o de organizaciones civiles, que del propio gobierno. La Vanguardia cita varios expertos que denuncian que el terremoto ha destapado la corrupción reinante, y que las autoridades acapararan la ayuda del gobierno y la distribuirán según sus intereses.

El diario español El Mundo también recordaba hace poco que un mes después de los seísmos, asociaciones civiles y vecinos de la capital mexicana han denunciado casos de corrupción urbanística que provocaron el colapso de edificios. Al menos 89 personas murieron debido a obras ilegales, según la Comisión de Vivienda de Ciudad de Mexico.