En sus primeros 100 días, el presidente Joe Biden no ha cumplido con una cuestión clave en materia de inmigración: acabar con los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro. 

Aunque el 29 de enero firmó una orden ejecutiva para poner fin a los contratos federales de prisiones privadas -una medida que en última instancia pondría fin a las prisiones privadas-, la orden no aborda las desigualdades raciales. Los centros de detención son una extensión de la crisis de encarcelamiento masivo, y especialmente durante la COVID-19, son tan peligrosos como las prisiones.

En respuesta, el representante Raúl Grijalva presentó un proyecto de ley para acabar con las prisiones con fines de lucro y los centros de detención de inmigrantes. En lugar de encarcelar a las familias por buscar asilo, el proyecto de ley restablecería los programas de gestión de casos familiares que tienen más éxito en guiar a las familias de forma segura y eficiente a través del proceso de asilo.

Hasta que este proyecto de ley avance en la Cámara, otros legisladores están llevando a cabo medidas legislativas similares. 

El jueves 29 de abril, el senador Jeff Merkley (demócrata de Oregón) y la representante Pramila Jayapal (demócrata de Washington), presidenta del Grupo Progresista, están tomando medidas para impedir que se siga gastando el dinero de los contribuyentes en cárceles para familias de inmigrantes, y poner fin a la detención de familias. 

El proyecto de ley complementario, conocido como Ley de Libertad para las Familias, ha sido respaldado por la Red Abolicionista de Liberación de la Familia, una red recién formada de organizaciones e individuos de todo el país que abogan por poner fin a la detención de familias. La coalición local Shut Down Berks, organización que lleva meses abogando por el fin de la detención de inmigrantes y familias en Pensilvania, forma parte de la red.

El proyecto de ley garantizaría que no se gasten dólares federales en operaciones o en la construcción de familias de detención, y eliminaría gradualmente los centros de detención familiar en un plazo de 30 días.

Según el resumen del proyecto de ley, transferiría fondos que actualmente se utilizan para operar centros de detención familiar para financiar programas de no detención basados en la comunidad, como el Programa de Gestión de Casos Familiares detenido por la administración Trump. 

En enero, durante una mesa redonda virtual para reintroducir la Resolución de la Hoja de Ruta hacia la Libertad, un proyecto de ley para desarrollar un proceso de inmigración más equitativo, la diputada Jayapal dijo que debido a que la nación criminaliza a los inmigrantes y ve la migración a través de una lente de justicia penal, este tipo de centros de detención privados debe terminar. 

"Pero primero hay que reducir el número de personas que están siendo detenidas, y luego poner en marcha las alternativas. Así es como lo prevemos, pero para ello es necesario reformar completamente las políticas de inmigración", dijo.

En sus primeros 100 días, el gobierno de Biden ha propuesto poner fin a la detención prolongada de los inmigrantes, pero no se ha anunciado ninguna inversión en sistemas de gestión de casos para procesar a los inmigrantes fuera de los centros de detención. 

En su estado actual, estos centros son similares al sistema penitenciario. No del todo, pero sí en la forma en que se aloja a los migrantes en espacios reducidos, lo que contribuye a aumentar las tasas de infección por COVID-19, que se ha comprobado que son peores que las de las cárceles.

Un estudio reciente del New York Times reveló que los centros de detención del ICE tenían una tasa de infección media cinco veces superior a la de las prisiones y 20 veces superior a la de la población general.

Dice que esto se debe a una serie de razones. 

Los centros de detención del ICE cuentan con escasas protecciones para prevenir enfermedades, debido a situaciones que van desde el aumento de las infracciones sanitarias hasta la escasa aplicación de las medidas de seguridad del CDC y la falta de pruebas de COVID-19. 

Un estudio "Behind Bars" de la UCLA también descubrió que esa afluencia de casos en los centros de detención contribuye a un efecto dominó en las comunidades circundantes.

Son algunas de las muchas razones por las que la diputada Jayapal y el senador Merkley están llevando a cabo la Ley de Libertad para las Familias. 

"Sencillamente, no hay necesidad de detener a las familias. Debemos poner fin a esta práctica para siempre e invertir en alternativas basadas en la comunidad", dijo la representante Jayapal al presentar el proyecto de ley, y añadió que seguirá trabajando para "reducir la dependencia de nuestra nación de la detención de inmigrantes, y continuar el trabajo necesario para eliminar el uso de centros de detención privados, derogar la detención obligatoria y transformar todo el sistema de inmigración en uno humano que proteja los derechos, la dignidad y el bienestar de todos."