Desde el final de sus primeros 100 días, los defensores de los derechos humanos han pedido al presidente Joe Biden que cumpla con la cuestión clave de la inmigración de poner fin a los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro. 

Todavía no lo ha hecho. 

Durante su campaña, prometió acabar con los centros de inmigración con ánimo de lucro y, como presidente, Biden ha ordenado al Departamento de Justicia (DOJ) que ponga fin a sus contratos privados con las prisiones federales.

Sin embargo, no amplió la directiva para incluir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Aunque el 29 de enero firmó una orden ejecutiva para poner fin a los contratos federales con las prisiones privadas -una medida que, en última instancia, pondría fin a las prisiones privadas-, la orden se quedó corta a la hora de ser eficaz y de abordar las desigualdades raciales. 

Los centros de detención, en la forma en que funcionan actualmente, son una extensión de la crisis de encarcelamiento masivo en los EE.UU., y especialmente durante COVID-19, los riesgos para la salud también fueron expuestos.  

En respuesta a las medidas discutibles del presidente, varios legisladores han presentado leyes o han defendido iniciativas ya existentes para poner fin a la detención con fines de lucro. 

En febrero, el representante Raúl Grijalva presentó un proyecto de ley para poner fin a las prisiones y centros de detención con fines de lucro. En lugar de encarcelar a las familias que solicitan asilo, el proyecto de ley restablecería los programas de gestión de casos familiares que tienen más éxito a la hora de guiar a las familias de forma segura y eficiente a través del proceso de asilo.

Eliminaría gradualmente los contratos con prisiones privadas y ordenaría al Departamento de Justicia que se negara a renovarlos. También pondría fin a los contratos con empresas privadas para otras organizaciones de la justicia penal, incluidos los centros de reinserción social, los programas de reincorporación y los centros de tratamiento comunitario. 

"La industria penitenciaria privada con fines de lucro ha alimentado una crisis de encarcelamiento masivo que impacta desproporcionadamente a los inmigrantes y las comunidades de color. Presenté la Ley #JusticeIsNotForSale para prohibir las prisiones privadas y poner fin a la detención familiar de inmigrantes", escribió Grijalva en ese momento. 

Luego, en abril, los demócratas progresistas presentaron la Ley de Libertad para las Familias, que garantizaría que no se gasten dólares federales en operaciones o en la construcción de familias de detención, y eliminaría gradualmente los centros de detención familiar en un plazo de 30 días.

Según el resumen del proyecto de ley, transferiría los fondos que actualmente se utilizan para operar los centros de detención familiar para financiar programas de no detención basados en la comunidad, como el Programa de Gestión de Casos Familiares, detenido por la administración Trump.

Hasta ahora, poco ha sucedido. 

Es por eso que las iniciativas independientes se están extendiendo por todo el país, desde la Coalición Shut Down Berks, hasta las más recientes manifestaciones en Pasadena, California.

Allí, los manifestantes exigen que el gobierno cierre las prisiones privadas del estado. En concreto, una prisión privada operada por las autoridades de inmigración que ha sido objeto de escrutinio por las violaciones supuestamente cometidas contra los reclusos. 

Es parte de una batalla legal en curso entre los funcionarios estatales y las autoridades federales de inmigración sobre una ley de California que prohíbe las instalaciones de inmigración de gestión privada.

La AB 32 de California es una ley de 2019 que elimina gradualmente el uso de prisiones privadas y centros de detención de inmigrantes con fines de lucro para 2028. Un tribunal de distrito confirmó la ley en octubre, lo que llevó al gobierno federal bajo la administración Trump a apelar la decisión ante el Noveno Circuito.

La legislación obligaría a cerrar los siete centros de detención de inmigrantes operados de forma privada en toda California, y afectaría hasta a 7.400 personas. El Grupo GEO que opera cinco de esas instalaciones perdería miles de millones de dólares si la ley avanza.

El Congreso nunca ha autorizado al ICE a subcontratar las funciones de detención a empresas penitenciarias privadas, y es esta falta de autorización la que ha sido objeto de críticas a través de iniciativas como la AB 32. 

Recientemente, la congresista de California, Norma Torres, unió fuerzas con el representante Grijalva en una carta en la que insta al fiscal general Merrick Garland a sacar la impugnación de la era Trump contra la AB32. 

"Lucrar con el cautiverio humano es inmoral & traiciona nuestros valores como nación. @RepRaulGrijalva y yo lideramos una carta instando al AG Garland a retirar un desafío de la era Trump @TheJusticeDept contra la AB32 de CA, un proyecto de ley para prohibir las prisiones privadas.Es hora de retirar la demanda", escribió Torres en Twitter.

Animaron a 24 legisladores a enviar una carta a AG Garland, instándolo a considerar la posibilidad de abandonar el desafío legal contra People not Profit.

Los legisladores señalan que continuar con la apelación en curso pone al Departamento de Justicia obstaculiza el objetivo declarado de Biden de garantizar que el gobierno federal no utilice instalaciones privadas para el encarcelamiento.

Los legisladores emitieron las siguientes declaraciones:

“El Estado de California tiene todo el derecho de cortar los lazos con esta industria aborrecible, pero la Administración Trump presentó una demanda para obstaculizar esos esfuerzos. Es hora de que el Fiscal General Garland se retire de esta demanda que traiciona nuestros valores como nación y socava la voluntad de la población del Estado Dorado”, escribió Torres en un comunicado.

"Me enorgullece dirigirle esta semana una carta junto al congresista Grijalva y mis colegas del Congreso instándolo a hacer exactamente eso, y espero una pronta respuesta del Fiscal General", continuó.

Grijalva, quien ha estado trabajando en iniciativas para combatir el encarcelamiento masivo en su estado natal de Arizona, compartió su opinión sobre la batalla legal de California.

“No podemos permitir que los dólares de los contribuyentes financien abusos tan desenfrenados. El encarcelamiento masivo destruye vidas y desgarra familias y comunidades, y la industria de las prisiones privadas es una fuerza impulsora detrás de la crisis del encarcelamiento masivo que afecta desproporcionadamente a los inmigrantes y las comunidades de color en nuestro país ”, dijo.

Ambos legisladores instaron a Biden a cumplir también su promesa de seguir adelante con el fin del encarcelamiento masivo.