El jueves 18 de febrero, Carolina del Sur aprobó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado. 

La Ley de Protección contra el Aborto y el Latido del Feto de Carolina del Sur, o Proyecto de Ley del Senado 1, impedirá que una persona pueda abortar a partir de las seis semanas de embarazo, es decir, unas dos semanas después de la falta de menstruación. 

En ese momento la mayoría de las personas ni siquiera saben que están embarazadas. 

La ley obligará a los médicos a realizar ecografías para comprobar si hay latidos en el feto. Si se detecta un latido, sólo se podrá abortar si el embarazo es resultado de una agresión sexual o incesto, o si la vida de la madre está en peligro. 

La medida no castigaría a una mujer embarazada por practicarse un aborto ilegal, pero el profesional sanitario que realizara el procedimiento podría ser acusado como delincuente, enfrentándose a un máximo de dos años de prisión y a una multa de 10.000 dólares si es declarado culpable. 

Hace cuatro años, el gobernador republicano del estado, Henry McMaster, intentó aprobar una ley similar, pero Planned Parenthood la demandó inmediatamente, impidiendo que la nueva ley entrara en vigor. Desde entonces, una de las principales prioridades de McMaster ha sido introducir y aplicar una nueva legislación antiabortista.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 79 votos a favor y 35 en contra el miércoles 17 de febrero, tras horas de emotivos monólogos de políticos de ambos lados del espectro. La medida fue aprobada oficialmente el jueves. 

Momentos después de la votación final Planned Parenthood anunció que volvía a presentar una demanda. 

Para muchos legisladores la decisión fue digna de celebración. 

Justo después de que el gobernador firmara el proyecto de ley, un grupo de legisladores y miembros del público, se pusieron hombro con hombro cantando las palabras "Alabado sea Dios" al son de la canción Amazing Grace.

Pero Jenny Black, presidenta y directora general de Planned Parenthood South Atlantic, no ve el nuevo proyecto de ley como una victoria. Más bien la considera "descaradamente inconstitucional". 

Black explicó que los partidarios de estas leyes restrictivas del aborto están tratando de llevar el asunto ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que los tres jueces nombrados por el ex presidente Donald Trump anulen la decisión de 1973 que apoya el derecho al aborto, Roe contra Wade.

La decisión hizo legal el aborto hasta que un feto es viable fuera del útero, meses después de que el latido del corazón sea detectable. 

Black también señaló que Carolina del Sur tiene algunas de las disparidades sanitarias más pronunciadas del país, ya que las mujeres negras mueren a un ritmo cuatro veces mayor que las blancas después de dar a luz. 

"Si los políticos de Carolina del Sur se preocuparan realmente por la calidad de vida de las mujeres y los niños, se pondrían a trabajar para acelerar la implantación de la vacuna, ampliar Medicaid y abordar las tasas peligrosamente altas de mortalidad materna y mortalidad infantil en el estado", dijo Black. 

La Dra. Katherine Farris, jefa médica de Planned Parenthood South Atlantic, insistió en que las decisiones importantes en materia de atención sanitaria, como el aborto, deben quedar en manos de las personas, sus familias y sus proveedores médicos de confianza, y no de los políticos. 

"La prohibición del aborto perjudica de forma desproporcionada a quienes ya tienen menos acceso a una atención sanitaria de calidad, como las personas con bajos ingresos, las personas de color, las personas LGBTQ y las que viven en zonas rurales. Si se permite que esta ley entre en vigor, supondrá una grave amenaza para la salud y la autonomía corporal de los habitantes de Carolina del Sur", dijo Farris. 

A partir de las 2:20 p.m. del 19 de febrero, un juez ha bloqueado temporalmente la entrada en vigor de la prohibición de Carolina del Sur. Planned Parenthood del Atlántico Sur tuiteó la noticia: 

"El aborto es legal en Carolina del Sur. Nunca dejaremos de luchar".