La congresista estadounidense Gabrielle Giffords, que recibió un disparo
en la cabeza en el tiroteo de Tucson, es una defensora de la tenencia
de armas como una "tradición de Arizona" y ha rechazado en varias
ocasiones limitar la Segunda Enmienda, que protege este derecho.

"Como propietaria de armas desde hace tiempo, creo que el derecho de
guardar y llevar armas no debería depender de la ciudad en la que se
vive", dijo Giffords en 2008, al explicar su voto en contra de una ley
para prohibir la tenencia de armas en Washington DC.

La
masacre de Tucson pone de relieve no sólo la facilidad de acceso a las
armas por parte de los ciudadanos de EEUU, sino también la falta de
comprobación por las autoridades de los historiales sobre la salud
mental de los compradores.

El tiroteo ha reabierto una vez más
la polémica, tras conocerse el historial clínico de Jared Lee Loughner,
el joven de 22 años que el pasado sábado irrumpió en un acto de la
congresista demócrata y abrió fuego contra los asistentes.

El
tiroteo acabó con las vidas de seis personas e hirió a otras catorce,
entre ellas Giffords, hospitalizada en estado crítico pero estable
después de que una bala le traspasara el cráneo.

Loughner
había sido expulsado en otoño de 2010 de la Universidad de Pima County
por supuestos problemas mentales y para ser readmitido se le exigió un
certificado médico en el que se asegurase que su presencia no suponía un
peligro para él ni para sus compañeros.

Sin embargo, ese
mismo documento no se le pidió cuando compró el pasado año un revólver
semiautomático Glock de 9 milímetros en una tienda a las afueras de la
localidad de Tucson, donde residía.

Previamente, Loughner
había intentado alistarse en el Ejército de EEUU, aunque su solicitud
fue desestimada por dar positivo en un control de drogas.

En
EEUU, cualquier ciudadano puede comprar un arma, excepto si se demuestra
que puede ser un peligro para sí mismo o para los otros, según la Ley
Federal de 1968.

En 1993, se introdujo una enmienda a la ley,
conocida como la ley James Brady, por el secretario de prensa tiroteado
durante un intento de asesinato del entonces presidente Ronald Reagan en
1981, que incluía el requisito de realizar comprobaciones sobre el
pasado clínico del comprador.

Sin embargo, en la práctica, las
autoridades estatales de EEUU no están obligados a entregar este tipo
de información y sólo 22 de los 50 estados lo hacen voluntariamente, por
lo que en muchas ocasiones estos informes pasan desapercibidos.

Tras la masacre de 2007 en la Universidad de Virginia Tech, donde un
joven de 23 años con un historial de problemas mentales mató a 32
personas e hirió a otras 25 antes de quitarse la vida, el Gobierno de
EEUU intentó de nuevo motivar a los estados para que comunicaran los
informes a las autoridades federales.

Según datos del Sistema
Nacional de Revisión de Historial Criminales Instantáneo (NICS, por sus
siglas en inglés), Arizona envió 4.465 historiales entre 2008 y octubre
de 2010 frente a los cerca de 121.700 que se calculan que deberían haber
sido entregados.

Varios políticos como Rand Paul, senador
republicano por Kentucky, ya han desestimado que lo ocurrido en Tucson
pueda llevar a modificar la legislación federal sobre la tenencia de
armas.

"Las armas no matan gente; es el individuo quien mata a
esas personas", indicó Paul, quien vinculó lo sucedido en Tucson a un
"individuo muy enfermo".

La Segunda Enmienda de la
Constitución consagra el derecho de los estadounidenses a la tenencia de
armas y el Tribunal Supremo siempre ha sentenciado a favor de este
derecho contra los intentos de algunos estados y ciudades por limitarlo.

Se trata de un debate que tanto demócratas como republicanos evitan
agitar, ya que es uno de los temas que más divide a la sociedad y el
ámbito jurídico en Estados Unidos.

Además, los dos principales
partidos políticos reciben cuantiosas contribuciones económicas por
parte de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), uno de los
principales lobbys a favor de la tenencia de armas en EEUU.

Según las estadísticas oficiales, se calcula que unos 90 millones de
estadounidenses tienen alrededor de 200 millones de armas.