Casi 450.000 personas han muerto desde el inicio de la epidemia de opioides, y muchas de esas muertes están relacionadas con los medicamentos recetados, según los CDC. 

Cuatro empresas que fueron protagonistas de la crisis han acordado pagar un total de 26.000 millones de dólares para resolver una avalancha de demandas y reclamaciones sobre su papel, pero planean deducir una parte de estos acuerdos de sus impuestos, lo que podría ahorrarles una suma combinada de 4.000 millones de dólares. 

El Washington Post fue el primero en informar de que las declaraciones públicas de AmerisourceBergen, Cardinal Health, Johnson & Johnson y McKesson muestran que todas ellas planean deducir los futuros pagos por opioides como "pérdidas operativas", lo que significa que pagarían mucho menos en impuestos de sociedades.

Esto se traduce en un ahorro de 1.000 millones de dólares para cada una, pero los críticos de la Cámara de Representantes, como el diputado Jimmy Gómez (demócrata de California), dicen que puede haber incluso una oportunidad para más. 

El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes envió cartas a las cuatro empresas farmacéuticas para que dieran detalles sobre las deducciones fiscales, en particular sobre un posible uso indebido de las disposiciones fiscales de la Ley CARES de 2020, el paquete de rescate creado para ayudar a las empresas en dificultades durante la pandemia.  

Los miembros de la Cámara argumentan que Cardinal Health está tratando de explotar la Ley CARES, a pesar de estar en condiciones fiscales durante la pandemia, para cobrar un reembolso en efectivo de 974 millones de dólares por las pérdidas en las que incurre en el acuerdo legal.

La cosa no acaba ahí: AmerisourceBergen va a recuperar 1.100 millones de dólares, Johnson & Johnson 1.100 millones y McKesson 1.400 millones, según la carta de los demócratas de Supervisión. 

En una declaración por correo electrónico a NPR, un portavoz de Cardinal dijo que el plan para hacer uso de la disposición fiscal de la Ley CARES cumple con "la ley federal actual", una laguna jurídica, en cierto sentido, que les permite "recuperar los impuestos federales pagados anteriormente".

"Sería un error que dedujera los pagos de los acuerdos sobre opioides en virtud de una disposición de la Ley CARES destinada a ayudar a las empresas que están luchando durante la pandemia de coronavirus. El pueblo estadounidense no debe estar en el gancho para cientos de millones de dólares para el papel de su empresa en el fomento de la crisis de los opioides", escribieron los miembros del Comité de la Cámara.

La presidenta Maloney, junto con Gómez y el representante Mark DeSaulinier, siguen diciendo que cualquier intento de las empresas de reducir sus costes de liquidación aprovechando la Ley CARES es un "insulto" a todas las comunidades que sufren la crisis de los opioides y la pandemia. 

"Nunca pensé que se llegaría al punto en el que tratarían de eludir su responsabilidad de pagar... por una crisis de opioides que ellos mismos causaron", dijo el representante Gómez a NPR.

"Los fondos de la #CARESAct estaban destinados a ayudar a las empresas en dificultades de todos los tamaños a superar esta crisis. Pero ahora algunas compañías farmacéuticas están tratando de usarlo para evadir sus obligaciones fiscales por la #CrisisOpioide que ayudaron a alimentar". @RepMaloney, @RepDeSaulnier y yo estamos luchando para detener eso", llegó a escribir en Twitter.

Los tres representantes piden que las empresas proporcionen documentos que indiquen que AmerisourceBergen se comprometerá a dejar de beneficiarse de la Ley CARES, así como una lista de empleados actuales y anteriores que hayan sido sancionados o despedidos en relación con la venta de opioides.

Los representantes también piden información sobre si AmerisourceBergen ha puesto en marcha suficientes programas contra la desviación y, por último, solicitan pruebas de la transparencia de la empresa con el público en relación con sus litigios sobre opioides.